Nuevos elementos se suman al cuestionamiento hecho a la Intendencia de Rocha por haber contratado a la fundación A Ganar. Tal como lo hicieron en el verano los ediles y el diputado del Frente Amplio (FA) por Rocha Gabriel Tinaglini, ahora se suman informes del Tribunal de Cuentas (TCR) y de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Según informa este viernes Brecha, señalan irregularidades en el trámite y cuestionan que el secretario general de la intendencia, Valentín Martínez Vicentino, haya participado en el llamado a licitación cuando su hermana, Verónica Martínez Vicentino, es la vicedirectora y jefa del departamento técnico de A Ganar.

El 8 de enero, la Intendencia de Rocha resolvió contratar a la fundación A Ganar para desarrollar el “gerenciamiento de recursos humanos” para un programa socioeducativo de temporada, para que preste servicios “de higiene ambiental y otros emergentes relativos a la temporada estival”. A Ganar obtuvo ese contrato mediante un llamado a licitación que la comuna rochense llevó a cabo el 29 de diciembre de 2020; el plazo de presentación de propuestas vencía el 8 de enero. Entre la presentación y el cierre del llamado, apenas hubo un día hábil -30 de diciembre-, porque desde el 31 de diciembre hasta el 7 de enero el edificio de la intendencia estuvo cerrado.

El informe del tribunal, que llega en respuesta al pedido que había hecho Tinaglini, señala que hubo varias irregularidades en el trámite administrativo de la licitación. La contadora delegada del TCR en la intendencia observó el gasto de la licitación porque vulnera normas de control administrativo. Según destaca el semanario, entre ellas está el retraso en la remisión de los antecedentes para su control preventivo y la decisión de ampliar la licitación por 1,5 millones de pesos.

El informe también señala otras irregularidades. El ministro Miguel Aumento criticó que el pliego no incluyera criterios objetivos de evaluación de las ofertas y que el dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones “no contiene fundamento alguno sobre la admisibilidad y la conveniencia de la oferta”.

Por su parte, el ministro Enrique Cabrera señaló que A Ganar fue contratada para la gestión y administración de recursos humanos, cuando se presenta como una organización de promoción social, destacó que “la facturación no corresponde con el servicio prestado” y agregó que la fundación “podría estar incumpliendo sus obligaciones fiscales”.

Contratos entre hermanos

Por otra parte, Brecha también divulga el informe de la Jutep que indica que la participación del secretario de la intendencia “no incidió en la adjudicación de la licitación a la fundación A Ganar, ya que esta se aprobó por unanimidad”, y que “no se perjudicó a ningún interesado, ya que no hubo otro oferente”. De todas formas advierte que “hubiera sido prudente y éticamente correcto que el secretario general de la Intendencia de Rocha se excusara de participar”.

“Se debe evitar cualquier acción en el ejercicio de la función pública que exteriorice apariencia de violar las normas de conducta en la función pública”, recuerda la Jutep y agrega que los funcionarios públicos deben cumplir con los deberes de probidad e imparcialidad y que “deberán abstenerse de intervenir en aquellos casos que puedan dar origen a interpretaciones por falta de imparcialidad”.