La Cámara de Diputados aprobó este miércoles con los votos del oficialismo y de la oposición el proyecto de ley que institucionaliza el Congreso Nacional de Ediles, que funciona desde hace décadas pero bajo el rótulo de ONG, o sea que no es reconocido como institución dentro del organigrama del Estado. Tras esta media sanción en la cámara baja, el proyecto –que originalmente fue propuesto durante la legislatura pasada por el entonces diputado nacionalista Jorge Gandini– pasará al Senado para su aprobación final.

El proyecto en general tuvo respaldo de diputados de todos los partidos. Hasta la sesión del plenario de este miércoles persistían diferencias entre oficialistas y opositores que, en su mayoría, se saldaron antes de la votación. Finalmente, sólo hubo discrepancias en algunos aspectos del proyecto y varios artículos se votaron por unanimidad de los presentes.

Además de crear formalmente el Congreso Nacional de Ediles, el proyecto de ley define sus fines y cometidos. El texto indica que estará integrado por todos los ediles de todas las juntas departamentales y tendrá un plenario –en el que estarán todos– y una Mesa Permanente con 16 titulares.

El diputado del Partido Nacional Alfonso Lereté, dijo durante la sesión que con este proyecto “al fin se reconoce la tarea de los ediles en el plano nacional”. Agregó que “el Congreso Nacional de Ediles funcionó y funciona desde hace décadas, y durante ese tiempo a todo el sistema político partidario se le reclamó siempre la institucionalización”. Sobre el texto que se estaba por aprobar, señaló que “el articulado refleja el actual funcionamiento del congreso, no innova en nada, sino que es un reflejo perfecto de años y años de actuación del colectivo de ediles”.

El diputado del Partido Colorado Marne Osorio dijo que en su tienda política están “absolutamente convencidos de que es fundamental” la institucionalización del Congreso Nacional de Ediles, y afirmó que “la política de descentralización es un camino de desarrollo para todo el territorio, de construcción de políticas públicas de igualdad, de equidad”. También habló el diputado Eduardo Lust, de Cabildo Abierto, partido que acompañó íntegramente el proyecto pero planteó algunos reparos sobre la redacción y aspectos formales.

Por el Frente Amplio, el diputado Mariano Tucci expresó: “Venimos a reafirmar la posición de nuestra fuerza política en cuanto a la necesidad de institucionalizar un organismo que desde hace decenas de años viene funcionando bien pero sin garantías normativas”. Con esta norma, manifestó, “se llena un vacío” y se le otorga “el marco imprescindible” al Congreso Nacional de Ediles “para funcionar como parte del engranaje institucional del país”.

“Es importante la afirmación mediante el voto de todos los partidos políticos como señal de consenso, pero que en nuestra opinión debería incluir en su articulado algunos aspectos que fortalezcan aún más las capacidades de control de los recursos que el Congreso Nacional administre”, indicó Tucci. Detalló algunas propuestas que presentó la bancada del FA, como que “en aquellas circunstancias en que sus participantes reciban partidas especiales u otro tipo de reintegros” para las sesiones, “debería explicitarse a texto expreso que esos gastos deberán rendirse ante cada Junta Departamental”, lo que no fue acompañado por el resto de los partidos.

El nacionalista Lereté explicó a la diaria que no se explicitó lo del reintegro de los gastos porque “eso es resorte de cada Junta Departamental” y el Parlamento no puede “incidir en la autonomía” de ellas. Sobre los viáticos para asistir al Congreso, explicó que “hay juntas que no te dan”, algunas “te llevan en la camioneta, se ocupan del alojamiento y de la alimentación”, y otras “dan dinero al edil para el alojamiento, alimentación y traslado, y después tiene que hacer una rendición como en cualquier organismo público”.