Cerca de un centenar de gobernantes se reunirán desde el martes en Nueva York para los debates de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se extenderán hasta el lunes. Uno de los asistentes al encuentro será el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que llevará a ese ámbito algunos asuntos de su agenda nacional.
Según anunció el mandatario ultraderechista en sus redes sociales, argumentará que reconocer a los pueblos indígenas brasileños el derecho a sus tierras ancestrales puede generar un riesgo alimentario en el mundo.
De ese modo, Bolsonaro se propone presionar a la Justicia de su país para que mantenga vigente el llamado “marco temporal”, una ley que únicamente les permite a los pueblos indígenas brasileños reclamar como propias las tierras de las que hayan sido desplazados después del 5 de octubre de 1988, cuando se aprobó la actual Constitución. Quedarían así libres de reclamos, entre otras, las tierras que fueron apropiadas por grandes productores durante la dictadura, cuando los indígenas no tenían derecho a reclamarlas.
Bolsonaro advirtió que sin el “marco temporal”, Brasil podría llegar a demarcar como tierras indígenas 26% de la totalidad de su territorio, incluyendo las tierras que ya están reconocidas como tales. Como a esas tierras se les aplican normas específicas para su preservación y para proteger a sus habitantes, el gobernante argumentó que esto impactaría en la producción agrícola brasileña y pondría en riesgo la seguridad alimentaria de su país y de otros lugares del mundo. El excapitán de 65 años de edad afirmó que acceder a los reclamos indígenas podría causar “una catástrofe” para la agricultura.
Para el presidente de Brasil, hay “gente allá afuera” que tiene interés en que se reconozcan los derechos de los indígenas sólo para generar esas consecuencias: una caída en la producción agrícola brasileña, “una presión mundial por alimentos”, un aumento de precios y, finalmente, el desabastecimiento. Con ese discurso, el presidente de Brasil intentará convencer a los demás gobernantes en la ONU de la posición que él defiende en su país.
Ante la Asamblea General dará “el discurso de apertura tranquilo, objetivo”, dijo. Afirmó también que mostrará “objetivamente lo que es Brasil” y lo que está haciendo con respecto a otros de los asuntos que estarán en la agenda de la Asamblea General: la pandemia de covid-19 y la situación energética.
Su gobierno se ha opuesto al reclamo de pueblos indígenas movilizados en Brasilia de que se elimine el “marco temporal”, un asunto sobre el que está previsto que se pronuncie el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima instancia judicial del país. Uno de los 11 integrantes de esa corte, la que puede orientar el resto de los fallos que se emitan en otros tribunales, ya se pronunció a favor de terminar con esa limitación, y otro votó en contra.
Sin embargo, uno de sus magistrados, Alexander de Moraes, pidió tiempo para analizar la situación. “Un asunto tan complejo” necesita “más tiempo para el análisis”, dijo, y pidió postergar su voto. El STF accedió a la petición de Moraes, y como no hay plazos establecidos para que el magistrado se pronuncie, en los hechos este proceso quedó suspendido por tiempo indeterminado.
Diversos representantes de pueblos indígenas se han desplazado desde agosto a Brasilia para participar en marchas y campamentos en reclamo de sus tierras y sus “derechos ancestrales”. Las manifestaciones se enfocan en el “marco temporal”, pero también cuestionan las políticas extractivas de Bolsonaro, en particular las que afectan a la región de la Amazonia.
Una de las más recientes movilizaciones fue la marcha de miles de mujeres indígenas de 172 pueblos que el viernes 10 denunció en Brasilia los “retrocesos en los derechos de los pueblos indígenas” que se registraron desde que Bolsonaro llegó a la presidencia, en enero de 2019. También ellas hicieron una advertencia más allá de las fronteras de Brasil y dijeron que su lucha busca proteger recursos naturales que son necesarios para toda la humanidad.