Este miércoles autoridades del Ministerio de Ambiente y OSE asistieron a la Cámara de Diputados en régimen de comisión general para brindar detalles sobre el proyecto Neptuno. La iniciativa fue presentada por las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast, unidas en el consorcio Aguas de Montevideo, y busca instalar una planta potabilizadora en Arazatí, San José, y tomar el agua bruta del Río de la Plata. En las barras del Parlamento se podía observar a integrantes de [organizaciones socioambientales, que afirman que se trata de un proceso de “privatización” de la empresa que suministra agua potable. Además de los actores sociales, el proyecto también ha recibido advertencias por parte de académicos ya que su ubicación es vulnerable frente a floraciones algales y su salinidad.
Neptuno está dirigido a abastecer el área metropolitana y Montevideo. Actualmente parte de este territorio recibe agua potable de la planta de Aguas Corrientes, que tiene como fuente el río Santa Lucía. Durante su exposición, el ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña, manifestó que “en el río Santa Lucía no podemos procesar más de 690 mil metros cúbicos de manera efectiva, no podemos bombear más de 690 mil metros cúbicos. Estudios en el ámbito de OSE y consultorías determinan una proyección de la demanda futura; para el año 2034 la demanda efectiva será de 711 mil metros cúbicos y de 820 mil metros cúbicos al año 2045. Aquí está instalado el problema que tenemos: el sistema del río Santa Lucía está al límite y estresado”. Sumó que se trata de un “problema de seguridad pública” por “la enorme vulnerabilidad a la que estamos expuestos”. En este contexto, las iniciativas privadas presentaron su idea en 2020.
Peña apuntó que “todavía no existe un proyecto definitivo” y, por lo tanto, “no tiene la aprobación de OSE”. Asimismo, comentó que luego que sea aprobado por la empresa pública, pasará al ámbito del ministerio con el objetivo de realizar una evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, el estudio de factibilidad, aprobado por parte del directorio de OSE y presentado por el consorcio Aguas de Montevideo, incluyó más de 80 puntos con impactos ambientales.
Por otra parte, el jerarca planteó que aún “quedan instancias sin definir” vinculadas a “cuestiones financieras que exceden a OSE y el Ministerio de Ambiente”. A su vez, indicó que “OSE tiene avanzado un 95% los términos de referencia del contrato”. Durante la conferencia de prensa, aseguró que “si todo anda bien”, el proyecto “antes de final de año va a estar aprobado” y “quizás de aquí a un año, estaremos comenzando las obras”. Con respecto a cómo se financiará comentó que “no está definido si será público o privado”, aunque especificó que “la toma, bombeo de agua bruta, potabilización, bombeo de agua tratada e integración al sistema metropolitano, estará a cargo de OSE”.
El ministro de la cartera ambiental justificó la necesidad de una segunda planta potabilizadora basándose en la recomendación elaborada por Mekorot, compañía nacional de agua de Israel. OSE contrató la consultoría de la empresa para asesorarse en la planificación de los recursos hídricos; parte de sus recomendaciones fueron duramente cuestionadas por académicos de la Universidad de la República. Además, la contratación recibió una observación por parte del Tribunal de Cuentas.
Por otra parte, Peña también leyó parte de las conclusiones de un [informe que realizó el Centro Universitario Regional del Este (CURE). Allí, los científicos señalaron que es necesario contar con fuentes alternativas de agua para potabilizar y, por su volumen, el Río de la Plata y el Océano Atlántico son “las fuentes de agua potable alternativas menos vulnerables al impacto de la extracción”. Sin embargo, un punto que no se recordó, fue la preocupación que transmitieron los expertos por la promoción de “la idea de que no es necesario o ya no es prioritario impedir un mayor deterioro e invertir en recuperar la calidad de nuestro ambiente”. Describieron que la “lógica de uso y abandono” de recursos hídricos ya tiene “larga historia en el país”.
Peña mencionó que actualmente se está estudiando la zona donde se instalará la planta. “Se colectan muestras de agua a 2000 metros en el balneario Arazatí y se definieron una serie de parámetros físicos, químicos, orgánicos, hidrológicos. Los valores registrados son consistentes con los parámetros históricos que provienen de estudios de la Dinama [Dirección Nacional de Medio Ambiente]. Los resultados obtenidos no evidencian una filtración ambiental severa. La mayor parte de los parámetros demostraron concentraciones aceptables, a excepción del fósforo que es consistente con los antecedentes del río y el país en general. El problema de las floraciones no es un problema en Arazatí, es un problema de Uruguay. Un país productivo, con fuerte presión sobre sus cuencas, tiene estos problemas en todo el país”, declaró. Con respecto a este punto, dijo que la planta que se busca instalar es de “última generación” y “tiene procesos incorporados que todavía no existen en Uruguay en cuanto a la mejora de tratamiento y poder tratar estos problemas de mejor manera”.
También manifestó que “el abastecimiento para el área metropolitana no tiene una rápida solución” y que el plan de las autoridades se basa en tres componentes: la toma del Río de la Plata, la “reducción de pérdidas” y la presa de Casupá. Indicó que “nadie está en contra de Casupá” y que su postergación se vincula a que no pueden “hacerlo todo a la vez”.
Transparencia, falta de información y Netflix
La diputada del Frente Amplio (FA) Sylvia Ibarguren fue la miembro convocante y realizó al comienzo de su exposición un resumen cronológico desde los primeros estudios que marcaban la necesidad de aumentar el caudal de agua para la zona metropolitana hasta la presentación del proyecto Neptuno. A lo largo de su exposición, planteó 12 preguntas que tenía la fuerza política.
Después de la comparecencia de las autoridades, Ibarguren dijo en conferencia de prensa que tienen “mayores dudas, incertidumbres e inconsistencias” sobre el proyecto. “No han sido contestadas un montón de preguntas. Sabemos la necesidad que tiene el país porque las proyecciones que hoy se hablan en relación al aumento de la demanda para el sistema metropolitano de abastecimiento de agua potable están detectadas por parte de OSE desde 2001”, argumentó y enseguida sumó que Neptuno “es mucho más caro” que Casupá y “no resuelve el problema”.
Su correligionario Mariano Tucci rechazó “la definición política del directorio de OSE” de “dejar a un costado al director de la oposición que representa al FA en esta comparecencia”. “El ministro ha dicho un montón de cosas, entre ellas, que no hay proyecto. Sin embargo, lo que ha hecho durante todas estas horas es hablar de un proyecto y una licitación que está 95% terminada. Esto es parte de las inconsistencias generales”, declaró y agregó que cuando estén los contenidos del llamado van a evaluar tener “otro tipo de instancia parlamentaria de igual o mayor envergadura”.
Por otro lado, Felipe Schipani, diputado del Partido Colorado, resaltó que “se pretende hacer la idea” de que el proyecto “trata de un conjunto de empresas que quieren lucrar” cuando “es el camino” para que “Montevideo y sus zonas aledañas estén preparadas para eventualidades que puedan ocurrir”.
El representante de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, aseguró que su partido político “no tiene una posición frente al tema” porque tienen “mucha falta de información”. “Prejuzgando, uno lee esta noticia: ‘Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast se unieron en un consorcio para proponerle al gobierno un proyecto Neptuno con la intención de buscar una fuente infinita de agua potable’. Parecen unos superhéroes de una serie de Netflix”, indicó. También mencionó que tiene dudas sobre “si estamos frente a un proyecto o no” y que “en virtud de los tiempos que se están manejando” no piensa que “sea para este gobierno”.