Pese a que presentó cientos de denuncias de fraude electoral, la candidata a la presidencia de Perú por el partido derechista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no fue capaz de probarlas.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que analizó esas impugnaciones contra los resultados que le dieron la victoria a Pedro Castillo el 6 de junio, publicó el martes sus últimos fallos al respecto y concluyó que esas denuncias no tenían fundamento. De acuerdo a la entidad electoral, en ningún caso se constató que en los circuitos de votación denunciados se hubiera cometido fraude.
Si bien todavía quedan pendientes algunos pasos administrativos y hay instancias en las que se pueden presentar más apelaciones –por errores de formas en las actas, pero no por asuntos de fondo–, el proceso electoral se encamina a la proclamación del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, como presidente electo.
El JNE considera que incluso si hubiera apelaciones, el martes 20 podría estar lista el acta electoral con la proclamación de resultados, dijo a la Agencia Andina la asesora de esa autoridad electoral Alexandra Marallano. De acuerdo a la funcionaria, “el sábado o domingo” se van a proclamar los resultados “a nivel del JNE”, y dijo que se espera que “el martes de la próxima semana se tenga el acta general de proclamación ya consentida”. Según los resultados oficiales, en el balotaje del 6 de junio Castillo logró una ventaja de 44.263 votos, con un total de 8.826.380, frente a los 8.793.117 de Fujimori.
La única duda que surgió en el JNE al analizar los recursos presentados por la candidata de Fuerza Popular refiere a si los peritos grafotécnicos que hizo el partido en el marco de la denuncia constituyen algún delito, informó el diario peruano La República. Por ese motivo, el jurado decidió trasladar esos expedientes a la Fiscalía.
Por otra parte, de acuerdo al mismo medio, la fiscal penal de Lima Ana María Santiago está investigando a Fujimori y a la representante legal de su partido, Milagros Takayama.
La acción de la Fiscalía responde a una denuncia presentada por dos abogados, Pavel Tapia, militante del partido de Castillo, Perú Libre, y José Luis Saavedra, que acusan a Fujimori y Takayama de actuar contra el derecho al sufragio al perturbar e impedir la tarea de la Justicia electoral. También responsabilizan a ambas de delitos contra la “función jurisdiccional en la modalidad de falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude procesal, y delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica, en agravio del Estado peruano” y el JNE.
El objetivo de Fuerza Popular con las impugnaciones era anular 200.000 votos de zonas rurales en las que Castillo se impuso en forma contundente. Fujimori insiste en que existió un “fraude sistemático” en su contra y se niega a aceptar la victoria de su rival.
En su reclamo no está sola. El fiscal Víctor Rodríguez Monteza, que representa al Ministerio Público y que se inclinaba a darle una respuesta favorable a las denuncias de Fuerza Popular, demoró en firmar el pronunciamiento del JNE, dilatando así la proclamación de las resoluciones. También se puso del lado de Fujimori el escritor Mario Vargas Llosa, que había apoyado a la candidata, insiste en poner en duda los resultados de las elecciones y el sábado acusó al gobierno que encabeza Francisco Sagasti de haber “tomado partido” por Castillo. Vargas Llosa –que se postuló a la presidencia de Perú en 1990 y fue derrotado por el padre de Keiko, Alberto Fujimori– llegó a decir que en su país está en marcha “una lucha entre la libertad democrática y el totalitarismo, el marxismo-leninismo encarnado en Venezuela, donde el señor [Vladimir] Cerrón [que fue presidente del partido Perú Libre] ha estado muchas veces y desde donde tengo la impresión, pero no podría probarlo, que se ha dirigido la elección peruana”, y agregó: “Si este candidato sube a la presidencia, la catástrofe que van a soportar todos los peruanos será inconmensurable y tendrá mucho que ver con la que vive Venezuela”.
A su vez, el presidente Sagasti reiteró en declaraciones al diario El Comercio que en el marco de las elecciones “todo se ha ceñido a las reglas establecidas. Las misiones de observación internacional, todas, han indicado que el proceso no ha sido fuera de lugar, que haya contravenido las normas que se requiere para elegir un gobernante de manera transparente y honesta”.
Mientras tanto, Castillo mantiene reuniones con distintos sectores, trabaja en la formación de su futuro gabinete y se prepara para asumir la presidencia el 28 de julio, día en que se conmemorarán 200 años de la declaración de independencia del país.