Tras el anuncio que hizo el martes el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, sobre una serie de medidas para aliviar la situación de los comercios fronterizos de cara a la reapertura de las fronteras con Argentina y Brasil, las gremiales de comerciantes, que lideraron grupos de trabajo por este tema junto con los intendentes, comenzaron a analizar las políticas y su alcance. Si bien el gesto del Poder Ejecutivo fue bien recibido y, en general, coinciden en que las medidas impactarán positivamente en las empresas afectadas, los comerciantes no esperan que vayan a tener una incidencia en los precios y, por ende, en la competitividad de la zona, que era el objetivo principal de la negociación que duró varias semanas.

Una impresión similar fue la que manifestaron los intendentes de Paysandú, Nicolás Olivera, y de Salto, Andrés Lima, quienes en diálogo con la diaria señalaron que el desafío va a ser que las políticas de exoneración de tarifas y tributos se traduzcan en una baja de los precios, y que, a su vez, esa rebaja sea significativa como para competir con los precios de los países vecinos.

El encargado de políticas de frontera del Centro Comercial e Industrial de Paysandú, Juan Martín Della Corte, resaltó como positivo “el hecho de que se está trabajando de forma diferenciada para los departamentos de frontera, entendiendo que hay una problemática”. Afirmó que “es la primera vez que se atiende” el tema, “independientemente de los combustibles”, en referencia a la reducción de 24% del Impuesto Específico Interno (Imesi) que rige en la frontera desde hace años.

Della Corte opinó que “tener medidas para un porcentaje alto de las empresas locales” –según el secretario de Presidencia, las medidas alcanzan a 83% de los comercios de la zona– y que “pueden tener un impacto de buenas dimensiones, es una linda noticia”, sin perjuicio de lo cual remarcó que las medidas “se alejan de la línea de trabajo” propuesta por los comerciantes, que apostaban a “ser competitivos a nivel de precios”.

Las principales propuestas que habían puesto sobre la mesa los centros comerciales, y que no fueron incluidas en el anuncio del Ejecutivo, se dirigían, por un lado, a establecer un sistema de “microimportación” o libre importación, que consistiría en una autorización a empresas locales pequeñas para importar de Argentina con un tope calculado en el consumo local, reduciendo los costos de la intermediación.

Por otro lado, se proponía una política de renuncia fiscal similar a la del Imesi, a través de medios electrónicos, orientada a los productos de la canasta “más sensibles, que reportan más interés en el consumidor, y que tienen más dificultad para competir con el otro lado”, explicó Della Corte. “Entendemos que eso sí atiende al tema de fondo”, reflexionó.

“No retienen a los consumidores”

Para Della Corte, es “imposible” que las medidas anunciadas por el gobierno “lleguen al precio”, en el entendido de que las exoneraciones en las tarifas y tributos van a ayudar a los comerciantes a solventar sus negocios una vez que se sienta el impacto de la apertura de las fronteras, pero no va a alcanzar para traducirlas en rebajas de precios.

“Terminada la medida sanitaria, si vos perdés 30%, 40% o 50% de tus clientes porque cruzaron para enfrente [Argentina], y te ahorraste eso [en referencia a las exoneraciones], vos no lo vas a usar para bajar el precio, porque lo necesitás para mantener viva la empresa. Son los costos fijos lo que vas a solventar con ese ahorro, es personal. Que tendrías que despedir y de repente no despedís”, analizó el comerciante. Resaltó que “ningún punto de todas estas medidas retiene a los consumidores, que van a seguir prefiriendo comprar enfrente, que es el círculo vicioso que hay que terminar”.

En la misma línea, el presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto, Ricardo Paulino, dijo en el programa En Perspectiva de Radiomundo que hubiera sido más efectivo implementar “un descuento directo que llegue al consumidor final, en un porcentaje importante, o el formato de libre importación, que también puede ser bastante viable”. En ese sentido, señaló que se habían manejado descuentos “en commodities o productos de canasta a través de las tarjetas, por encima de 20%”, algo que “nos acercaría mucho a la situación de Argentina y llegaría al consumidor final”, y se podía aplicar a través de una tarjeta “armada especialmente para eso”.

Por otra parte, Paulino indicó que estas políticas llegan “sólo a las pymes, a las micro y pequeñas empresas” y “hay que evaluar si ellas son desarrolladoras de precios, y si su formato les da como para bajar los precios y ser competitivas, o si las grandes las absorben por los precios que tienen”. Paulino agradeció “al Estado la preocupación”, pero planteó que precisamente porque el “monto que va a dejar el Estado va a ser tremendo”, lo que se deberá evaluar es “si es efectivo este gran desembolso que va a hacer”. Delgado desde el gobierno cuantificó el costo de las medidas en 5 millones de dólares.

Paulino y Della Corte coincidieron en que el diálogo con el gobierno nacional sigue abierto y que se continuará trabajando en conjunto y “construyendo soluciones”. “Entendemos esto como primeras medidas, ni las únicas ni definitivas, y en ese sentido estamos muy contentos. Por supuesto que necesitamos de las otras, para empezar a resolver el problema”, reflexionó el directivo del Centro Comercial e Industrial de Paysandú.

Insuficientes

El economista Martín Vallcorba, exintegrante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante los gobiernos del Frente Amplio y excoordinador del programa de inclusión financiera, identificó dos problemas en las medidas anunciadas por el gobierno. Si bien apuntó que “significarán una ayuda a los comerciantes de la frontera”, “en principio las estimaciones iniciales indicarían que el impacto no sería de una magnitud significativa, ni sería suficiente dado el diferencial de precios que existe”.

Asimismo, en diálogo con la diaria, Vallcorba sostuvo que “por más que se señala que el objetivo es que estas medidas lleguen al bolsillo de la población, nada asegura que efectivamente ello suceda”.

Para el economista, con el fin de asegurar un impacto en el consumidor final “parecería más razonable que se aplicara un descuento del IVA para los pagos con medios electrónicos (tarjetas de débito e instrumentos de dinero electrónico), con un tope mensual por individuo o tarjeta, tal como actualmente se aplica en el caso de los combustibles en frontera con la devolución del Imesi”. “Ese sería un mecanismo directo, que se traduciría automáticamente en una efectiva reducción de los precios, y que sin duda aseguraría que la rebaja llegue efectivamente al bolsillo de todos”, analizó. Un mecanismo de este tipo también fomentaría el cumplimiento de las obligaciones tributarias, “combatiendo la competencia desleal del comercio informal”, añadió.

En la opinión de Vallcorba, el hecho de no recurrir a una herramienta de este tipo, que está probada y “funciona para atender problemáticas similares, como en el combustible”, responde “básicamente a una opción ideológica, dado el rechazo que en su momento plantearon los integrantes del actual gobierno a los diversos mecanismos de inclusión financiera”. Remarcó que los métodos de pago electrónico “durante la pandemia quedó claro que fueron de gran utilidad para enfrentar los problemas derivados de la misma, y que también lo sería en este momento para atender el problema del comercio en la frontera”.