Un informe publicado por Yahoo! News, que tuvo acceso a las declaraciones de más de 30 exfuncionarios, revela que en 2017, la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA, por sus siglas en inglés) estaba planificando secuestrar e incluso matar al programador y periodista australiano Julian Assange, fundador de la plataforma Wikileaks, que en ese momento se encontraba refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. Los planes también incluían espiar a otros integrantes de Wikileaks, secuestrar sus dispositivos electrónicos y sembrar la discordia entre ellos.

Según el artículo, la CIA estaba llevando adelante estas tareas bajo la administración del entonces director Mike Pompeo, que posteriormente se convirtió en secretario de Estado durante la presidencia de Donald Trump y tomó parte en las acusaciones presentadas en un tribunal londinense -ratificadas por la administración de Joe Biden- para que el activista sea extraditado a Estados Unidos, donde puede enfrentar una condena de hasta 175 años de cárcel.

La Justicia estadounidense acusa a Assange de haber ayudado a Chelsea Manning, la exanalista del Ejército, para intervenir una red informática clasificada y conspirar para obtener y publicar documentos clasificados en violación de la Ley de Espionaje. Manning utilizó a WikiLeaks para publicar más de 700.000 documentos secretos, en lo que fue descrito por el propio departamento de Justicia como “una de las mayores filtraciones de información clasificada en la historia de los Estados Unidos”.

Un exfuncionario de la contrainteligencia estadounidense dijo que la posibilidad del secuestro y asesinato de Assange se manejó en las más altas esferas del gobierno, generando un debate al respecto y llegando a solicitarse bocetos de cómo planificar la acción.

Más que como un medio de comunicación o una plataforma de divulgación de información, Pompeo consideraba que Wikileaks era un “servicio no estatal de inteligencia hostil”, lo que daba pie a los funcionarios de la CIA para pensar y resolver operaciones contra la plataforma como si fueran funcionarios de un Estado enemigo.

Es en este contexto, y con el acceso a audios de las conversaciones que el activista australiano mantenía dentro de la embajada ecuatoriana, fue que comenzó a debatirse dentro del gobierno estadounidense la posibilidad de secuestrarlo e incluso matarlo. Los principales opositores a este plan consideraban que la operación era evidentemente ilegal y que incluso podría frustrar los intentos de extraditar a Assange a Estados Unidos por la vía judicial.

El momento más tenso se produjo a fines de 2017, cuando la inteligencia estadounidense tuvo acceso a comunicaciones de la inteligencia rusa que daba a entender que se estaba planificando el traslado de Assange a Moscú para que pudiera refugiarse allí, tal como hizo el exagente de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés), Edward Snowden. En este sentido, las alarmas saltaron al enterarse que el gobierno ecuatoriano estaba llevando a cabo trámites para darle estatus diplomático a Assange y de esta forma poder enviarlo a una misión a Rusia.

Al conocer esta información, la CIA empezó a planificar distintos métodos para frustrar la salida del fundador de Wikileaks de la capital británica. Uno de ellos implicaba un tiroteo con funcionarios del Kremlin en las calles de Londres. Otro consideraba la posibilidad de estrellar un auto contra el vehículo que trasladara al activista y en un tercero se evaluaba la posibilidad de disparar al avión que lo llevaría a Moscú antes de que pudiera despegar. Esta tercera opción fue considerada en conjunto con la inteligencia británica, que se mostró a favor.

Estas investigaciones también llegaron a oídos de los rusos y sobre el final de ese año se llegó a generar una situación en que en tres cuadras a la redonda de la embajada ecuatoriana estaba repleto de agentes de inteligencia rusos, estadounidenses o británicos, señaló Yahoo! News.

Luego de siete años en la Embajada de Ecuador en Londres, en 2019 el entonces presidente ecuatoriano Lenín Moreno le quitó a Assange el asilo y lo entregó a la justicia británica. Desde entonces, el activista australiano se encuentra en la prisión de Belmarsh, ubicada al sureste de Londres, una cárcel de máxima seguridad en la que se encuentra en completo aislamiento y con depresión clínica. En enero de este año, una jueza británica rechazó el pedido de extradición de Estados Unidos, pero la administración Biden apeló la decisión, por lo que las instancias judiciales continúan.