Con el foco en la renovación de las licencias sindicales por parte del directorio del Banco de Previsión Social y la búsqueda de mayor repercusión en los medios de comunicación, Un Solo Uruguay (USU) realizó su primera Mesa Nacional en Montevideo. La instancia consistió en una reunión entre los delegados de la organización en cada departamento para discutir los temas de actualidad que consideran más importantes.

En esta ocasión, se habló de la actuación de José Pereira, director electo por los empresarios en el Banco de Previsión Social (BPS) y que pertenece a USU, que votó en contra de la renovación de la licencia sindical total de seis dirigentes de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. En diálogo con la diaria, Julián Cabrera, integrante de USU, comentó que la organización entiende que la renovación es un “despelote”. Aclaró que no es un ataque a los sindicatos, pero agregó que no le parece bueno que toda la sociedad sustente sus viáticos. Apuntó que en Un Solo Uruguay “hemos estado en actividades sociales o gremiales y han sido nuestras agrupaciones las que nos han pagado los viáticos, los pasajes y los viajes”.

Puso como ejemplo a Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio y dijo que “hace 20 años que no va a trabajar y cobrar un sueldo”: “Estarle pagando a un tipo para que aprenda a hablar bien... a mí me encantaría, me mato hasta con Foucault o con el que quieras, pero tengo que ganarme el pan”. Consideró que “por algo está ahí, la mayoría de la gente lo ve bien”, pero para él es una “irrespetuosidad”. “Más cuando ves que muchos de los que aportamos tenemos un ingreso mensual mucho menor”, argumentó.

En la mesa también se habló sobre la relación de la organización con la prensa para hacer llegar “su mirada diferente”. Su intención es analizar de qué forma pueden incidir en el sistema político para lograr cambios en él. Manifestó que en campaña electoral “absolutamente todos” recogen sus ideas, pero a la hora de llevarlas a cabo, nadie más concreta.

Planteó que a USU le preocupa particularmente el “deterioro” que hay en el interior: “cuánto más alejado de los centros poblados, el deterioro es más grande. Se ve en los medios de comunicación, en el acceso a la tecnología, [comparando] el estado de las calles de Montevideo y las rutas de afuera. Montevideo desconoce que hoy más del 50% de la tierra está extranjerizada y concentrada”.

Apuntó que la extranjerización “en buena medida” la hizo el gobierno de Julio María Sanguinetti, la siguió el de Luis Alberto Lacalle Herrera y el que “la agravó” fue “el presidente más nefasto para la parte rural”, José Mujica, que tuvo “un discurso que hacía creer que sabía del tema, fue el período de tiempo en que más se concentró y extranjerizó la tierra”. El desafío para USU es transmitirle eso a la gente para que “le interese, lo escuche y lo corrobore”.

En diálogo con otros medios de prensa, afirmó que la organización no le hace “reclamos” al actual gobierno, hace “propuestas” y añadió que “hubo un cambio de gobierno, pero no de política”. Puso como ejemplo la forma de encarar la suba de los combustibles: “La mayoría de los grupos están en Montevideo y la mayoría se mueve a nafta, o sea que más vale no subir eso. Pero se olvidan de que con el gas oil se mueven todos los transportes de alimentos e insumos y después se les aparece una inflación que no saben qué hacer con ella”.

“Tenemos el 50% de la tierra extranjerizada y gente por debajo de la línea de la pobreza en el medio rural, ¿vamos a estar hablando día y noche de la olla popular y solidaria y Astesiano? Triste mi país cuando los gobernantes no tienen la capacidad de levantar la mirada”, concluyó.

El diálogo con la gente

Luego de que finalizara la actividad de la mesa, USU organizó una charla abierta al público general. La actividad contó con la presencia de Bernardo Segovia, integrante del equipo de José Pereira en el BPS, que fue el encargado de hablar sobre la opinión y las propuestas del integrante del directorio. Desde un principio, apuntó que no están de acuerdo con la reforma de jubilación que propuso el gobierno, incluso, aseguró que “no puede considerarse una reforma”.

Argumentó que el proyecto no busca la reforma de la seguridad social, sólo reformar las jubilaciones: “Su fin es favorecer a las AFAP y subir la edad jubilatoria, no se habla de cómo salir del déficit que tienen las distintas cajas”, explicó.

Para él, la reforma tiene que “atacar en lo que se gasta”, pero también estipular de dónde va a ingresar el dinero para cubrir las próximas jubilaciones. En ese sentido, planteó que no se están proponiendo ideas para que el BPS recaude más: “El BPS es estricto en el cobro de las deudas, sólo ofrece una opción. Si yo tengo déficit, ¿no me interesa que la persona con deudas tenga más opciones para pagar?”, lanzó.

A pedido del público, abordó las certificaciones por enfermedad, que, según dijo, generan un tercio del déficit que tiene el BPS. Explicó que luego de la pandemia quedó una tendencia muy grande a certificarse, aproximadamente 50.000 personas se certifican por mes. Aseguró que el BPS no controla las certificaciones, espera que la empresa denuncie que el empleado se certifica sin causal.

Su objetivo es que haya un nuevo sistema de certificación laboral, incluso habló de que aspiran a que se transforme en un proyecto de ley. “La idea es que haya otro paso en el que un médico de la empresa realice un control sobre la certificación que realiza el trabajador. Hay que darle más control a la empresa sobre las certificaciones médicas que se han presentado”, contó. Según dijo, se piensa en un sistema que no le genere un costo excesivo a la empresa, como un sistema en el que varias empresas tengan un mismo médico.

Los asistentes mostraron su preocupación por que se aumenten los impuestos a los productores para sostener la reforma bajo el argumento de que “siempre es el sector exportador el que banca la chanchita”. También apuntaron que se exonera de impuestos a las grandes multinacionales y se “mata” a las pequeñas y medianas empresas, que cada vez son menos. Desde USU se manifestó que su intención es averiguar qué ocurre con la mitad del dinero del BPS, que, según dijeron, es un “agujero negro” que no se sabe para qué se usa, y que van a velar por que no se sigan planteando impuestos para que “haya un agujero negro más grande”.