El aumento en el precio de los combustibles anunciado el viernes y puesto en marcha a partir del sábado causó molestia en el agro. El movimiento Un Solo Uruguay (USU) anunció una asamblea de delegados para el sábado a efectos de diagramar un plan de acción para protestar por los últimos aumentos, mientras que la Federación Rural y las gremiales de productores lácteos y arroceros emitieron un comunicado conjunto para expresar su disconformidad con la nueva suba. No obstante, el ministro de Industria, Omar Paganini, defendió el mecanismo de ajustar las tarifas mensualmente en base al precio de paridad de importación (PPI).

Marcelo Nougué, dirigente y vocero de USU, dijo a la diaria que el movimiento está “totalmente en desacuerdo con esta suba” porque será “un mazazo para toda la economía” y “no sólo para los sectores productivos”, ya que “va a pegar muy duro a nivel de inflación”. A su vez, dijo que “se sigue sacando competitividad a todo lo que es la cadena productiva”, por tanto “va a complicar mucho la recuperación del empleo”.

El dirigente de USU señaló que la suba fue “muy por encima incluso de lo que se había votado en la ley de urgente consideración [LUC]”. Esto refiere a que el aumento superó las recomendaciones de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea). El gobierno señaló que la suba no se debe únicamente al aumento del petróleo en el mercado internacional, sino que también responde a que se definió trasladar a los precios a partir de agosto los “sobrecostos” que paga Ancap.

“En la medida en que no se ataquen los problemas internos de Ancap y sus ineficiencias y sobrecostos, vamos a seguir teniendo combustibles totalmente fuera de los precios internacionales”, dijo Nougué. En este sentido, manifestó que “la disconformidad es absoluta” y por este motivo USU convocó para el sábado una asamblea de delegados a realizarse en el departamento de Durazno. “Parece que nadie se quiere meter con los problemas de Ancap, porque se ve que tiene un alto costo político”, sentenció el vocero de USU.

En tanto, el comunicado de la Federación Rural, la Asociación Nacional de Productores de Leche y la Asociación de Cultivadores de Arroz indica el rechazo de las tres organizaciones al nuevo aumento dispuesto por el gobierno. “Queda de manifiesto que la nueva metodología de cálculo del precio de los combustibles no asegura a los sectores productivos un precio competitivo y no refleja las condiciones de competencia manteniendo el monopolio”, expresaron. Además, las organizaciones añadieron que el nuevo método creado a partir de la LUC “sigue dando al Poder Ejecutivo posibilidades de fijación de precios arbitrarios con fines recaudatorios”.

“Sacar los sobrecostos” de Ancap

En diálogo con la diaria, el presidente de la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu), Daniel Añón, manifestó que la organización esperaba el aumento por PPI y también estaba al tanto de la “cantidad de costos que tiene Ancap” que van más allá del precio del petróleo. No obstante, “sorprendió un poco” el monto del aumento anunciado. “No teníamos idea que fuera a pasar esto porque de subir casi dos pesos a subir cinco hay una diferencia”, apuntó.

“Espero que de acá en adelante el gobierno trate de sacar esos sobrecostos”, dijo Añón y se refirió específicamente a dos incluidos en el precio del gasoil: el “fideicomiso del boleto” que subsidia con parte del precio del gasoil a las empresas de transporte colectivo, y “la mezcla con el biodiésel”, que tiene un objetivo medioambiental pero se discute en la Rendición de Cuentas su quita en busca de incidir a la baja en el precio del combustible que utiliza el sector productivo). También apuntó contra el subsidio del supergás y la pérdida de Ancap por la producción de pórtland, que hace años se mantiene. Añón resumió que la petrolera estatal “tiene unos sobrecostos que va a tener que sacarlos” para que el precio de los combustibles se fije “realmente” por el PPI.

Se analiza cambiar a ajustes bimestrales

la diaria consultó al subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Walter Verri, quien manifestó que “se está evaluando” comenzar a hacer ajustes bimestrales en vez de cada 30 días, sistema que se utiliza actualmente y que el propio jerarca reconoció que puede generar molestias. Dijo que la normativa permite hacer ajustes cada 60 días y señaló que “es una posibilidad cierta”.

Por su parte, el titular del MIEM, Omar Paganini, argumentó el sábado en diálogo con Subrayado que el PPI “depende fundamentalmente del precio del petróleo” y este “desde noviembre viene subiendo en forma ininterrumpida”, motivo por el que se dieron las últimas subas. Defendió que se trata de “un sistema [de ajuste] que es transparente, y eso es lo más importante para todos”. “Si tenemos estos precios de combustibles es porque estos son los costos”, señaló.

En un tramo de la entrevista, el jerarca ahondó en el subsidio al supergás, uno de los “sobrecostos” identificados, y dijo que en una “transición razonable” se diseñará “un sistema” que permita aumentar el precio de venta de este producto a las personas de mayores ingresos. “Que se quede tranquila la ciudadanía que falta bastante”, dijo, aunque luego señaló que “va a ser en esta administración”.

“Promesas que no se pueden hacer”

El economista Javier de Haedo, que asesoró en materia económica en la última campaña al Partido de la Gente y ocupó previamente cargos por el Partido Nacional, se refirió en Twitter a los dichos de Luis Lacalle Pou cuando era candidato a la presidencia sobre que no iban a aumentar las tarifas públicas: “Hay promesas que en campaña electoral no se pueden hacer. Y hay instrumentos cuyo uso no se puede amputar. ¿Lo habrán aprendido esta vez?”. Por su parte, el economista Aldo Lema respondió a ese comentario: “Y menos aún se pueden hacer promesas sobre variables que están mayoritariamente determinadas por factores exógenos [no controlables], como los precios internacionales del petróleo”.

Mientras tanto, el intendente de Regulación Financiera del Banco Central del Uruguay, José Licandro, defendió vía Twitter el método para ajustar las tarifas de combustible. “Ya no se podrá manipular el precio, sea para recaudar impuestos sin pasar por el Parlamento, sea para tratar de tapar en el IPC [índice de precios al consumo] lo que no haga bien la política monetaria, como antes”, expresó y luego añadió que “esto es mucho mejor que lo que teníamos” porque, entre otros motivos, “la producción sabe cuáles son las reglas de precios y que su evolución acompañará las tendencias internacionales”.