El pedido de censura al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que promovió el Frente Amplio (FA) luego de la interpelación que se desarrolló el 18 de agosto por el acuerdo del gobierno con Katoen Natie, no prosperó este miércoles durante la sesión de la Cámara de Senadores. Ahora la oposición se encamina a presentar una serie de “acciones políticas y judiciales” en torno a la “entrega del puerto”, explicó a la diaria el senador Charles Carrera, quien fue miembro interpelante.

El primer camino definido por el FA es continuar difundiendo los “perjuicios” y “efectos negativos” del acuerdo con la empresa belga para “toda la cadena de la economía nacional” y, en paralelo, presentar una denuncia penal, para lo cual el equipo de abogados del FA está ultimando detalles y trabajando en la redacción.

“Nosotros creemos que hay una atribución más visible de responsabilidad en lo que tiene que ver con el accionar del ministro Luis Alberto Heber y el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo. Acá hay un conjunto de posibles ilícitos. Hay un beneficio enorme por medio de este acuerdo que gana esta empresa privada, y hay un perjuicio enorme para la sociedad uruguaya en su conjunto”, dijo Carrera.

El senador sostuvo que hay una serie de actos violatorios del ordenamiento jurídico. “Todo este expediente y estas nuevas obligaciones que asumió el Estado todavía no han pasado por el Tribunal de Cuentas. Hay usurpación de cometidos de parte de Juan Curbelo en lo que tiene que ver con atribuciones que son propias del directorio, que él ha tomado para sí”, dijo, y agregó que no existe un informe jurídico ni económico, ni un análisis ante la amenaza de juicio por parte de la empresa belga.

El FA también evalúa acompañar el proceso penal con acciones administrativas ante el Poder Ejecutivo, y civiles. Según sostuvo Carrera, con el acuerdo “se violó el derecho de participación política del FA y sus legisladores, por lo que estamos analizando la posibilidad de disponer algunos recursos administrativos y hasta la posibilidad de terminar en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo [TCA]”, apuntó. Por otra parte, manifestó que se analizan acciones civiles porque “esto tiene un objeto y una causa ilícitos”.

Los dos decretos de abril que oficializaron el acuerdo entre la multinacional belga y el gobierno también serán recurridos ante el TCA por la empresa Montecon, competidora de Katoen Natie en el puerto de Montevideo. Esta firma primero hizo una presentación ante Presidencia, organismo que emitió los decretos, y cuando pase el período previsto legalmente –lo que ocurrirá en octubre– llevará el tema al TCA, en busca de la nulidad del acuerdo.

El debate parlamentario

Con 12 votos de 30 senadores, la censura propuesta por el Frente Amplio naufragó, algo esperable luego del respaldo al informe del ministro que pasó por la interpelación. Antes de la sesión, el senador nacionalista Gustavo Penadés adelantaba el resultado: “Sería un contrasentido y está absolutamente alejado de la realidad que hoy se pudiera votar una censura de algo que hace 20 días atrás mereció el respaldo de la mayoría del Senado”.

“Esta es una jugada política del FA, que está en todo su derecho de promoverla, amparado en la Constitución, pero que consideramos absolutamente innecesaria, y que realmente termina por enviar un mensaje muy negativo a la inversión privada de nuestro país. Uruguay se ha caracterizado siempre por la seriedad y el respeto a los acuerdos que se han logrado en el pasado, muchos de ellos en la administración del FA, con inversores privados. Creo que es un paso atrás que el FA está promoviendo, y que considero contraproducente a los intereses nacionales”, opinó Penadés.

Carrera, por su parte, explicó la postura del FA: “Desencadenamos el mecanismo de censura, ya que consideramos que los actos de administración, de gobierno, relacionados con este acuerdo Uruguay-Katoen Natie son sumamente perjudiciales para la República. Lo caracterizamos como un acto de entrega de soberanía, con la constitución de un monopolio privado desregulado a una empresa privada por un plazo de 60 años, un plazo de 12 administraciones de gobierno”.

El senador de la oposición aseguró que la interpelación tenía como motivo principal encontrar una “explicación razonable” para el acuerdo que se firmó con la empresa belga, y no se obtuvo. “Esa búsqueda de una explicación razonable no fue sólo del FA, los otros partidos que integran este cuerpo también expresan sus dudas. Recuerdo la intervención del senador [de Cabildo Abierto, Guillermo] Domenech, las salidas a la prensa del diputado [del Partido Colorado] Ope Pasquet, quien señalaba algunas palabras, como: ‘Votamos esto porque estamos en la coalición, pero no estamos de acuerdo con lo que se hizo’”, comentó Carrera.

“Venimos a denunciar nuestra más firme oposición a este acuerdo sumamente ilegítimo para los intereses nacionales. No se actuó de acuerdo a la diligencia que debe tener un gobernante, se optó por los intereses particulares”, desarrolló Carrera.

Además de Carrera, hizo uso de la palabra buena parte de la bancada del FA, tanto en la exposición como para justificar el voto luego de que se tomara la decisión por la negativa. Entre otros, habló el senador Eduardo Bonomi, quien apuntó contra el presidente de la ANP; según dijo, “tomó decisiones sin consultar al directorio, y eso es censurable, eso es lo que traemos como motivo de censura. No el contenido, porque ya lo discutimos, ya sabemos lo que significa, y es peor todavía, porque sabemos lo que significa para el país. Pero se lo apoya; eso es lo que tenemos en cuenta cuando traemos la moción de censura”.

Durante su intervención Bonomi admitió que sabía de antemano el resultado de la sesión extraordinaria que se llevaba a cabo: “No importa si sale o no sale. No va a salir, pero va a quedar claro qué es lo que pensamos al respecto: que el tema del puerto no terminó. Lo vamos a seguir por todos los medios legales posibles; esto no termina acá, es tan grave para el país que dejarlo acá es un crimen”, enfatizó.

Los argumentos del oficialismo

Como era de esperarse, desde el oficialismo resaltaron el hecho de que se estaba discutiendo nuevamente sobre un tema ya saldado en la interpelación. El senador nacionalista Jorge Gandini así lo ilustró: “Resolví intervenir pero con una enorme pereza, volver a hablar de lo mismo que ocupó a este Senado por casi 20 horas”. “Se intentó justificar esta sesión con la censura, pero no hay nada nuevo en el horizonte, todo lo dicho ya había sido dicho en un debate en el que tenemos posturas diferentes y las mantuvimos”, resumió.

Desde la coalición, además de Gandini intervinieron sólo los senadores nacionalistas Sergio Botana y Penadés. Los tres senadores de la coalición de gobierno utilizaron sus intervenciones para repetir la defensa al ministro Heber que habían desarrollado en la interpelación. A su entender, Heber actuó en defensa del Estado y obtuvo un acuerdo que permitirá modernizar el puerto y hacerlo competitivo con otras terminales de la región y del mundo. “No hay mayor interés nacional que hacer que nuestro puerto sea competitivo, en tiempos, en tarifas y en eficiencia, para los nuestros y para los que vienen a operar”, afirmó Gandini.