Diputados del Frente Amplio [FA] explicaron en una conferencia de prensa que decidieron presentar una moción de interpelación al ministro de Defensa Nacional, Javier García, debido a la compra de dos aviones Hércules “jubilados” procedentes de España, que fueron fabricados en la década de 1970, y que incluso se adquirieron “sin garantías”.
El representante Gerardo Núñez dijo que el FA “viene siguiendo desde hace mucho tiempo” el tema de la compra de estos aviones “a través de pedidos de informes”, pero “hay muchas preguntas que no fueron respondidas” o se dieron “fuera de plazo”, por lo que interpreta que “hay un secretismo detrás de esta compra”.
En cuanto a la adquisición de las aeronaves, dijo que “nuestro país necesita infraestructura, necesita materiales, necesita inversión justamente para promover nuestra defensa nacional; pero esta compra ha sido una mala compra porque es costosa, estuvo en torno a los 26 millones de dólares por dos aviones que son de la década del 70, es sin garantías, como lo advirtió el propio informe de Jurídica de la Fuerza Aérea Uruguaya y como también lo advirtió el propio informe jurídico del Ministerio de Defensa Nacional”.
“Son aviones costosos porque además moverlos implica unos 9.000 dólares por hora de costos operativos, y esto se da en medio de un conjunto de recortes que está sufriendo el país. Recortes en políticas sociales pero también recortes en la inversión en materia de defensa nacional”, dijo, y agregó que estos se vieron “en [la falta de] mantenimiento de unidades navales” y en que el salario del personal militar cayó “5%” en “este año y poco de gobierno”.
En cuanto a la demora de la interpelación -ya que esta compra se hizo el año pasado-, Núñez dijo que “el FA decidió ser muy prolijo y muy riguroso”, por lo que primero optó por hacer una serie de pedidos de informes y esperar la respuesta.
Mientras tanto, durante una rueda de prensa que tuvo lugar en Río Branco, Cerro Largo, García dijo estar “a la orden del Parlamento” para la interpelación “porque la ley impone, pero aparte por vocación democrática”.
“Es un derecho constitucional y aparte es un signo pleno de nuestra democracia. El presidente [Luis Lacalle Pou] decía el fin de semana en una alocución que tuvo mucha difusión: ‘En Uruguay la oposición puede juntar firmas’. Obviamente, puede juntar firmas y también puede interpelar, llamar ministros, y en ese sentido es la visión más clara, la foto más clara de una gran democracia que tiene el Uruguay. La oposición tiene todo el derecho del mundo a pedir información y explicaciones, y el gobierno tiene la obligación de dar todas las explicaciones necesarias. No hay poder más representativo en el Uruguay que el Poder Legislativo”, concluyó.