La polémica por la extensión de la concesión a la empresa belga Katoen Natie de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo sigue sumando capítulos. Esta semana se supo que luego de una presentación de la empresa Montecon ‒competidora de Katoen Natie‒ contra el acuerdo, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (CPDC) decidió abrir una investigación, pero tras un reclamo de la firma belga, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revocó el acto administrativo por no estar fundamentado.
Este hecho impulsó al Frente Amplio (FA) a ampliar la denuncia penal que había presentado a fines de setiembre por la extensión de la concesión. El senador de la oposición Charles Carrera escribió el jueves en su cuenta de Twitter que “al escándalo del puerto se suma una nueva arbitrariedad que deja en evidencia las ilegalidades y arbitrariedades del gobierno”, ya que el MEF “de manera infundada” revocó la investigación instruida por la CPDC, un órgano desconcentrado de la cartera.
Carrera dijo que la investigación por acciones contrarias a la libre competencia presentada por Montecon contra el gobierno y Katoen Natie “estaba muy avanzada, reunía ya más de 1.000 fojas y esta semana debían declarar los testigos”, pero “con la decisión arbitraria del MEF se vuelve a foja cero”. “Es extraño que el MEF revoque el inicio de una investigación, ya que la CPDC ‘no prejuzga’ cuando instruye una denuncia. Es más, no existen antecedentes de este tipo de accionar por parte del MEF. La arbitrariedad es más que obvia”, sostuvo.
Agregó que en el recurso administrativo Katoen Natie argumenta que “la actividad no es de naturaleza económica y que en el mercado de carga y descarga de contenedores en el puerto de Montevideo no rigen las condiciones regulatorias de la competencia”. Para Carrera eso es “llamativo y contradictorio”.
Como parte del acuerdo que negoció con el gobierno, la multinacional belga recibió una extensión de la concesión que vencía en 2031 hasta 2081, logró la preferencia para el despacho de contenedores y se comprometió a realizar la mayor inversión en la historia del puerto para ampliar la infraestructura.
En diálogo con la diaria, Carrera explicó que en el proceso de investigación que llevó adelante el FA accedieron al plan de negocios ‒mediante un pedido de acceso a la información pública‒ que presentó Katoen Natie cuando se instaló en Uruguay en 2001, luego de ganar la concesión de la terminal. Según Carrera, en ese documento “es muy claro” que iba a existir un régimen de libre competencia dentro del puerto, que está consagrado en la Ley de Puertos de 1992 y en el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, para la oposición eso “es un elemento de prueba muy fuerte” de que existía “pleno conocimiento” de que la empresa “no tendría derecho a un monopolio en el manejo de los contenedores”.
Por lo tanto, el FA va a sumar ese elemento para que la Justicia lo tenga en cuenta en la investigación. Además, Carrera subrayó que desde que la oposición presentó la denuncia surgieron nuevos hechos, como tres demandas anulatorias en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) ‒de Montecon, Nobleza Naviera y el sindicato portuario‒. “Esas empresas presentaron recursos, el Poder Ejecutivo no se expidió sobre ellos, existió lo que se llama denegatoria ficta, y eso tiene una consecuencia negativa para el Estado, porque hay una presunción negativa de que existió un actuar ilegítimo del Estado conforme a la ley que rige a los recursos y la demanda anulatoria ante el TCA. Entonces, consideramos que estos son hechos nuevos que hay que adjuntarlos a la Justicia”, dijo Carrera.
Además, en relación al accionar del MEF, el senador sostuvo que el Poder Ejecutivo “está utilizando todo el poder público que tiene para que no salga a la luz su actuar ilegítimo”, porque, en definitiva, el acuerdo del puerto “ha violentado nuestra Constitución y el ordenamiento jurídico”.
Katoen Natie: Montecon optó por “el camino errado”
Este jueves Katoen Natie publicó un comunicado en el que señaló que Montecon denunció ante la CPDC como “práctica” y “conducta” anticompetitiva el dictado de normas administrativas. La empresa belga alega que el camino elegido por Montecon “a fin de impugnar normas regularmente dictadas no era, ni lo es, el de recurrir a las normas de defensa de la competencia (Ley 18.159) referidas a prácticas, conductas y actividades anticompetitivas que, por lo demás, ni siquiera hubieran tenido tiempo de ponerse en marcha”. “Para ello, la vía abierta lo era y es la impugnación administrativa y el reclamo anulatorio”, señaló la empresa, un camino que se está recorriendo en el TCA.
Según Katoen Natie, Montecon “está totalmente al tanto de esta irregularidad” respecto de la vía elegida para el reclamo, al punto “de haber transitado también el camino administrativo impugnatorio de esas normas”. La empresa belga agregó que Montecon está al tanto de esta irregularidad ya desde 2017, “cuando habiendo optado por el mismo, errado, camino de pretender impugnar el dictado de normas jurídicas apelando al mecanismo administrativo de denunciar prácticas anticompetitivas, su pretensión fuera expresamente desestimada por la Fiscalía de Gobierno”.