Para las elecciones presidenciales y legislativas del 21 de noviembre el voto podría volver a ser obligatorio en Chile si se procesa a tiempo la tramitación de un proyecto de ley que el miércoles recibió el visto bueno del Senado. Votaron a favor de la norma 25 senadores, se pronunciaron en contra 14 y uno se abstuvo.

La iniciativa fusiona varias propuestas similares que se presentaron ante el Parlamento, y es impulsada por la senadora Joanna Pérez, del Partido Demócrata Cristiano, que manifestó su confianza en que se pueda aplicar la nueva norma este mismo año.

En Chile el voto es voluntario desde 2012, a partir de una ley aprobada durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Pero desde entonces la participación en las elecciones se ha mantenido en porcentajes bajos, que preocupan a los legisladores y motivan los llamados a volver a la obligatoriedad.

Según recordó el diario La Tercera, en las municipales de 2012 la abstención llegó a 57% y en las de 2016 subió a 65,1%. En las presidenciales de 2013 y 2017 superó por poco el 50%. Con estos porcentajes, algunos dirigentes políticos consideraron que se podía llegar a plantear un problema de legitimidad debido a la baja participación de la ciudadanía en las elecciones.

Ese fue uno de los ejes en el debate parlamentario en las dos cámaras. Para la izquierda, se trata de asumir colectivamente una responsabilidad, mientras que la derecha argumenta que la decisión individual debe ser impulsada por otras vías, de acuerdo con las intervenciones recogidas por La Tercera y El Mostrador.

El senador de la derechista Unión Demócrata Independiente Alejandro García Huidobro dijo que “faltan incentivos para que la ciudadanía se sienta de alguna manera motivada a votar” y que él cree “en la libertad de las personas con los incentivos suficientes”. Otro oficialista, Rodrigo Galilea, de Renovación Nacional, el partido de Piñera, opinó que “los liderazgos políticos debieran ser los que motiven” la participación “a través de propuestas interesantes, de futuro”.

En su argumentación, la senadora Yasna Provoste, quien será candidata a la presidencia por la Concertación, la coalición de centroizquierda que en noviembre se presenta bajo el lema Nuevo Pacto Social, dijo que respalda el proyecto porque quiere “más democracia y a las grandes mayorías decidiendo”. Provoste agregó que “la vida se compone de derechos, pero también de obligaciones. Lo colectivo no es un cortapisa al desarrollo personal, ni hay desarrollo personal sin lo colectivo”.

El socialista Juan Pablo Letelier consideró que frente a “un diagnóstico grave de legitimidad, debemos cuestionarnos qué es un derecho y un deber”, y agregó que “se deben cumplir los deberes para dar legitimidad al sistema”.

El proyecto que está en proceso de aprobación establece el voto obligatorio para las distintas elecciones de cargos, pero no para las primarias de los partidos, en las que se mantiene la participación voluntaria. No establece una sanción para quien no vote, y ese fue un motivo de críticas al texto. Expresa que “será el Estado quien arbitrará las acciones necesarias para informar, facilitar e incentivar el ejercicio del derecho a sufragio”.

La iniciativa fue enviada a la Comisión de Constitución de Diputados para que la discuta y presente su informe el 7 de octubre. De acuerdo con El Mostrador, también se han presentado otros proyectos para facilitar el voto. Uno favorece la cercanía del votante con el circuito que le corresponde, y otros apuntan a facilitar el acceso al transporte público y habilitar nuevas vías de sufragio.