Este martes los senadores Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) y Óscar Andrade (Frente Amplio) protagonizaron el primer debate sobre la ley de urgente consideración (LUC), que será sometida a referéndum el 27 de marzo. El intercambio se realizó en el Centro Comercial e Industrial de Florida.
En el primer tramo de la discusión los intercambios se centraron en la seguridad. En los primeros cuatro minutos, Manini dijo que “una de las principales razones por la que la gente en octubre y noviembre de 2019 puso a la coalición en el gobierno fue la situación de inseguridad que se vivía en el país y la percepción de que no habría cambios de continuar el FA en el gobierno”. Sostuvo que había “miles de rapiñas”, “violencia de todo tipo” y fugas de cárceles “vergonzosas”.
Indicó que “se partía de la base de que el delincuente era la víctima y la sociedad la victimaria”. Sostuvo que entiende que “el delincuente muchas veces no tuvo otros caminos”, pero había protocolos que “limitaban el accionar” de la Policía. Recordó que hubo “móviles corridos a pedradas de los barrios” y “policías abatidos por delincuentes”.
En respuesta, dijo que la coalición dio garantías a la Policía y “al ciudadano para defenderse de una acción delictiva”. Reconoció que se necesitan “políticas profundas”, pero “mientras esos resultados no llegan, es necesario proteger a la sociedad”.
A su vez, Manini señaló que la LUC protege “a la población honesta, que quiere salir adelante por el fruto de su esfuerzo y que no quiere vivir rodeados de delincuentes, ni seguir con el corazón en la boca cuando un hijo sale de su casa y regresa a altas horas; a ellos esta ley los protege y les garantiza el goce de derechos; a los delincuentes y violentos se les dice que se aplicará todo el peso de la ley”.
Agregó que con la LUC la Policía recibió “el respaldo y respeto que se merece”. También dijo que no comparte “que esta ley favorece a los malla oro” y que en materia de seguridad “favorece a los más frágiles” que no pueden pagar seguridad privada, rejas o alarmas.
Andrade, a su turno, dijo que “el pueblo está convocando a ser legislador por un día” y que hay artículos “cuestionados sobre seguridad ciudadana”. Recordó que la Cátedra de Derecho rechaza los cambios en materia de legítima defensa, y criticó que las modificaciones priorizan la propiedad privada por sobre la vida. “Esto permite que para un muchacho que salta alambrado por unas manzanas -un hurto, que está mal- la respuesta sea el homicidio”, aseguró. “No hace falta ser honesto o deshonesto para entender que es un cambio negativo”, indicó. También consideró que los cambios en los procedimientos policiales “quitan garantías” y, tras leer lo que dice la Constitución, afirmó: “No es motivo para ser detenido olvidarse de la cédula”.
Agregó que “todos los especialistas” concluyeron que “la combinación de más capacidad de la fuerza y menor rendición de cuentas” se presta para “abusos”. También recordó las 86 denuncias que presentaron los defensores de oficio por lesiones cometidas por la Policía en este tiempo, así como “allanamientos ilegales” y procedimientos de detención “equivocados”. “Para proteger a la Policía hay que darle mejor salario. Eso no implica que un policía cuando detiene o hace un procedimiento no deba avisar al fiscal”, añadió. También criticó la “inflación punitiva” de la LUC y comparó: “Casi 80% de las mujeres presas con sus hijos o embarazadas están presas por delitos de comercialización de drogas, y cuatro años es el mínimo que establece la LUC, en un país donde la pena mínima por homicidio intencional es de dos años. La LUC no tiene ninguna relación con la simetría penal cuando establece una pena por comercialización de droga del doble de tiempo que por homicidio. Sólo por una legislación atropellada se puede entender estas cosas”, expresó Andrade.
En su minuto de respuesta, Manini dijo que “la legítima defensa sigue manteniendo la proporcionalidad y progresividad”. Agregó que la academia suele tener “dos bibliotecas” y que las soluciones “que propone Andrade ya vimos, en 15 años del FA, a qué nos han llevado”. Señaló que “ha habido excesos siempre en la historia del país, y siempre se han investigado y castigado”. Indicó que “aquí no se llegó al gatillo fácil que se anunció”.
Andrade, a su turno, respondió que la visión de la cátedra “fue unánime” en “destacar que el cambio era negativo”, y que lo mismo dice el comisionado para cárceles [Juan Miguel Petit], quien advirtió que la LUC iba a “generar mayor tensión en el sistema carcelario”
En otra respuesta de un minuto, Manini expresó que “seguramente el problema carcelario es grave y amerita soluciones específicas, pero no por eso podemos decir que los delincuentes no pueden estar presos, como la solución que hizo el FA en su primer año de gobierno [2005]”. “La oposición se aleja del ciudadano honesto y mira esto desde la óptica de quien delinque o desafía a la autoridad. Esto defiende a los uruguayos honestos frente al avance del crimen. Esta ley se debe acompañar de una Policía acompañada, bien equipada, pero también una Policía bien dirigida. Esa es una solución integral al problema”, sostuvo.
