El abogado especialista en temas portuarios y expresidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP) Edison González Lapeyre volvió a insistir sobre sus argumentos para decir que el acuerdo que firmó el gobierno con la empresa belga Katoen Natie en el puerto está “plagado de irregularidades”.

El ministro Luis Alberto Heber está siendo interpelado por el acuerdo que firmó mientras estaba a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Al igual que el Frente Amplio, González Lapeyre, asesor del Partido Colorado, entiende que “desde el punto de vista jurídico se trata de un contrato que está plagado de irregularidades, y desde el punto de vista logístico incurre en errores relevantes”, según declaró este miércoles a Informativo Sarandí.

Para el abogado “es necesario que se explicite el alcance de los estudios realizados en esta materia”, porque además de los informes con loa que debería haber contado el gobierno para tomar esta decisión, “se requería un previo asesoramiento de la administración portuaria que no existió, se solicitó a la ANP, eso tendría que haber pasado por directorio y no pasó”, comentó.

Según González Lapeyre, el acuerdo firmado implica que “se establece un monopolio de hecho o un sistema preferencial de atraque que le da la exclusividad a la operativa con contendedores a la Terminal Cuencas del Plata de Katoen Natie en el puerto de Montevideo, ese es el principio que tiene particular importancia en el análisis de este tema y está ratificado por leyes”.

“La ley es clara en el sentido de que el plazo de la concesión no puede exceder los 50 años. La lectura es clara, las prórrogas no pueden superar ese plazo”, afirmó, y aseguró que eso es exactamente lo que pasa con el contrato que se firmó con la empresa belga, ya que “se prorrogó por 50 años a partir del vencimiento anterior, pero sólo se podría prorrogar por un plazo máximo de 50 años y no de 80 años, como termina pasando”.

Según el gobierno, el acuerdo llega para evitar un juicio de 1.500 millones de dólares que iba a entablar Katoen Natie contra el Estado uruguayo. Sin embargo, Gonzalez Lapeyre planteó sus “dudas” respecto de que ese monto hubiera sido viable de llevar a juicio: “La empresa invirtió cerca de 200 millones de dólares con una rentabilidad estimada de 20 millones de dólares por año, el reclamo de 1.500 millones de dólares no se ajusta. Creo que ese juicio no hubiese sido nunca de recibo por un tribunal internacional”.

El abogado remarcó que era posible que la empresa fuera a juicio contra el Estado, pero no por ese monto, teniendo en cuenta que “la rentabilidad ha sido muy buena” y el monto “tiene que estar ajustado con la pérdida de lucro cesante que pudo haber emergido. Estamos viendo que para TCP [propiedad de Katoen Natie, que tiene como socio minoritario (20%) al Estado] ha sido muy buen negocio, incluso cuando ha mostrado ineficiencias”, puntualizó.

Con respecto a la creación de un organismo público que asesore sobre el control del puerto, tal como había propuesto el Partido Colorado, el abogado marcó un detalle no menor: este tipo de organismos, según la ley, sólo pueden crearse en el marco de una Ley de Presupuesto, por lo que su viabilidad está en tela de juicio.