Rendición de Cuentas: oficialismo defendió normas sobre funcionarios públicos y FA cuestionó “bolsones de plata” para adscriptos

“Hoy es un día bastante difícil”, dijo en medio de la sesión el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Fratti, del Frente Amplio (FA). Desde las 13.00 el plenario debate los artículos de la Rendición de Cuentas, tras haber votado este lunes el proyecto en general, apoyado por la coalición y criticado por la oposición. Previamente, Fratti había solicitado a los diputados que evitaran los pedidos de aclaraciones, porque “si no, no llegamos al viernes”, límite del plazo legal para que la cámara apruebe la Rendición de Cuentas.

Las horas iniciales del debate se centraron en los primeros dos capítulos: disposiciones generales y sobre los funcionarios públicos. Álvaro Viviano, del Partido Nacional (PN), tomó la palabra por el oficialismo y dijo que en el debate de la sesión anterior, que terminó sobre las 4.00, hubo “un clima tenso” y estuvo “sobrevolando la cuestión de la rebaja salarial”, en referencia al ajuste de las remuneraciones de los funcionarios públicos.

Subrayó que el artículo 4 de la Ley de Presupuesto, que causó un fuerte debate en su momento, “establece el esquema de recuperación salarial y el gobierno ha dicho y reiterado que hay un compromiso de que al final del período los funcionarios públicos no tendrán una rebaja”.

Viviano defendió la norma de la Rendición de Cuentas que “ajusta los contratos de provisoriato”, y señaló que tras conversaciones con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) “se incorporaron algunas garantías adicionales para los trabajadores”. Repasó que de esta forma “se simplifican” los vínculos de este tipo con el Estado y se “da mayor calidad y mejor relación al funcionario con el Estado”.

A su vez, Viviano defendió dos disposiciones que admitió que causaron “polémica”. Por un lado, “el ajuste del tope” salarial para los adscriptos de los directores generales de Secretaría de los ministerios —es decir, asesores del número tres en cada dependencia—, punto en el que “se vuelve a la escala de 1992”. Sostuvo que la modificación responde a “ciertas características” que se requieren para el cargo y que no eran contempladas en la remuneración. El cambio implica “en torno a 35.000 o 40.000 pesos” de aumento de salario para 18 asesores, indicó.

La otra norma refiere al sueldo del presidente, que “como todos los sueldos del Estado ajustan de la misma forma” y de manera “errónea hubo una disposición en el presupuesto que le congeló el sueldo [al mandatario] y aquí volvemos al marco natural”.

“Bolsones de plata” para adscriptos

Bettiana Díaz, del FA, cuestionó que en la Rendición de Cuentas no se incluye “el nuevo diseño de la carrera funcional ni de la reestructura de los funcionarios públicos”, como había planteado la coalición. “Nos encontramos con una reestructura por pedazos: cada organismo hace la reestructura que desea sin un criterio general u ordenador”, añadió. Además, la legisladora planteó que “no se había tenido una instancia previa de negociación colectiva” con COFE y que el sindicato “se enteró [del contenido] del proyecto cuando ya había sido presentado”.

Respecto del desorden de los cambios que pretende realizar el gobierno en este aspecto, la diputada sostuvo: “Nadie habló con nadie; tan es así que en el proyecto original se derogaban los contratos de función pública conocidos como ‘dos más dos’ [contratos a dos años con dos más de prórroga] y en otro artículo se decía que se iba a contratar por ese artículo que se estaba derogando”. Indicó que el cambio en estos contratos afectaba a 600 trabajadores, y unos 500 eran del Ministerio de Desarrollo Social [Mides], esto es “la tercera parte de la plantilla”. Recordó que al asistir al Parlamento el ministro Martín Lema “dijo que desconocía el artículo”. Finalmente, durante el trabajo en comisión, la disposición fue cambiada y no regirá para los ya contratados.

“No se asegura la recuperación salarial [para los funcionarios del Estado] y esto incide en toda la política general de salarios y en las pasividades [que ajustan por el Índice Medio de Salarios Nominal]. No se asegura esto a los trabajadores, pero hay un montón de aumentos para asegurar enganches salariales a los adscriptos; son 18 personas con cargos de confianza. No hay plata para el sector público, pero sí para compensaciones para cargos medios”, subrayó Díaz. En esa línea, complementó: “Aparecen bolsones de plata con compensaciones para los mandos medios en todos los organismos y no hay garantías para los trabajadores en esta suerte de cambio que se está haciendo en sus condiciones de trabajo y contratación”.

El diputado del FA Gustavo Olmos retrucó los números dados por Viviano sobre el aumento de sueldo para los adscriptos de los directores generales de Secretaría. Señaló que el tope actual está en 107.000 pesos y se aumenta a 171.000 pesos, “un aumento de 60% o de 64.000 pesos”. Viviano le aclaró que la diferencia surge de observar el salario nominal o líquido.