El gobierno nicaragüense que encabeza Daniel Ortega llamó a consulta a sus embajadores en Argentina, México, Colombia y Costa Rica como una medida de “reciprocidad” ante llamados similares realizados meses atrás por esos países, dijo la vicepresidenta y vocera, Rosario Murillo. “El gobierno [de Nicaragua] ha observado y considerado con seriedad y madurez, con gran paciencia desde nuestra hermandad caribeña, los constantes e inmerecidos señalamientos irrespetuosos, injerencistas, intromisorios e intervencionistas en nuestros asuntos internos, de parte de las máximas autoridades de cada uno de estos países sobre temas que sólo conciernen a nuestros pueblos y a nuestro gobierno”, expresó Murillo, según informó el diario nicaragüense El Confidencial.
La jerarca también acusó a los gobiernos mencionados de arrogarse “funciones que nadie les ha otorgado”, lo que a su juicio constituye una “abierta violación al derecho internacional y los derechos humanos”. Murillo exigió “respeto” a la soberanía nacional y a las normas de convivencia pacífica entre naciones. “Nicaragua, por principio, conciencia, vocación, decisión y propia convicción, rechaza cualquier voz que altere el derecho de cada pueblo a la autodeterminación, la soberanía y la independencia”, dijo la vicepresidenta, esposa del presidente Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
En julio el gobierno colombiano llamó a consulta a su embajador en Managua, Alfredo Rangel Suárez, como señal de rechazo a la ola de arrestos de políticos y activistas opositores que tiene lugar en el país centroamericano en la antesala de las elecciones generales que se realizarán en noviembre, en las que Ortega buscará su tercera reelección consecutiva.
Antes que Colombia, el 21 de junio México y Argentina también llamaron a sus embajadores en Nicaragua, Gustavo Cabrera Rodríguez y Mateo Daniel Capitanich, respectivamente, para consultarles sobre “las preocupantes acciones políticas-legales realizadas por el gobierno nicaragüense”, según un comunicado oficial conjunto.
Mientras tanto, el gobierno de Costa Rica canceló en junio el nombramiento de su embajadora en Nicaragua, Xinia Vargas.
Una de las últimas medidas adoptadas por el gobierno de Ortega contra sus adversarios políticos fue la inhabilitación del principal bloque de oposición, liderado por el partido derechista Ciudadanos por la Libertad (CXL), que había conseguido inscribir a su candidato, Óscar Sobalvarro, un exjefe de los Contras, grupo financiado por Estados Unidos que en la década de 1980 combatió militarmente al sandinismo. La proscripción de este sector político, anunciada el viernes, provocó nuevas reacciones y condenas internacionales en torno a la credibilidad de las elecciones.
El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), el español Josep Borrell, consideró en un comunicado consignado por la agencia AFP que “Ortega quiere ganar las elecciones sin competencia”. “La decisión, implementada por el Consejo Supremo Electoral el 6 de agosto, de despojar de personalidad jurídica al último partido político de la oposición que quedaba antes de las elecciones generales de noviembre destroza las perspectivas de un proceso electoral legítimo y creíble”, expresó. La UE considera que “la oposición ha sido eliminada” y que se está privando a los nicaragüenses del derecho al voto “en unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes”, agregó Borrell.
Por su parte, el gobierno de España lamentó la inhibición a CXL y urgió a Managua a dotarse de una autoridad electoral independiente, imparcial y no controlada por el partido de gobierno, tras considerar que “sólo un proceso electoral creíble” puede ofrecer una salida a la crisis social, política y económica que vive Nicaragua.
Más rotundo aún fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien dijo el sábado que las elecciones de noviembre en Nicaragua “perdieron toda credibilidad” debido a las maniobras “autocráticas” de Ortega.