Andrade le pidió no atribuir intenciones: “Es un profundo error del gobierno cuando establece un conjunto de medidas que favorecen lavado de activos, pero no voy a decir a quienes lo aprobaron que están del lado de quienes lavan dinero”.
Agregó que la LUC ataca con mayores penas los delitos cometidos por personas menores de edad, cuando van “seis años sostenidos de caída” de estos delitos.
Propietarios e inquilinos
El segundo bloque se centró en el régimen de arrendamiento sin garantía establecido en la LUC y en las políticas de vivienda del gobierno.
Andrade aseguró que los regímenes de alquileres en todo el mundo tienen regulaciones a favor del inquilino, y en cambio, la LUC “amontona un conjunto de iniciativas feroces, hasta crueles con las familias”. Sostuvo que establece una “discrecionalidad absoluta en los plazos” y multas “de hasta cuatro meses y medio si te demorás un día en entregar la vivienda”. Comentó que el propio senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, se mostró sorprendido en una sesión parlamentaria por el monto de la multa. Acotó que los plazos breves para el desalojo corren tanto para el mal pagador como para el bueno.
El senador frenteamplista negó que el gobierno haya creado con la LUC el alquiler sin garantía, porque ya existían previo a la norma “cerca de 80.000 hogares” que alquilaban así. Apuntó que la mitad de estas familias están en el quintil más bajo de ingresos, y que para ellos “la oferta que hace el Poder Ejecutivo es una forma de desalojo feroz”, que “achica plazos para la defensa a apenas seis días hábiles”.
A su turno, Manini sostuvo que la LUC defiende al propietario pero también a quienes no pueden acceder a una garantía. Cuestionó que en 15 años de gobierno del Frente Amplio no se logró solucionar la situación habitacional en el país, “que era realmente crítica” cuando asumió el nuevo gobierno. “No hubo nunca el dinero suficiente”, criticó, y añadió que el dinero se “dilapidó” en “la regasificadora, Ancap y Pluna”.
Manini aseguró que hay 53.000 viviendas vacías en Uruguay y que la LUC “busca estimular que parte de estas viviendas se vuelquen al mercado de alquileres para bajar los alquileres”, y para eso “hay que darle certezas al propietario”. Remarcó que muchas veces los propietarios son personas “de escasos recursos”, que “alquilan la pieza del fondo” y “con eso llegan a fin de mes”. “Hay que pensar en ese propietario que depende de ese alquiler”, exigió.
Finalmente, el senador cabildante destacó que la LUC “protege a los más vulnerables, a los que están en el clearing, a los estudiantes”. “Esta ley es buena para la gente”, concluyó.
En el tiempo de las réplicas, Andrade se preguntó por qué, si el gobierno está preocupado por otorgar garantías de alquiler a la gente, resolvió recortar en el Presupuesto Nacional las partidas para las garantías públicas de alquiler. Y también cuestionó que la coalición de gobierno no haya acompañado la iniciativa del FA cuando este propuso un subsidio de alquiler en la pandemia. “Acordarse del propietario no es desregular el mercado de manera tan feroz”, finalizó.
A su turno, Manini Ríos afirmó que la LUC da garantías al inquilino de que no será desalojado antes del vencimiento del contrato y consideró que “sacar estos artículos sería condenar a las personas a terminar en una pensión o en un asentamiento”.
Presente, pasado y futuro de la educación
En el tercer bloque, los senadores hablaron acerca de la educación. Manini dijo que “la inmensa mayoría de los uruguayos está de acuerdo con que la educación está en decadencia, ya no es niveladora”. Sostuvo que los números son “elocuentes”: 60% de jóvenes no termina el liceo, 30% son analfabetos funcionales -leen pero no entienden-. “El futuro del país es poco optimista”, dijo, y “ante esta realidad hay dos caminos: no hacer nada, ninguna reforma significativa; la otra es implementar un camino de cambio, lo que resolvió la coalición”. Para eso, se debe “vencer la resistencia al cambio”, y recordó al expresidente José Mujica con su frase “educación, educación, educación”; y al expresidente Tabaré Vázquez con el “cambio de ADN”. Evaluó que ambos mandatarios tuvieron “la voluntad torcida por un sindicato que se creyó el centro del sistema educativo y dejó de lado a los educandos”.
