Este jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó ante un federal de distrito en Texas una demanda contra este estado sureño por su ley contra el aborto, que prohibía realizarlos después de las seis semanas de embarazo.

En una conferencia de prensa, el fiscal general, Merrick Garland, calificó la ley de Texas de “claramente inconstitucional” y dijo que incluía un “plan sin precedentes” para aislar al estado de Texas de la responsabilidad por la ley.

La medida se produce una semana después de que la Corte Suprema se negara a bloquear la ley estatal, que prohibiría efectivamente la mayoría de los abortos. Ni bien fue conocida su aprobación, el presidente Joe Biden criticó la ley texana y dijo que activaría todos los recursos de su gobierno para “garantizar abortos seguros y legales”.

La ley antiabortista tiene como a uno de sus principales defensores al gobernador de Texas, Greg Abbott, uno de los integrantes más connotados del ala más conservadora del Partido Republicano.

La demanda presentada este jueves establece que “Estados Unidos tiene la autoridad y la responsabilidad de garantizar que Texas no pueda evadir sus obligaciones bajo la Constitución y privar a las personas de sus derechos constitucionales mediante la adopción de un esquema diseñado específicamente para evadir los mecanismos tradicionales de revisión judicial federal”, según consignó el portal político The Hill. “Por lo tanto, el gobierno federal presenta esta demanda directamente contra el estado de Texas para obtener una declaración de que la SB 8 [el nombre de la ley] no es válida, para prohibir su cumplimiento y para proteger los derechos que Texas ha violado”, se agrega en el texto.

El fallo de la Corte Suprema de la semana pasada, que por cinco votos a favor y cuatro en contra avaló la legislación texana, indignó al Partido Demócrata y a los activistas por los derechos reproductivos. Desde estos sectores se advirtió que con la disposición del estado se había anulado de hecho la histórica decisión de la corte en el caso Roe contra Wade de 1973, que determinó que las mujeres tienen el derecho protegido constitucionalmente de acceder a un aborto sin restricciones excesivas.

El lunes, el fiscal Garland había adelantado que se buscará de forma “urgente” posibilidades para responder a Texas, en el entendido de que con esta ley se violan derechos de las mujeres consagrados en la Constitución. El miércoles, cuando entró en vigencia la ley, Biden se refirió a esta norma y dijo que “viola flagrantemente el derecho constitucional” en tanto una persona tiene derecho a decidir si quiere continuar o no con su embarazo durante los seis primeros meses de gestación.

Desde la aprobación de la normativa en Texas está prácticamente prohibido cualquier tipo de aborto y no se toma en cuenta ninguna excepción, como casos de incesto o violación. La norma prohíbe el aborto a partir de que se detectan los latidos del corazón del embrión, algo que ocurre cerca de la sexta semana de gestación, por lo que la mayoría de las mujeres detectarían el embarazo cuando el plazo legal para abortar haya pasado.

La ley, ahora bajo cuestión, permite a los particulares presentar demandas civiles ante cualquier persona que ayude o asesore a la embarazada en el proceso de aborto, e incluso se ofrece una indemnización de hasta 10.000 dólares al demandante si gana el juicio.