El Centro Militar manifestó su “profunda desazón” por las declaraciones del ministro de Defensa Nacional, Javier García, en el almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, sobre el proyecto de ley de prisión domiciliaria para personas mayores de 65 años privadas de libertad.

En el evento, que se realizó dos semanas atrás, García dijo que la iniciativa impulsada por Cabildo Abierto (CA) “puede convocar a radicalizaciones”, cuando en realidad el país “necesita paz y unidad”. “Esto no es un tema del gobierno, así que voy a opinar como ciudadano. Yo creo que no es conveniente entrar en una discusión que sin duda ninguna va a profundizar y dividir a los uruguayos por el pasado, yo quiero trabajar por la unidad en el futuro y por eso mi opinión es que no es conveniente entrar en ese debate”, apuntó.

La iniciativa fue presentada por CA en agosto del año pasado y, tras estancarse su tratamiento en la Comisión de Constitución del Senado por falta de acuerdo en la coalición, en julio de este año el Partido Nacional (PN) presentó una alternativa, que aumenta a 70 años la edad para acceder a la prisión domiciliaria, pero que también permitiría acceder al beneficio a los represores procesados y condenados por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.

Al respecto, el Consejo Directivo del Centro Militar, en una carta pública, sostuvo que la negativa del ministro a apoyar “dicho proyecto de ley se argumenta en que la posibilidad de prisión domiciliaria es un tema que ‘divide a los uruguayos’. El argumento del Sr. Ministro que, notoriamente, se refirió a la situación de militares y policías actualmente privados de su libertad no se ajusta a la realidad del devenir ni histórico ni jurídico de la República”.

El Centro Militar sostiene que los “sucesos acaecidos hace más de 50 años” tuvieron “varias etapas”, entre ellas, señalaron las “acciones armadas de movimientos subversivos atacando la institucionalidad y a la sociedad civil”; la “actuación del Estado a través de sus tres poderes y con el especial apoyo de las fuerzas de seguridad para salvaguardar a la sociedad y su sistema de gobierno”; la “declaración del Estado de guerra interno por parte del Parlamento Nacional cometiendo a las Fuerzas Armadas el enfrentamiento directo al terrorismo organizado, en el marco de sus competencias constitucionales y de las correspondientes al Poder Ejecutivo Art.168 Nral.17”; la “apertura de negociaciones hacia la transición para la normalidad democrática”; las elecciones de 1984 y la “asunción del nuevo gobierno electo con pleno retorno a la vigencia del sistema de gobierno democrático republicano para el período 1985/1990”.

Asimismo, expresaron que tanto la aprobación de la ley de caducidad como las dos posteriores consultas populares contra la normativa (1989 y 2009) los “acredita para afirmar, al contrario de la opinión del Sr. Ministro, que si hay un tema que institucional y jurídicamente no dividió a los uruguayos es el de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado”.

“Muy distinto o diferente, respetable y digno de toda la elevación espiritual posible son los sentimientos de dolor que anidan en todas y cada una de las familias orientales que vivieron aquellos tristes días y que el propio Estado ha tratado de reparar en algunos casos, en otros no”, se señala.

En suma, lamentaron “la desafortunada intervención” de García, que perciben “como una equivocada opinión subjetiva”, y manifestaron que desean “que el señor ministro de Defensa Nacional en un acto de grandeza procure en sus futuras alocuciones promover una efectiva reconciliación nacional”.