Añadió que la reforma educativa es un objetivo del gobierno “impostergable”. La LUC contiene 34 artículos que se buscan derogar, dijo, e hizo énfasis en cuatro. Uno fue la conducción de la enseñanza, que deja de lado los consejos desconcentrados que tienen representantes docentes, lo que logra mayor agilidad, señaló Manini. “No se deja de lado la autonomía ni la opinión de los docentes. Da más posibilidad de llevar adelante” el plan de las autoridades, señaló.
También dijo que “se avanza hacia el título universitario de los docentes”. Aseguró que “son pasos para iniciar un camino de reforma que, nadie puede discutirlo, es impostergable. En eso va la vida de los más humildes”, finalizó.
A su turno, Andrade dijo que la tasa de egreso en la educación media “ha sido el caballito de batalla” de la coalición, pero recordó un informe del Ineed (Instituto Nacional de Evaluación Educativa) que repasa este indicador por década: “Mejora sobre todo en los últimos diez años. Hay mucho para mejorar, pero en 2005 la tasa de egreso no alcanzaba el 30%. En todas las franjas de edades mejoró, como los jóvenes del interior que ingresan a la Universidad”. Recordó que Manini dijo en 2019 que “la reforma educativa no será posible sin la participación de los docentes” y afirmó que en la LUC “se ensaya una reforma en contra de la comunidad educativa”.
“No por mal pensados suponemos que quieren eliminar la representación docente. El ministro de Educación sostuvo que su propuesta definitiva es eliminar la representación de los docentes en el Codicen”, señaló Andrade. De esta forma “violentan la autonomía” de la gobernanza educativa, una premisa que se sostiene desde la época de José Pedro Varela, que no fue definida por el FA, añadió.
Además, criticó “los recortes” presupuestales que realizó el gobierno en la enseñanza, la Universidad, la investigación y las becas educativas. También que dos organismos creados por la LUC para avanzar en cambios “urgentes” no se han reunido aún “desde julio de 2020”, cuando se votó la norma. “No se hacen los cambios sin la comunidad educativa”, remarcó Andrade.
En los minutos posteriores de intercambio, Manini dijo que “con las propuestas de Andrade no se avanzó” en estos años y “acá se plantea otro camino”. “Los docentes no son ignorados, siguen participando en el Codicen. Lo que tiene autonomía es el Codicen de la ANEP y la sigue manteniendo de la misma forma”, indicó. Afirmó que “no es el espíritu” ir “contra la participación de la comunidad” docente, y pidió al senador del FA “no agitar cucos que no se plasman en la realidad”.
Por su parte, Andrade hizo foco en que la LUC “suprime la garantía de la extensión del tiempo pedagógico y la actividad curricular”; y evaluó que el FA en sus años de gobierno “pasó de 26.000 a 70.000 alumnos con una cobertura de tiempo extendido”.
Manini volvió a insistir: “Claramente lo que molesta es que se pueda afectar la fuerza de una cúpula sindical que se adueñó de la enseñanza, no permitió hacer los cambios en su momento, recordamos las palabras muy duras de Mujica para esos sindicatos”. Además, recordó palabras del publicista Esteban Valenti, que comanda la campaña del Sí, que reflejaban una visión crítica de los sindicatos de la educación.
El senador del FA sostuvo: “El escollo principal durante muchos años para encontrar mejores resultados educativos fue la desigualdad y un presupuesto raquítico. Los que nos condenaron a ese presupuesto raquítico y al deterioro quieren ahora dar cátedra de la importancia de la educación”.
Derecho de huelga y relaciones laborales
El cuarto bloque del debate estuvo centrado en los cambios establecidos por la LUC en materia laboral.
Andrade destacó que se trata de la primera vez que se reglamenta el derecho de huelga y sin diálogo social, “en un contexto de caída de los salarios y jubilaciones”. “Pareciera que para el gobierno el problema es el trabajador cuando se organiza”, cuestionó.
Mencionó que el Instituto de Derecho Laboral de la Universidad de la República calificó la nueva normativa como una “patente de corso para la utilización de rompehuelgas”, y aseguró que este pronóstico se cumplió, por ejemplo, en el caso del conflicto laboral de los trabajadores de la industria frigorífica de Canelones y en otros.
El senador frenteamplista afirmó que la filosofía de la LUC en esta materia es “profundamente equivocada” y “deteriora 100 años de relaciones laborales”. Acotó que parte de “pensar que los problemas del trabajo los tienen los trabajadores organizados”, cuando “la inmensa mayoría de los conflictos nacen en incumplimientos patronales” y cuando problemas como la evasión de aportes, el acoso y el trabajo infantil “no están en aquellos lugares donde hay fuerte sindicalización, sino donde hay débil representación sindical”.
