Después de siete años sin respuestas claras, familiares de los 43 estudiantes de magisterio oriundos de la localidad de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, que desaparecieron en la noche del 26 al 27 de setiembre de 2014, marcharon en Ciudad de México y reclamaron que se conozca la verdad sobre lo sucedido a los jóvenes. También estudiantes y organizaciones sociales acompañaron esta movilización.

“Ya llevamos tres años [de gobierno de Andrés Manuel López Obrador] y no sabemos el paradero de nuestros hijos. Se ha logrado identificar a dos jóvenes y van varias órdenes de aprehensión libradas contra algunos altos funcionarios que hicieron mal su trabajo. Pero ¿qué pasa con los demás jóvenes?, ¿dónde están?, ¿qué pasó con ellos?, ¿quiénes se los llevaron y por qué? Son preguntas que este gobierno no ha podido responder; por lo tanto, seguimos en la incertidumbre y con el dolor insoportable que de nuestra alma a menudo pasa a nuestra mente”, dijeron dos de las madres de los estudiantes, Hilda Leguideño e Hilda Hernández, citadas por el diario La Jornada.

Los manifestantes recordaron los nombres de cada uno de los jóvenes desaparecidos, así como los de tres estudiantes asesinados aquella noche: Daniel Solís, Julio César Nava y Julio César Ramírez. Reconocieron que el gobierno de López Obrador reabrió el caso en 2018 y ha dado muestras de su voluntad de investigar, a diferencia del de Enrique Peña Nieto, que rápidamente elaboró una “verdad histórica”, una versión oficial que ha sido desacreditada. Pero señalaron que, pese a esa voluntad del gobierno, no hay avances significativos.

A partir de los datos aportados por un testigo protegido, se indaga en la participación de militares del Batallón 27 de Infantería de Iguala, ciudad de Guerrero donde se produjeron las desapariciones, y su supuesta responsabilidad en la entrega de los jóvenes a un grupo delictivo para que los matara. El primer militar detenido por este caso ‒recién en 2020‒ fue José Martínez Crespo, integrante de ese batallón.

Desde hace un año el gobierno intenta que Israel acceda a extraditar a Tomás Zerón, quien fue director de la ahora extinta Agencia de Investigación Criminal y está acusado de ocultar pruebas, desviar la investigación y torturar a testigos para construir esa “verdad histórica”. Se lo considera uno de los artífices de esa versión oficial de los hechos.

El subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas, comunicó el viernes a los familiares que López Obrador le mandó una carta al primer ministro de Israel, Naftali Bennet, para pedirle que acelere la entrega del exfuncionario, informo Efe. Zerón también está acusado de malversación de fondos de la Agencia de Investigación Criminal por unos 50 millones de dólares, pero argumenta que es víctima de una persecución del actual gobierno. “Yo espero que el gobierno de Israel actúe de manera consecuente, que se apegue a una política de respeto a los derechos humanos”, dijo López Obrador, según citó la agencia Sputnik.

A lo largo del caso se emitieron 89 órdenes de detención, pero 40 siguen pendientes de ejecución. Además, varias personas que habían sido detenidas quedaron en libertad porque fueron torturadas, y unas 20 más, vinculadas con el caso, fueron asesinadas.

Versión oficial y evidencia

Hace siete años, los 43 estudiantes de magisterio se dirigían en ómnibus a una protesta en Ciudad de México cuando fueron detenidos en Iguala por policías municipales corruptos, de acuerdo con la “verdad histórica” de Peña Nieto. Esa versión afirma que los jóvenes fueron entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, que los incineró en un basurero de Cocula, en ese mismo estado.

Sin embargo, hay indicios que apuntan a policías federales y a militares, y las investigaciones técnicas posteriores, como la que llevó adelante el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, descartaron que los cuerpos hayan sido quemados en Cocula, porque “no hay ninguna evidencia que apoye esa hipótesis”, ni en el lugar ni en los restos que se recuperaron.

López Obrador creó una Comisión para la Verdad que logró identificar los restos de dos estudiantes hallados en la barranca de Carnicería: los de Christian Alfonso Rodríguez, en 2018, y de Jhosivani Guerrero, en junio. No tenían signos de haber sido quemados. Un tercer estudiante, Alexander Mora, había sido identificado en diciembre de 2014, a partir de restos hallados en un río cercano.

El domingo, el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, presentó los avances de la investigación sobre el caso. Dijo que existen indicios de que los estudiantes “quedaron en medio de un choque de intereses del narcotráfico. Fue una coincidencia letal. [Esos intereses están] enquistados en las policías locales, en la Policía Federal, en los distintos organismos que tenían presencia en ese lugar”.