La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, un organismo desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), decidió seguir adelante con la investigación que había comenzado tras una denuncia de la firma Montecon por el contrato sobre el puerto entre el gobierno y Katoen Natie. La definición se tomó días atrás, luego de que en enero el MEF emitiera una resolución que revocaba la investigación, tras un reclamo de Katoen Natie.

Con fecha 1º de febrero y la firma de los tres comisionados de Defensa de la Competencia ‒Natalia Jul, Alejandra Giuffra y Daniel Ferrés‒, se emitió la resolución que plantea “la pertinencia de la denuncia presentada por Montecon”, sin hacer lugar al pedido de la empresa del “cese preventivo” del contrato y “la adopción de medidas cautelares”. El documento fue dado a conocer por el programa En perspectiva de Radiomundo.

Con la revocación efectuada por el MEF sobre el expediente de la investigación que había iniciado la comisión, el asunto volvía al comienzo del proceso y los comisionados tenían diez días hábiles para expedirse sobre si aceptaban o no la denuncia de Montecon. Tras conocerse la intervención del MEF, hubo críticas por parte del Frente Amplio sobre el accionar de las autoridades.

La denuncia refiere al acuerdo que el gobierno suscribió con la firma belga Katoen Natie, que extendió la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo y dio la prioridad para el despacho de buques, lo que ha despertado críticas bajo el entendido de que consagra un monopolio portuario. Por eso es que Montecon denunció al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Administración Nacional de Puertos (ANP) y a Katoen Natie, por cometer “diversas prácticas anticompetitivas”.

La decisión de setiembre y la más reciente de la comisión no implica dar por válida la denuncia, sino entender que se cumplieron las formalidades y que amerita realizar una investigación. La intervención del MEF tampoco se expedía sobre el fondo del asunto, sino que indicaba que la investigación “no se advierte que haya sido debidamente motivada” y “tampoco surge de los antecedentes administrativos la fundamentación que ampare la admisión de la denuncia”.

En la resolución de días atrás, la comisión señaló en los considerandos que la normativa sobre defensa de la competencia “favorece la recepción de denuncias”; que es el órgano competente para “procesar” lo denunciado por Montecon; que “el hecho de que la actividad portuaria esté regulada” por un organismo específico ‒la ANP‒ no es un impedimento para iniciar la investigación; que “las prácticas denunciadas se enmarcan en la normativa de defensa de la competencia”; y que “la denuncia cumple con todos los requisitos formales”.

La denuncia de Montecon dice que el contrato entre el gobierno y Katoen Natie que fijó nuevas condiciones para la operativa portuaria estaría “comprendido por las prácticas prohibidas” por la ley de defensa de la competencia, ya que se “limita y restringe la producción y el desarrollo tecnológico de servicios de carga y descarga de contenedores”, “impide el acceso de competidores”, y “establece zonas y actividades” donde la firma belga “operará en forma exclusiva”.

Para la empresa portuaria competidora de Katoen Natie, el acuerdo celebrado con el gobierno “constituye una especie de pacto colusorio o práctica concertada realizada con la intención, finalidad y efecto de excluir competidores del mercado”. En la denuncia se manifiesta que estas conductas tienen “por objeto y efecto restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia actual o futura en el mercado relevante”.

Con esta decisión, la Comisión de Defensa de la Competencia retoma la investigación y comenzará a citar a testigos que representan a las partes involucradas.