El Observatorio Luz Ibarburu (OLI) rechaza el cambio previsto en la Rendición de Cuentas que determina que el Equipo Especializado en Graves Violaciones de Derechos Humanos pase a depender de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional. La organización mantendrá una reunión este martes con autoridades del Ministerio del Interior (MI) y el miércoles comparecerá a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Por iniciativa del OLI, en 2013 se creó el equipo por resolución del MI y se determinó que funcione en la Dirección de Asuntos Internos, a los efectos de “dotar al Estado uruguayo de una herramienta que contribuyera a dar cabal cumplimiento a lo establecido por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman y el artículo 1° de la ley 18.831, que restableció la pretensión punitiva del Estado”, indicó la organización en un comunicado.

Durante el último gobierno del Frente Amplio, en la Rendición de Cuentas de 2017, se determinó el mismo cambio que se propone ahora: que el equipo pase a la órbita de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional. Ante los reparos del observatorio, el MI finalmente no ejecutó lo que establecía la ley y el equipo continuó dependiendo de Asuntos Internos.

En el artículo 56 de la Rendición de Cuentas, que empezará a votarse este martes en la Cámara de Diputados, se determina el traspaso a la Dirección de Investigación de la Policía Nacional y se mantienen sus cometidos, que son colaborar “en forma directa con operadores jurídicos del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, en las investigaciones sobre las violaciones a derechos humanos ocurridas en el marco del quebrantamiento del Estado de derecho que refiere la Ley Nº 18.596 [de actuación ilegítima del Estado], de 18 de setiembre de 2009”.

¿Por qué es importante que se mantenga en la Dirección de Asuntos Internos? “Al frente de esa dirección está una persona de confianza, que depende directamente del ministro. En 2013, con la sentencia Gelman, por el Código del Proceso Penal, el auxiliar de justicia era la Policía, entonces la Policía era uno de los elementos investigados, por eso para resolver ese tema lo que se nos ocurrió fue crear una unidad que fuera especializada y que dependiera directamente del ministro”, dijo a la diaria el coordinador del OLI, Raúl Olivera.

Olivera señaló que una unidad de este tipo puede sabotear una investigación si no tiene la voluntad política de avanzar. “Se me puede decir que los policías no son los de antes, pero ¿cómo se han comportado los militares actuales con relación al pasado? ¿Han tenido una actitud diligente para avanzar y encontrar los restos? No, no la han tenido. ¿Por qué? Porque existe eso que se llama la familia militar y la familia policial. Crear este antecedente es admitir que se puede encargar al instituto que de alguna manera es objeto de la indagatoria”, apuntó Olivera, y puso como ejemplo de esto lo que ha sucedido con los tribunales militares.

“La continuidad de los llamados de atención que recibe el Estado uruguayo por parte del sistema interamericano de protección de los derechos humanos por los magros avances en el cumplimiento eficaz de los procesos de justicia se suma ahora, de prosperar la iniciativa a consideración parlamentaria, un hecho de extrema gravedad: otorgarle el cumplimiento de los cometidos que la ley le asigna al Equipo Especializado en Graves Violaciones a los Derechos Humanos a los mandos de dependencias policiales que actualmente están siendo objeto de indagatorias por sus eventuales responsabilidades en los crímenes del llamado pasado reciente”, se afirma en el comunicado.

Desde el OLI plantean sus reparos cuando a “los institutos armados se les otorgan las facultades para autoinvestigarse” y mencionan como ejemplos las versiones falsas brindadas a la Comisión para la Paz, las declaraciones de militares en los tribunales de honor o los informes de las Fuerzas Armadas entregados a Tabaré Vázquez durante su primer gobierno. Asimismo, se señala la “inconveniencia” de este cambio y se recuerda el espionaje en democracia por parte de los servicios de inteligencia, que fue el objeto de investigación de la Comisión Investigadora sobre Actividades de Inteligencia Militar en Democracia del Parlamento (2016-2018) y actualmente es el centro de una causa que lleva adelante el fiscal especializado en Delitos Económicos Enrique Rodríguez.