Hay “personas en situación de calle que acceden a ir a algunos centros y otras que quedan en intemperie completa”, dijo el miércoles en rueda de prensa el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. El jerarca recordó que en 2020 86% de esta última población –25% del total de personas en situación de calle– declaró consumir o haber consumido sustancias psicoactivas. En ese marco, y porque consideró que dicho consumo “influye” y “no permite tomar la decisión” de trasladarse a refugios o centros que trabajen el consumo problemático de drogas, es que desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se está trabajando en implementar una “hospitalización involuntaria”.

A aquellos que quedan a la “intemperie completa”, que “no acceden” al traslado y que “pueden generar un riesgo para sí o para terceros, ya sea por el consumo de las sustancias o con problemas vinculados a la salud mental”, se planea internarlos contra su voluntad con base en ciertas modificaciones a la Ley de asistencia obligatoria a personas en situación de calle (18.787), promulgada en 2011 y reglamentada por el Poder Ejecutivo en 2021.

En la ley se establece que “las personas de cualquier edad, que se encuentren en situación de intemperie completa, con riesgo de graves enfermedades, o incluso con riesgo de muerte, podrán ser llevadas a refugios u otros lugares donde puedan ser adecuadamente asistidas, aun sin que presten su consentimiento, siempre que un médico acredite por escrito la existencia de alguno de los riesgos indicados en la presente disposición y sin que ello implique la privación correccional de su libertad”.

A partir de la reglamentación, según Lema “hubo un proceso muy positivo que permitió nada más ni nada menos que salvar vidas”. En consecuencia, lo que se analiza es “agregar [a la ley] situaciones vinculadas con adicciones en esa situación de vulnerabilidad, o situaciones de salud mental, en las que también se requiere una actuación y con ello disponer internación involuntaria con personas que se encuentran a la intemperie”, aseguró el ministro.

Si bien aún no es un hecho, Lema anunció que la propuesta está siendo dialogada con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Daniel Radío, y el Ministerio del Interior. Lo que se concretó y está en la “recta final” es la creación de tres centros diurnos: uno junto a la JND y los otros dos con ASSE.

La propuesta es “vieja” y “no tiene resultado”

Micaela Melgar, diputada suplente por el Frente Amplio y exdirectora del Programa Calle del Mides, resumió a la diaria que la propuesta de Lema es “vieja”, que “ya se probó que no tiene resultado” y que “no ataca lo que tiene que atacar” respecto del egreso de las personas privadas de libertad, que en muchos de los casos terminan en situación de calle.

Melgar explicó que “la compulsividad”, que es “retirar a las personas de la calle compulsivamente, no voluntariamente”, se hacía antes de este gobierno a través de “la ley de faltas o por los juzgados que determinaban el ingreso involuntario” y también “se acompañaba con la Policía”.

Asimismo, para la exdirectora “lo que termina pasando es que el Estado pone un foco especial en este consumo y no en el resto de los consumos problemáticos que tiene este país. ¿Por qué es más grave que una persona en calle use problemáticamente una droga y no es tan grave que una persona en otra situación social use problemáticamente una droga? ¿Por qué nadie prevé una situación involuntaria en el caso de una persona que usa cocaína todos los días en su lugar de trabajo, y todos los fines de semana usa alcohol y metanfetaminas?”, se preguntó Melgar.

Un Estado “ausente” y una JND que “ha fallado”

“La iniciativa me parece espectacular”, afirmó a la diaria Martín Sodano, diputado por Cabildo Abierto e impulsor de un proyecto de ley que promueve la rehabilitación como alternativa a la privación de libertad ante delitos asociados al consumo de drogas “Hoy el Estado es un Estado ausente totalmente en lo que es esta materia”, continuó.

Para Sodano, “tal es así” la ausencia del Estado en relación con el consumo problemático de drogas, que “en varios de los artículos” de la ley de regularización de la marihuana “se habla de los lugares de rehabilitación que tiene que haber, pero nada está funcionando de todo eso”.

“Creo que desde la Junta Nacional de Drogas la parte de lo que es rehabilitación ha fallado”, puntualizó, y puso como ejemplo que “solamente entre Remar y Beraca, dos instituciones privadas, religiosas, tienen 2.000 camas de rehabilitación, y el Estado, entre las propias y las contratadas, llega a 235 camas”.

“Esta gente en situación de calle, con problemas de adicciones, si podía acceder a un lugar, era a un centro nocturno. Y se usaba la ley de faltas contra su voluntad, para levantarlos de la calle, pero no para tener una rehabilitación”, resumió. Para el diputado, en el tema entra una “discusión filosófica: qué está primero, si el derecho a la libertad individual o el derecho a la vida”.