El gobierno se apresta a reglamentar la Ley 19.847, aprobada en diciembre de 2019, que declara de interés público las acciones tendientes a proteger, promover y mejorar la salud pública mediante productos cannábicos. Concretamente, la normativa busca que los pacientes de diversas patologías puedan acceder a una amplia variedad de medicación producida en base a cannabis, algo que actualmente no ocurre en Uruguay, al menos en el mercado legal.
Diversas fuentes del gobierno informaron a la diaria que se está trabajando en la reglamentación y que se planea emitir el decreto dentro de “uno o dos meses”.
Con la normativa vigente, en Uruguay se produce para consumo interno únicamente el aceite de cannabidiol (CDB). Semanas atrás, en diálogo con la diaria, el expresidente de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal Marco Algorta dijo que el aceite de cannabidiol “no llega a representar 5% de la industria mundial de cannabis medicinal”. Agregó que “en realidad” el principal producto de cannabis medicinal son las “flores con alto contenido de THC [tetrahidrocannabinol]”, algo que actualmente se produce en Uruguay pero sólo para exportar, ya que no se comercializa internamente debido a la falta de reglamentación de la ley aprobada en 2019. Los productos a los que se podrá acceder una vez reglamentada la ley son “especialidades farmacéuticas”, “productos vegetales”, “formulaciones magistrales” y “la importación de productos en base a cannabis y cannabinoides”, detalla la norma.
Un reciente informe del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Uruguay escrito por Rosario Queirolo, Belén Sotto y Eliana Álvarez, titulado Cannabis medicinal en Uruguay: estudio sobre la comunidad médica y los desafíos persistentes, indica que “la política de regulación del cannabis ubica a Uruguay como un referente a nivel internacional. Sin embargo, y a diferencia de lo que ha sucedido en el mundo, los principales avances en su implementación han estado centrados en el uso recreativo. El uso y la producción con fines medicinales son todavía asuntos rezagados”.
El estudio señala que “el mercado local de medicamentos en base a cannabis es limitado para ciertas condiciones médicas, poco diverso y costoso”. Indica que, en general, los productos a la venta “son de uso infantil y se utilizan en casos de epilepsia resistente a tratamientos. Por lo tanto, el mercado local autorizado excluye a los adultos con otras condiciones médicas, dado que no existen otros medicamentos en base a cannabis en las farmacias del país”. Además, el informe plantea que “un desafío relevante es el creciente mercado desregulado de producción artesanal que, debido a las limitantes del mercado legal, gana terreno entre los pacientes, aunque no se trate de una producción estandarizada”.
Días atrás, durante una entrevista con la diaria, el secretario nacional de Drogas, Daniel Radío, dijo que “en términos de cannabis medicinal” hay camino “para avanzar mucho”, aunque “faltan definiciones conceptuales muy importantes”. “Tenemos indefiniciones conceptuales”, dijo, y explicó que “hay como una bipolaridad en torno a qué entendemos que es el cannabis para uso medicinal”.
Radío señaló que “hay que ampliar el espectro” de las medicinas derivadas de la marihuana, ya que “la planta de cannabis tiene centenares de componentes y no es el cannabidiol el único que puede tener un efecto terapéutico”. Además, reconoció que actualmente hay productores artesanales que se manejan en un “mercado gris”, como “la venta en ferias”, y “eso no se puede permitir, de la misma manera que no se puede permitir que en las ferias se vendan antihipertensivos”.