Los diputados de la coalición de gobierno acordaron la semana pasada elevar al plenario para su aprobación dentro de la Rendición de Cuentas la derogación de la obligatoriedad de mezclar 5% de biodiesel en el gasoil, cumpliendo un pedido del gobierno en busca de abaratar el precio de venta. El biocombustible que se mezcla para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es producido por Alcoholes del Uruguay (ALUR) –subsidiaria de Ancap– en su planta de Capurro, y para hacerlo se utilizan materias primas entregadas por la empresa Cousa –que se encarga de la molienda de granos para la producción de aceites–.

El acuerdo para eliminar la obligatoriedad de mezclar biodiésel predispone a Ancap y al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) a evaluar los costos de la rescisión del contrato con Cousa y los impactos del cierre de la planta de ALUR en Capurro.

Ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, días atrás el titular del MIEM, Omar Paganini, manifestó que “conviene eliminar” la mezcla de biodiesel porque implica casi 1,5 pesos por litro en el precio del gasoil. Señaló que ALUR emplea a 40 personas en Capurro que podrían ser reubicadas y que la empresa que le vende la materia prima puede colocar sus productos en el mercado internacional.

“Todo el sector de la cadena agrícola no se vería afectado en absoluto. En cambio, sí se ve afectado por tener que pagar el gasoil para su producción en el orden de 1,5 pesos adicionales. En ese contexto, nos parece que el impacto productivo es negativo y el impacto social es muy pequeño”, apuntó Paganini.

“El impacto de no mezclar el biodiesel es completamente absorbible, ya que involucra pocos puestos de trabajo que pueden ser redistribuidos” por parte de ALUR, expresó el jerarca. Agregó que en Cousa, empresa uruguaya que produce y comercializa aceites y otros productos, trabajan un total de 350 personas, y “factura 110 millones de dólares por año y le factura nueve millones de dólares a ALUR”. Por eso, descartó que exista “algún riesgo dentro de la plantilla de Cousa” de cortarse este negocio.

Como conclusión sobre los puestos de trabajo, Paganini señaló que “los de ALUR son fácilmente reubicables, los de los agricultores no están en discusión y los de Cousa, si son algunos, seguramente la empresa también los va a poder manejar y tampoco serán muy abundantes”.

Con respecto al contrato que ALUR tiene con Cousa –que vence en 2030–, Paganini dijo ante los diputados que “se respetará o se negociará una salida”. Esta última opción “efectivamente tendrá un costo”, sostuvo. En marzo el fallecido director de Ancap en representación del Frente Amplio, Walter Sosa, había dicho al diario El Observador que la rescisión del contrato con Cousa costaría 63 millones de dólares.

Con respecto al tema, el director de Ancap en representación de Cabildo Abierto, José Luis Alonso, dijo a la diaria que la cifra de la cláusula de rescisión es equivalente a 2,6 años del pago de sobrecostos por mezclar biodiesel en el gasoil. Paganini había dicho que para mezclar 5% se invierten entre 25 y 28 millones de dólares al año.

Alonso sostuvo que “el tema con Cousa no está definido” y se evalúan los caminos a seguir. “A veces el ser humano se cierra a dos opciones. En este caso hay opciones distintas y estamos transitando un estudio de escenarios donde eventualmente hasta podría llegar a producir más [ALUR en Capurro] y no para nuestra plaza, sino para exportar”, dijo. Afirmó que “hay mercados que están ávidos de biodiesel, entonces se está explorando alternativas”.

El director del ente indicó que en Uruguay se dice que “falta actividad industrial o procesos secundarios, que generalmente trabajamos sobre productos primarios”. En este sentido, señaló que “el procesamiento para obtención de biodiesel es un proceso secundario” y que “con 40 funcionarios” ALUR es capaz de producir “el correspondiente a un 5% de los 900.000 metros cúbicos promedio que se venden de gasoil en el Uruguay por año”. “Así que es altamente eficiente. Si me preguntan, en lo personal trabajo por alternativas que permitan aprovechar la eficiencia” de ALUR, añadió. Esto choca con el discurso del gobierno, que suele machacar en las ineficiencias de Ancap y su subsidiaria.

A su vez, Alonso dijo que “no hay plan de venta de la planta” de Capurro, y que hay intención de usarla para el procesamiento de “aceites vegetales para hidrogenar”, ya que “hay mercado en Europa”.

“El equivalente a 500.000 autos en la calle”

la diaria consultó a Sebastián Azpiroz, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química, quien manifestó que la posibilidad del cierre de la planta de ALUR en Capurro es un tema que los tiene en vilo, y afirmó que está previsto realizar esta semana una ocupación en el lugar en forma de protesta.

Desde el plano medioambiental, según dijo, “dejar de mezclar biodiesel implica, en emanación de CO2 [dióxido de carbono, ligado al efecto invernadero] a la atmósfera, el equivalente a 500.000 autos por año más en la calle”.

A su vez, Azpiroz manifestó que al mirar ALUR “no hay que verla” como tres plantas separadas, ya que “es una sola” unidad productiva, con sus plantas en Capurro de biodiésel y de etanol –biocombustible que se mezcla con las naftas– en Paysandú y Bella Unión.

“Cada planta es una pata que sostiene a las otras. Si vos cerrás ALUR Capurro, mañana vas a tener que cerrar ALUR en Paysandú y en Bella Unión, porque cada planta cuando está en zafra compensa las bajas zafras de las otras”, explicó.

Además, expresó: “Vos cerrás una y, cuando estén en baja zafra las otras plantas, ¿quién va a compensar eso? ¿De dónde va a salir la plata? Va a salir de Rentas Generales o es la excusa como para decir [por parte del gobierno] ‘vieron cómo Alur no funcionaba, tenemos que seguir cerrando porque da pérdidas’”. En este sentido, expresó que “el cierre de ALUR es uno de los primeros pasos” en el proceso de “desmantelamiento de Ancap” que vienen denunciando distintos sindicatos y el PIT-CNT.

Durante la última semana el enfrentamiento entre los trabajadores nucleados en la Federación Ancap y la empresa subió de tono, ya que el directorio comunicó la no renovación del contrato colectivo y anunció sus intenciones de reducir a una cuarta parte las horas de licencia sindical.