Integrantes de los partidos que conforman la coalición de gobierno señalan que tienen un “acuerdo avanzado” con el Frente Amplio (FA) para designar a los nuevos ministros de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, pero desde la oposición afirman que todavía no está resuelto. Dado que se requieren mayorías parlamentarias especiales para votar estas integraciones, el consenso entre la coalición multicolor y el FA es necesario.

En diálogo con la diaria, el senador de Cabildo Abierto (CA) Raúl Lozano dijo que el encargado de las negociaciones con el FA era el Partido Nacional (PN), que a su vez designó a algunos dirigentes para el mano a mano con la oposición. Según manifestó, tanto la vicepresidenta, Beatriz Argimón, como el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, le comunicaron “oficialmente” que se había alcanzado un acuerdo sobre la nueva integración de la Corte Electoral. Sobre este organismo el principal punto en discusión era quién iba a ser el presidente, y parece haber consenso sobre la permanencia de José Arocena.

Otros puntos que parecen saldados son el ingreso de CA a este organismo con la participación de Sandra Chá en lugar de Juan Máspoli, que está en representación del Partido Colorado (PC). Mientras tanto, el PN cambiará a una de sus integrantes, Ana Lía Piñeyrua, para poner a Darío Castiglioni.

En cambio, desde el FA aseguran que todavía no hay acuerdo y, según supo la diaria, una de las discrepancias está en quién será el suplente de Arocena. El lunes, durante una entrevista con el programa radial En Perspectiva, la senadora Lucía Topolansky dijo que la negociación “está trancada”. “Todavía no tenemos ningún acuerdo”, expresó, y respondió al oficialismo sobre los anuncios de que sí lo había: “No se puede hacer un anuncio de una pata”. Además, la exvicepresidenta dijo que el FA propuso “negociar un paquete” que, además de la Corte Electoral, implica resolver quiénes serán los nuevos integrantes del Tribunal de Cuentas, quién será el nuevo fiscal de Corte una vez que termine el mandato de Jorge Díaz y quién será el nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia [SCJ] una vez que Luis Tosi cumpla 70 años y quede impedido de continuar en el cargo.

El senador nacionalista Gustavo Penadés, en cambio, dijo a la diaria que “no tiene nada que ver el tema de la Corte Electoral con el tema ministros de la SCJ y Fiscalía General de la Nación”, ya que la negociación por estos últimos dos organismos “va por un lado” y la de los otros dos “va por el otro”. Concretamente, dijo que sobre la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas (donde Susana Díaz seguiría como presidenta) el acuerdo no está completamente cerrado “pero estaba muy avanzado”, mientras que para la SCJ y la Fiscalía “todavía no hay nada acordado” ni tampoco hay “nombres oficiales arriba de la mesa”.

Consultado sobre los dichos de Topolansky en la entrevista radial acerca de negociar los cuatro organismos juntos, Penadés dijo que “eso no fue lo que se planteó” en las reuniones.

Lozano, a su vez, dijo que la votación de las nuevas integraciones de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas se llevará a cabo “una vez terminado el conteo” de las firmas para llevar a referéndum 135 artículos de la ley de urgente consideración [LUC], “que la proyección que hay es que estaría a fines de noviembre”.

A su vez, el senador frenteamplista Charles Carrera, que también participó de la negociación, criticó a los dirigentes que “desde la semana pasada están anunciando que se llegó a un acuerdo” porque en realidad “no lo hay”. “Quizás el oficialismo llegó a un acuerdo en la designación de los cargos que les corresponden a ellos, al PN, a CA y al PC, pero con nosotros todavía no”, expresó.

La otra negociación

En cuanto al cargo de la Fiscalía General de la Nación en discusión, dado que el período de Díaz culmina en abril, hasta el momento se considera el nombre del fiscal especializado en Delitos Económicos de 2° turno, Enrique Rodríguez, el de la fiscal especializada en Estupefacientes de 1° turno, Mónica Ferrero, el de la fiscal especializada en Homicidios de 2° turno, Mirta Morales, y el de la ministra del Tribunal de Apelaciones en lo penal de 1º turno, Graciela Gatti, actual presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay.

Fuentes vinculadas a la negociación señalaron a la diaria que hasta el momento no hay ningún nombre propuesto formalmente, más allá de las conversaciones entre los legisladores, y auguraron que la reunión en la que cada parte hará sus planteos se dará una vez que la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda culmine el tratamiento de la Rendición de Cuentas.

Según supo la diaria, el nombre que suena con mayor fuerza en la Torre Ejecutiva es el de Mónica Ferrero, opción que en ámbitos judiciales se viene manejando desde noviembre de 2020. 

Semanas atrás, el FA comenzó a manejar el nombre de Mirta Morales, pero aún no fue planteado en la negociación, por lo que el oficialismo se abstiene de considerarlo hasta que se formalice la propuesta.

Una de las opciones que se planteó en un momento de la negociación fue llevar a Díaz como miembro de la SCJ en sustitución del ministro Tosi y dejar que la coalición de gobierno defina el fiscal de Corte, pero esa opción quedó descartada. Ante eso, crece la posibilidad de que la vacante dejada por Tosi sea designada por antigüedad y el nombre del fiscal de Corte surja de la negociación.

Juan Gómez fue otro de los nombres que se plantearon, pero el oficialismo no lo está considerando dado que se jubilaría en cinco años. Además, su identificación con la gestión de Díaz hace difícil la posibilidad de consenso a la interna de la coalición de gobierno.

Desde la Asociación de Fiscales expresaron su anhelo de que el fiscal de Corte sea un fiscal de carrera, condición que cumplen todos los mencionados a excepción de Gatti. Para los fiscales sería la primera vez, desde la vigencia del nuevo código de proceso, que tendrían un fiscal en la cúpula de la institución.

Fuentes de la Fiscalía señalaron a la diaria que los fiscales no quieren tomar partido por ninguna de las opciones, y centran su preocupación en que sea una persona que conozca los pormenores del trabajo en la institución, que entienda el rol que tiene en el nuevo código de proceso y que a su vez sea capaz de hacer una evaluación técnica de la situación en la que se encuentra, las necesidades que tiene en materia del diseño de la organización, su forma de funcionamiento y el vínculo con las otras instituciones que participan de la investigación penal.

Además, existe preocupación en el entorno de la Fiscalía por que este proceso no asocie a los postulados por el sistema político con los partidos que llevan su nombre, al considerar que esa identificación afecta la confianza en el sistema de Justicia.