Crime Stoppers, un centro de denuncias anónimas internacional que se especializa en delitos como lavado de activos y la trata de personas, manifestó su deseo de instalarse en Uruguay a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). Alejo Campo, director regional de la organización, quien acudió a la Comisión Especial con Fines Legislativos de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y el Crimen Organizado de la cámara baja, indicó que la propuesta es abrir la oficina para “colaborar activamente” con el Estado uruguayo para la “prevención y persecución” de todos los delitos trasnacionales y “sus efectos” en las economías y en la sociedad.
Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, Campo indicó que necesitan trabajar dentro de un marco normativo que les pone “ciertos parámetros”, por lo tanto para que estos “sean efectivos” necesitan que esa normativa “sea lo suficientemente flexible, que esté actualizada y, sobre todo, que tenga una visión global”.
Campo es uruguayo radicado en Panamá desde hace varios años. En la comisión, consideró que hay una “falsa percepción” sobre Uruguay: “‘Ahí no pasa nada. Qué país tranquilo. Qué bueno’, dicen, pero no es así. Esa falsa percepción de que en Uruguay no pasa nada facilita, muchas veces, que estructuras de crimen organizado, en silencio, operen usando y abusando de nuestro sistema y de nuestras legislaciones”, advirtió ante los representantes, por lo que pidió “estar alertas” en ese sentido, porque “toda la droga que ha salido por los puertos uruguayos hacia Europa o África, principalmente, se contrapone con el pensamiento de que no pasa nada”.
Campo sostuvo que en la medida en que se empiece a usar más el sistema uruguayo para “lavar dinero a través del comercio” y en que Uruguay se transforme en un hub logístico para el comercio, el crimen organizado “va a venir a tratar de blanquear lo más que pueda”. Eso, según agregó, “va a bajar la competitividad, porque hay una cantidad de navieras internacionales que no van a querer estar involucradas en puertos que se están usando con transacciones en las que se pueda estar lavando dinero a través de contenedores, como los que suben y bajan del puerto de Montevideo”.
Ante la consulta del diputado frenteamplista Mariano Tucci de por qué Crime Stoppers considera instalarse en Uruguay, Campo respondió que Uruguay empieza a aparecer en algunos estudios de la oficina de Naciones Unidas con “algunos números en materia de trata de personas o de incautaciones de cocaína”, y lamentó que “antes no aparecía tanto en algunos informes internacionales”.
A su vez, Campo señaló que les interesa instalarse en Uruguay porque su intención es abrir una oficina subregional para el Mercosur y porque nuestro país “siempre ha mantenido una constante institucionalidad política; hay paz política, y mirando desde afuera, como organización internacional, uno busca esos espacios de institucionalidad política estables para poder poner una oficina subregional desde la cual trabajar”.
Desde la Senaclaft indicaron a la diaria que “puede ser muy útil” que Crime Stoppers se instale en Uruguay.
Recomiendan avanzar en una ley de “extinción del dominio”
Los legisladores presentes en la comisión consideraron como una “buena noticia” el interés de la organización de instalarse en Uruguay. Bettiana Díaz, presidenta de la comisión y diputada por el Frente Amplio, indicó que “lo real” es que en el último tiempo “ha habido una flexibilización de la percepción del riesgo, por diferentes motivos, y además también tenemos debilidades institucionales en los organismos de contralor”.
En agregado, Díaz dijo que han constatado que Uruguay ya no es un país de tránsito para la trata de personas ni para los delitos que lleva adelante el crimen trasnacional organizado, sino que es un “país de destino”. A modo de ejemplo, sostuvo que si hay incautaciones “casi todos los días” en el puerto de Montevideo es porque “hay instalada una red de salida de drogas”.
El diputado colorado Conrado Rodríguez discrepó con Díaz y aseguró que Uruguay “ha venido avanzando desde hace bastante tiempo” en el combate contra el crimen organizado, más allá de gobiernos, y citó como ejemplo la creación de la junta anticorrupción en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti –hoy la Junta de Transparencia y Ética Pública–. Si bien destacó las mejoras posteriores, señaló que “obviamente” cuando existen bienes que se adquieren por los dividendos que se producen en este tipo de delitos “hay que actuar con mucha fuerza para que pasen a manos del Estado”.
Sobre el punto que planteó Rodríguez, Campo recomendó que Uruguay debe avanzar en una ley de extinción del dominio; esto es quitar el “brazo económico” al crimen organizado, porque “de nada sirve seguir haciendo incautaciones de contrabando de cocaína si no tenemos rápidamente la potestad para que ese bien pase a dominio del Estado”.
“Eso implica devolver a la gente a través de algo concreto el daño que el crimen organizado le ha hecho, porque este le produce a la sociedad un daño enorme, que a veces es silencioso; la gente no lo ve y no lo podemos comunicar tan fácil, pero hay un daño, y una forma de resarcir ese daño es devolver el uso de estos bienes que han sido obtenidos de forma ilegal, o que sirven para cometer delitos”, concluyó Campo.