Este jueves el Congreso peruano deberá decidir si aprueba o no al gabinete de ministros que designó el presidente Pedro Castillo, quien asumió el mando el 28 de julio.

De acuerdo a la legislación peruana, la mitad más uno de los legisladores deberá darle el sí al gabinete, ya que de lo contrario este deberá ser disuelto y el mandatario deberá conformar uno nuevo, que también deberá ser puesto a consideración del órgano legislativo, donde el partido de Castillo, Perú Libre, es el que más escaños tiene, 37, pero está muy lejos de la mayoría (en total los integrantes del cuerpo son 130).

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido e Íver Maraví, designado para la cartera de Trabajo, son los dos jerarcas más cuestionados por los partidos de derecha y centro derecha, que son los que tendrán la palabra final, ya que en sumatoria son los que más legisladores tienen. Tanto a Bellido como a Maraví se los acusa de haber tenido vínculos con Sendero Luminoso. Además, desde que Castillo asumió, la derecha está amenazando con la posibilidad de presentar la vacancia —una herramienta muy amplia que el legislativo tiene para destituir al presidente—, por lo cual el clima en las últimas semanas en Perú ha estado muy enrarecido, más aún por las movilizaciones callejeras en favor y en contra del gobierno, que terminan de configurar un cuadro de inestabilidad en el país.

A propósito de esta situación, en las últimas horas el Grupo de Puebla, foro político integrado por representantes de la izquierda latinoamericana, emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación por la situación en Perú.

“El Grupo de Puebla reafirma su compromiso con el gobierno democráticamente electo del presidente peruano Pedro Castillo, y hace un llamado de alerta a la comunidad internacional frente a las múltiples e incansables acciones de la derecha y algunos sectores de las Fuerzas Armadas que están creando el ambiente propicio para legitimar un golpe de Estado. La ruptura de la estabilidad política conseguida en las últimas elecciones tendría profundos impactos en la reactivación de la economía y la reconstrucción del tejido social después de la pandemia”, se expresa en el texto difundido por la entidad.