Ayer, como todos los lunes, se reunió el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado (PC) y entre los temas que trató estuvo el caso del exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano. Al término de la reunión, el CEN emitió un comunicado ante “la repercusión pública de la investigación de hechos delictivos imputados a un sujeto, infelizmente contratado por la Presidencia de la República para prestar servicios de seguridad”.
El CEN sostuvo “que es de imperiosa necesidad republicana que la investigación que conduce la fiscal a cargo del asunto [Gabriela Fossati] avance con la máxima celeridad compatible con las garantías del debido proceso y el cumplimiento de la ley”. Además, indicaron que “urge determinar precisa y concretamente qué pasó y quién o quiénes fueron los responsables de lo que pasó, para castigarlos como por derecho corresponda”. “Sólo la acción rápida y firme de la Justicia puede llevar tranquilidad y confianza a la ciudadanía, frustrando así cualquier intención política de enlodar a todo un gobierno a partir de las acciones de un vulgar delincuente”, se agregó.
En el segundo punto el CEN colorado indicó que “para que la investigación pueda desarrollarse normal y eficazmente, es preciso que esté libre de presiones e interferencias, políticas o mediáticas”, porque “quien conduce la investigación es la fiscal del caso, cuya independencia técnica debe ser respetada por todos, sin excepciones”.
Por último, señalaron que “mientras la investigación está en curso”, el CEN “considera que la propia seriedad del asunto exige no alarmar a la opinión pública con meras conjeturas acerca de lo que pudo o no haber ocurrido”.
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“Por lo menos debería llamar a alarma”
Ante esto, un grupo de convencionales colorados, entre los que están Margarita Machado -además integrante del CEN-, Aníbal Gloodtdofsky, José Pablo Franzini Batlle y Baltasar Brum, emitieron un comunicado en el que señalaron que los firmantes, “colorados y batllistas, identificados con los valores republicanos”, presentan una “honda preocupación por sucesivos hechos de la vida pública” que significan “un retroceso institucional de nuestra República”.
En el comunicado sostuvieron que “los actos delictivos llevados a cabo por el exjefe de custodia presidencial parecen ir ampliándose a situaciones alarmantes de creciente gravedad, debido al daño institucional que ocasionan”, por lo que entienden “que su investigación debe llevarse a cabo sin ninguna limitación ni injerencia política de ninguna clase”.
“Los errores cometidos en la contratación del exjefe de custodia conllevan responsabilidades que no pueden reducirse mediante el argumento de resguardar temas personales. En principio, las conversaciones del presidente [Luis Lacalle Pou] con su jefe de custodios deben referir a cuestiones del trabajo (esa debería ser la regla). Por tanto, la Fiscalía debe conocerlas, analizarlas y calificarlas, y luego de eso resolver cuáles de ellas deberán mantenerse en reserva, por ser ajenas a los hechos que se investigan”, agregaron.
Además, indicaron que “la exclusión de responsabilidad presidencial derivada de la investidura tiene el alcance y las limitaciones que establece nuestra Constitución y no puede interpretarse fuera de ellos, sin perjuicio de respetar en toda su extensión la presunción de inocencia”.
“La preocupación por la presunta utilización de herramientas del Estado para violar los derechos de no se sabe cuántos ciudadanos, en tanto resulta violatoria de la Constitución y las leyes, no puede ser desestimada calificándola como ‘manija’. Y resulta inaceptable que permanezcan en sus puestos los jerarcas policiales que habrían habilitado el acceso a esas herramientas en forma absolutamente ilegal: sin autorización judicial, sin que existiera ninguna investigación oficial y a personas ajenas al ámbito estatal”, agregaron.
Por último, los firmantes colorados indicaron que “la actual y -coyuntural- lógica binaria, de bloques, no puede cercenar” su vocación republicana, que implica “el apego irrestricto a la verdad y la justicia”. “Iluminados por nuestra historia e identidad partidaria, debemos bregar por el esclarecimiento de los hechos, la asunción real de responsabilidades de todos, sin exclusiones, y el respeto absoluto a nuestras instituciones y nuestras mejores tradiciones republicanas”, finalizaron.
El PC debería “deslindar responsabilidades”
En diálogo con la diaria, Gloodtdofsky criticó la declaración del CEN, a la que calificó de “muy flojita”, y subrayó que fue aprobada por 14 votos contra uno, con el voto de Machado en contra. Para Gloodtdofsky, la situación de Astesiano “por lo menos debería llamar a alarma” al CEN; sin embargo, “al trote” del secretario general del PC, Julio María Sanguinetti, “no emite una opinión contundente sobre ninguno de los hechos”.
Gloodtdofsky sostuvo que el PC “se hace corresponsable de cosas que están pasando a nivel del gobierno en las que no tiene absolutamente nada que ver”, y señaló que por lo menos debería “deslindar responsabilidades”, porque “el PC está en esta coalición por un compromiso que firmó, no para respaldar ni silenciar su opinión ante hechos de esta naturaleza”. “Cada vez que Sanguinetti sale es para minimizar y ningunear la realidad”, finalizó.