El senador del Frente Amplio (FA) Mario Bergara, señaló este lunes que luego de la interpelación al ministro Luis Alberto Heber, el 18 de agosto, la fuerza política evaluará si lleva a la Justicia el acuerdo que el Estado firmó con la empresa belga Katoen Natie para extender su concesión en el puerto de Montevideo.

Según indicó Bergara en diálogo con Primera Mañana, de radio El Espectador, que el tema llegue a la Justicia dependerá de las respuestas que brinde Heber, ministro de Transporte, al momento de la firma del acuerdo, en el Parlamento, porque hasta el momento siguen “sin explicación de porqué se tomó esta decisión sin un solo informe jurídico o económico que le dé sustento”.

“Es probable que llegue a la Justicia, tenemos encaminada una interpelación el día 18 en donde el ministro Heber va a comparecer y allí discutiremos este tema para que nos dé explicaciones razonables de por qué se tomó semejante decisión”, comentó el senador.

Bergara puntualizó que desde que se supo de la decisión del gobierno han comparecido ante la comisión de Transporte del Senado varias delegaciones, entre ellas todas las empresas portuarias involucradas, la Unión de Exportadores del Uruguay y el sindicado del puerto, y hasta la fecha siguen “sin explicación” de por qué se tomó esta decisión, por lo que tras las declaraciones del ministro en la interpelación el FA evaluará “en lo que corresponda las posibles denuncias judiciales”.

“En el caso del puerto hay un acuerdo escandaloso que el gobierno firmó con la empresa belga Katoen Natie, que otorga un monopolio sin informes jurídicos y económicos, sin un soporte mínimo imprescindible que le dé sustento a semejante decisión, pero además de otorgar ese monopolio en el puerto se restringen las potestades regulatorias del Estado. En el propio acuerdo se le recortan al Estado potestades que tienen que ver con la fijación de tarifas en el puerto y el llamado de competidores”, explicó Bergara.

“El puerto es un servicio público, la Administración Nacional de Puertos es un servicio descentralizado que ve recortado por estos acuerdos sus ingresos y su capacidad de operar y regular”, resumió.

Para el senador, “es una decisión muy embromada la de eliminar la competencia en el puerto, para eso quedó muy claro que el gobierno no contó con informes que le dieran sustento jurídico para esa decisión. La forma en que todo ese proceso se dio hace que para nosotros no tenga sustento y se haya hecho de forma abusiva y de forma muy inconveniente para el país”.

Para Bergara ninguno de los argumentos esgrimidos por el gobierno justifica aprobar el acuerdo que se firmó con la empresa. “El gobierno manifestó tres argumentos por los cuales avanzó, uno es que nos salvaba de un juicio de 1.500 millones de dólares; el problema es que no tiene ni un informe jurídico que avale eso, ni en lo jurídico ni en el monto disparatado que se maneja”.

“El segundo argumento es que iba a haber un montón de inversión que entendemos que no es necesaria ahora, porque hay medio puerto disponible para duplicar la actividad actual, y el tercero fue el de la baja de tarifas, y la verdad es que está en los manuales más básicos de la economía que un monopolio no conduce a tarifas y precios bajos”, argumentó.