La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) manifestó su “total solidaridad” y “respaldo” a los trabajadores del diario El Observador que “fueron objeto de un acto de censura promovida por los actuales propietarios del medio”, a raíz de la decisión editorial de no publicar la noticia de que el exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano le pidió a Jorge Berriel, subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, que averiguara a dónde iba a viajar Lorena Ponce de León, exesposa del presidente Luis Lacalle Pou, en julio de este año.

El sindicato de la prensa manifestó en un comunicado que “esta lamentable decisión, que pretendió privar a los lectores del diario de una información que estaba debidamente confirmada, constituye un episodio grave que afecta la libertad de expresión y de trabajo de periodistas”. El martes, varios periodistas del medio, encabezado desde mayo por los empresarios argentinos Gerardo Werthein y Gabriel Hochbaum, publicaron en sus cuentas personales de Twitter un documento de Word con la nota, y APU indicó que el Consejo Directivo Central del gremio “posee información que da cuenta de la existencia de al menos una llamada desde el gobierno para que la información en cuestión no se publicara”.

Apuntaron que, más allá de la “relevancia intrínseca” de la información que fue censurada y de la calidad de afiliados o no de los periodistas involucrados, genera “gran preocupación” la “sucesión de hechos, en su mayoría asociados a las más altas esferas del poder, que está afectando el desempeño profesional de la tarea periodística y, lo que es más grave aún, la calidad democrática del país”.

En diálogo con la diaria, el presidente de APU, Fabián Cardozo, valoró la posición que tomaron los trabajadores del medio al publicar la nota en Twitter, pese a que la dirección del diario optó por no hacerlo. “A veces estas cosas pasan y quedan en la interna de una redacción y la gente no se entera”, indicó. A su vez, sostuvo que “se está prendiendo una luz amarilla” en lo que refiere a libertad de expresión y al ejercicio profesional del periodismo, y remarcó el “permanente hostigamiento” a trabajadores por parte de actores cercanos al oficialismo.

“Esto habla de cómo el sector empresarial intenta sostener algo similar a lo que podría llamarse un blindaje, pero hay algunas noticias que son difíciles de blindar”, expresó Cardozo, y consideró “fundamental” la organización entre trabajadores para contrarrestarlo, como ocurrió en este caso.

En tanto, el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo) expresó que “la decisión editorial” de El Observador “debilita el debate público y vuelve a poner en la agenda la existencia de posibles presiones del gobierno para afectar las informaciones que involucran al entorno del presidente Luis Lacalle Pou”.

Fabián Werner, presidente de Cainfo, sostuvo en diálogo con la diaria que se trata de un “episodio preocupante” si se lo mira desde la “actitud del gobierno”, y aseguró que “por primera vez” se da una situación en la que “la presión del gobierno lleva a que un grupo de periodistas de un medio decida difundir una noticia para evitar que sea censurada por la empresa en la que trabaja”. “Creo que nunca había ocurrido, y da cuenta de la gravedad de lo que pasó”, evaluó.

Por su lado, la sede uruguaya de Amnistía Internacional lamentó el episodio y apuntó que la información que trascendió alertó al organismo por “el posible uso irresponsable y peligroso del aparato de seguridad estatal con fines de vigilancia ilegal y espionaje”. Señalaron que la información que se difundió refiere “presuntamente” al accionar de funcionarios públicos “vinculado a abuso de funciones, tráfico de influencias, vigilancia ilegal, pero también expone los problemas estructurales de violencia de género en Uruguay”.

Es así que remarcaron que este tipo de hechos “dañan profundamente” la institucionalidad y sus “garantías”. “Es extremadamente grave que se empleen recursos públicos para vigilar ilegalmente a personas, ya sea por motivos políticos o personales. Estas situaciones podrían implicar violaciones a la privacidad y violencia de género”, agregaron.

Desde la dirección de El Observador se dijo a la diaria que por el momento no harán comentarios sobre el caso.

Orsi: “Espero sea un desgraciado y coyuntural episodio”

El episodio trajo críticas tanto desde el sistema político como desde el ámbito judicial. Por ejemplo, se manifestó al respecto el senador frenteamplista Mario Bergara, quien escribió en su cuenta de Twitter: “El ejercicio libre del periodismo es uno de los pilares de la democracia. En nuestro país ya ha habido episodios de censura que son recordados como acontecimientos tristes de nuestra historia. Saludo a los periodistas que actúan con profesionalismo y coraje”.

En tanto, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, sostuvo que cualquier hecho “consumado que esté afectando la libertad de expresión y que ponga en cuestión la posibilidad de que los ciudadanos reciban información resulta muy preocupante”. En ese marco, apuntó que el gobierno “no se debe enojar” cuando Uruguay “siga bajando de ciertos estándares en materia de libertad de expresión”. “Espero sea un desgraciado y coyuntural episodio que impidió a los periodistas publicar su trabajo. Y confío en que su decisión de hacer conocer la información a través de las redes no afecte en lo más mínimo su trabajo. Se trata de la libertad, ni más ni menos. Sin adjetivos, la libertad. Pero de verdad, no la del marketing”, añadió.

Por su parte, el exfiscal de Corte Jorge Díaz dijo que cuando un periodista tiene que recurrir a sus redes sociales para hacer pública una información de interés público que el medio donde trabaja se niega a publicar, “es porque se produjo una colisión entre la libertad de opinión y el derecho de propiedad de los medios”. “Resolver ese conflicto ponderando los derechos en pugna tiene una única solución: prima la libertad de expresión. Gracias a los periodistas que rompieron el cerco de los intereses empresariales, haciendo pública la información que sólo nosotros, el público, debemos evaluar”, añadió.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió en 2021 por “denuncias que alegan un creciente clima de hostigamientos y acusaciones contra periodistas y medios críticos”. Dichos hostigamientos se dan “especialmente en redes sociales y presuntamente por parte de voces oficiales, lo que estaría constriñendo las garantías para la libertad de expresión y el espacio informativo”.

Por otro lado, la ONG Reporteros sin Fronteras (RSF) constató una caída de Uruguay del puesto 18 al 44. Según la organización, Uruguay “tiene un contexto propicio para un diálogo constructivo e inclusivo sobre el papel de los medios en el país”, y aunque el mapa mediático “es bastante pluralista”, la ONG ve un problema en que el ecosistema de medios esté concentrado en tres grandes grupos: Villar/De Feo (Canal 10), Romay (Canal 4) y Cardoso/Scheck (Canal 12). A su vez, señala que “en los últimos años, se han registrado varios casos de presiones políticas contra periodistas que cubrían asuntos sensibles, al implicar a miembros de la Presidencia de la República”.