“Fuera maricas de nuestros barrios” y “fuera sidosos de Madrid” fueron algunos de los cánticos que se escucharon durante la manifestación que algunos centenares de neonazis llevaron a cabo el sábado en Chueca, un barrio ubicado en la zona céntrica de la capital española, emblemático para la comunidad homosexual madrileña. Este hecho será investigado como presunto delito de odio.

La Fiscalía Provincial de Madrid dio comienzo a una serie de indagaciones de oficio enfocadas en la convocatoria realizada por la organización de ultraderecha Madrid Seguro, que fue la que promovió la protesta. Según informó el portal Público, la organización, cuyas proclamas se centran en las críticas a los centros de acogida de inmigrantes a los que califican como “focos de inseguridad y desestabilización”, afirmó que la protesta no era contra los movimientos por la diversidad sexual, sino contra las “agendas 2030-2050” del gobierno español. Sin embargo, en los registros no se ve a los convocantes intentando acallar ni mucho menos los cánticos homofóbicos.

Según recogió elDiario.es, la Fiscalía pidió informes tanto a la Policía Nacional, que formó parte del operativo en torno a la manifestación neonazi, como a la Delegación de Gobierno.

Durante la protesta se pudo ver a los manifestantes portando prendas y estandartes con simbología fascista, así como pancartas con mensajes racistas.

Por su parte, la ministra de Igualdad y Derechos Sociales de España, Irene Montero, afirmó que denunciaría a la organización ultraderechista ante la Fiscalía. “Donde hay odio, donde hay miedo, no hay democracia que pueda ser construida”, señaló la funcionaria.

En la denuncia del ministerio, según consigna elDiario.es, se afirma que la convocatoria de la marcha “no se dirigía expresamente contra colectivos discriminados”, pero pese a esto, los manifestantes llevaron a cabo “proclamas ofensivas contra el colectivo LGTBI, las personas extranjeras y enfermas de VIH” que forman parte de la “promoción de la discriminación”.

Los hechos, según la cartera, constituyen un delito de odio o discriminación que puede verse agravado por dos puntos clave: que la convocatoria se llevó a cabo a través de internet, lo que la vuelve “accesible para un elevado número de personas”, y que la concentración fue en un lugar donde había condiciones “idóneas para alterar la paz pública y crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes de los grupos destinatarios de los mensajes de odio y discriminación”.