“Los derechos nunca pueden ser un obstáculo para el desarrollo, son condición para el desarrollo”, sentenció Andrade.
Manini Ríos afirmó, a su turno, que reglamentar el derecho de huelga “es un mandato constitucional”, y consideró que la LUC “lo que hace es defender los derechos de los más débiles”, que son “aquellos trabajadores que no se pueden dar el lujo de perder su jornal por adherir obligados a una medida de fuerza la cual pueden no compartir”. “Son sometidos a la prepotencia cuando quieren trabajar en un día de huelga”, criticó.
Opinó que la LUC garantiza el derecho de huelga, el derecho al trabajo y el derecho a la propiedad del empresario, y que garantizar derechos constitucionales “tiene que ser la obligación de todo gobierno”. “¿Quién le resarce el salario, el jornal a aquel trabajador que no pudo ir a trabajar contra su voluntad? ¿Por qué tiene que sufrir violencia física o psicológica un trabajador que quiere ir a trabajar?”, inquirió.
Estimó que lo que le “molesta” a Andrade es “que haya libertad de adherir o no a una medida sindical”. “Si quiere que todos entren a trabajar, va a tener que convencerlos a todos; esa es la forma democrática, no a prepo”, disparó.
Manini Ríos aseguró que la coalición gobernante no está en contra de los sindicatos “en la medida en que cumplan con su cometido de defender las condiciones de trabajo de todos los trabajadores”.
Andrade replicó que las políticas neoliberales “necesitan disciplinar la acción de los trabajadores y las trabajadoras”. “Capaz que no tienen nada contra los sindicatos, pero lo cierto es que no se les nota”, comentó.
Manini Ríos contraatacó acusando el “doble discurso” del Frente Amplio, que mientras habla de “enfrentar al gran capital”, “negocia con las grandes empresas a espaldas de las pequeñas y medianas empresas” y “termina favoreciendo un proceso de concentración del capital y de tierras como no se había visto nunca en el último siglo”. Andrade le contestó que pensó que estaba hablando del “negociado del puerto” que favoreció a la empresa belga Katoen Natie. Y comentó que mientras Manini Ríos dice que no están en contra de los sindicatos, en el Presupuesto Nacional votaron una norma que establece que al empresario que estafa a los trabajadores se le baja la multa a la mitad, y resolvieron que el Banco de Previsión Social en sus fiscalizaciones “va a dejar de controlar los laudos”.
El líder de Cabildo Abierto aseguró que tiene “profundas diferencias” con el modelo de país que promueve el FA: “Ustedes ven un país con pocas y grandes empresas, con trabajadores en situación de dependencia asociados en sindicatos”, y con “un permanente tire y afloje”, mientras que Cabildo Abierto cree en un modelo en el que “cada uruguayo pueda ganarse la vida como fruto de su esfuerzo”.
Mensajes finales
En su discurso de cierre, Andrade convocó a la población a votar Sí en defensa de la educación pública, del derecho a la vivienda, para que no se le pueda ocultar información a la Justicia o al Parlamento, para que las tierras de colonización permitan poblar la campaña. “Porque de la misma forma en que logramos juntar las firmas, también tenemos que contestar a una forma de gobernar”, expresó. Añadió que se debe contestar a una reforma educativa que se realizó sin la comunidad educativa, a una reforma laboral que se hizo sin los trabajadores, y a “un conjunto de medidas que promueven mayor desigualdad”.
“Uruguay necesita abrirle paso a la esperanza”, sentenció, y llamó a votar “con mucha cabeza y mucho corazón, defendiendo algunas tradiciones que nos vienen del fondo de la historia”. Concluyó que el 27 de marzo no se elige ni partido político ni legisladores, sino “un mejor país para vivir”.
Por su parte, Manini Ríos sostuvo que la LUC es “una ley justa, necesaria, que defiende a los más frágiles”, que “pone al educando en el centro de la educación”, y que además “no generó ninguna de las consecuencias negativas que dice el senador Andrade”.
El senador cabildante cuestionó al Frente Amplio porque a su entender recurre “nuevamente al miedo”, “como lo hicieron en el balotaje y en la pandemia”. Afirmó que se pronosticaba con la LUC “gatillo fácil, desalojo exprés masivo, y nada de eso ocurrió”.
Finalmente, cuestionó “el doble discurso de aquellos que hablando de defender a los más débiles, en realidad han sido funcionales a los intereses más poderosos”, y en particular, apuntó contra “15 años de políticas económicas del astori-bergarismo”.
“Lo que está en juego es continuar con el proceso de reformas que se inició con la LUC o volver al casillero inicial [...], a retroceder en materia de seguridad, educación, relaciones laborales”, finalizó.