La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc Uruguay) emitió un comunicado en el que asegura que si se mantienen los artículos de la Rendición de Cuentas relacionados con la adjudicación de frecuencias el gobierno nacional borraría “de un plumazo más de 40% de las adjudicaciones a radios comunitarias, lo que significa una grave violación a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación e información de la sociedad uruguaya”.
La delegación uruguaya de la Amarc fue recibida el 30 de julio por los legisladores que estudian la Rendición de Cuentas, y en su exposición detalla por qué deberían eliminarse los artículos 147 a 150 del proyecto de ley. La Ley de Radiodifusión Comunitaria, 18.232, prevé dos modalidades de adjudicación: una de uso exclusivo de frecuencias y otra de uso compartido; en este caso la adjudicación la realiza el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
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En el sistema de radios pueden participar asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica o grupos de personas organizadas también sin fines de lucro, pero sin carácter de asociación civil. Estos últimos sólo pueden acceder a frecuencias de uso compartido.
De aprobarse la Rendición de Cuentas tal cual fue redactada, el uso de los espacios compartidos podrá autorizarse “por el plazo máximo de un año, prorrogable por una única vez por el mismo período”, por lo que se quita la posibilidad de solicitar más de una prórroga, algo que actualmente es posible. A quienes se encuentren emitiendo actualmente en este tipo de frecuencias se les otorgará un “plazo improrrogable de dos años” y “transcurrido dicho plazo deberán cesar las emisiones”.
Para la Amarc este cambio “cercena particularmente el derecho de la población del interior del país, donde se encuentra el 90% de las radios con frecuencias compartidas. Borra de un plumazo a radios que tienen 20 años transmitiendo, y que por la realidad de sus comunidades no es posible sostener las exigencias de una personería jurídica o el uso completo de una frecuencia, y que en la práctica cumplen un rol fundamental para su población, siendo en muchos casos la única radio que tienen”.
La asociación apunta en particular contra el titular de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), Guzmán Acosta y Lara, por sus dichos al semanario Búsqueda este jueves, en donde afirma que “desde hace tiempo Dinatel está en conocimiento de que muchas radios comunitarias no cumplen con la legislación vigente y se encuentran en situación irregular”, por lo que se pretende darles “un último changüí para que se pongan al día”.
La Amarc rechaza estas declaraciones que “intentan amedrentar al sector”, por “infundadas y porque no se requiere ningún changüí, sino procesos claros y transparentes en la administración de todas las frecuencias”.
Remata el comunicado afirmando que “el derecho a la comunicación y la libertad de expresión no pueden ser manejados con otorgamientos de changüís o premios de los gobiernos de turno, como mencionó Acosta y Lara, sino con políticas claras y transparentes, que garanticen el debido proceso en la concesión de un bien finito como son las frecuencias radioeléctricas, donde los estados son sólo administradores de las mismas y no sus dueños”.