El tiempo apremia: la Junta Departamental de Montevideo tiene hasta el 17 de febrero para aprobar el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 70 millones de dólares para un proyecto de saneamiento y limpieza. La Intendencia de Montevideo (IM) había anunciado en diciembre que le sumaría 12 millones de dólares de su presupuesto al proyecto, y el jueves pasado informó que le agregará otro monto igual. El Frente Amplio (FA) necesita los votos de la oposición, porque se debe aprobar por mayoría especial, y por ahora las negociaciones siguen trancadas, al menos hasta el jueves.
Ayer de mañana, el Comité Ejecutivo Nacional de Partido Colorado (PC) emitió un comunicado en el que señaló que ante el nuevo planteo realizado por la IM sobre el préstamo del BID, “se reitera el espíritu constructivo manifestado en el mes de diciembre, dada la importancia para la población de las obras de saneamiento y recolección de residuos, que son parte del Plan Nacional llevado adelante por el Ministerio de Ambiente”. “Se reitera asimismo la imperiosa necesidad de que se abra una etapa de negociación, en que participen las bancadas de los Partidos Colorado y Nacional y los Ministros de Ambiente y Obras Públicas. Al efecto de hacer viable esa instancia de diálogo, se debe solicitar de inmediato una prórroga al BID”, se agregó.
En tanto, ayer de tarde hubo una reunión de las bancadas de ediles capitalinos por este tema, en la que los representantes del FA presentaron, como había pedido la oposición, un compromiso por escrito del ejecutivo departamental -firmado por Guillermo Moncecchi, director de Desarrollo Ambiental- de que efectivamente se van a destinar 12 millones de dólares más como contrapartida, dijo a la diaria el edil del FA Martín Nessi.
En el documento que presentó el FA, al que accedió la diaria, se señala que el monto para el aumento de la contrapartida “saldrá del presupuesto del Departamento de Desarrollo Ambiental”. Específicamente, “se destinarán rubros actualmente asignados a Zona Limpia y arrendamiento de volquetas”.
Sobre los pedidos del PC, Nessi dijo que contestaron estar dispuestos a aplazar la votación, “con el compromiso de que la partida inicial del préstamo”, es decir, los 70 millones de dólares más la contrapartida de 12, “no se tocaría ni se abre”, y sí conversar sobre los otros 12 millones de dólares que se sumaron a último momento. Además, dijo que en el FA están dispuestos a conformar una “mesa de trabajo” para conversar sobre el destino de esos 12 millones, y “quiénes componen esa mesa es un elemento a discutir”. “No nos parece mal que esté el Ejecutivo, pero es raro que en una mesa de trabajo se convoque a la intendenta”, finalizó.
Por su parte, el edil del PC Matías Barreto dijo a la diaria que la prórroga que pidieron para que se vote el préstamo es de 90 días. En cuanto a la contrapropuesta del FA, de que sólo hay espacio para conversar sobre el destino de los 12 millones de dólares finales, Barreto dijo que “no parece una negociación”, ya que “cuando se negocia, se negocia desde cero”. “Esto no es lo que plantea el PC. El PC quiere negociar desde la base”, sostuvo. Por lo tanto, señaló que el tema “sigue trancado, sin diálogo y sin resolución”, y “sin apertura por parte de la IM”. Barreto agregó que a priori no les convence la última propuesta del FA y además entienden que para “tomar una resolución sobre el tema tiene que haber una negociación y tiene que ser de todo el proyecto”.
En tanto, el edil del Partido Nacional Diego Rodríguez dijo a la diaria que la propuesta escrita del FA “es más o menos lo mismo que comunicó” la intendenta Carolina Cosse el jueves en una conferencia de prensa. Agregó que ahora entrarán en “una especie de cuarto intermedio” hasta el jueves, cuando tomarán una definición al respecto, luego de analizarlo, porque todavía no tienen una postura.
“Funcional a los intereses del lobby de grandes empresas”
Ante la propuesta de la IM de implementar una nueva estrategia de limpieza por medio de un préstamo del BID, el Grupo de Trabajo por la Implementación de la Ley de Residuos (19.829) expresó en un comunicado que, “en líneas generales”, están de acuerdo con lo que se plantea, pero también mostraron algunos reparos.
“Nos parecía que había un trancazo que iba en contra de muchas cosas que se habían propuesto a nivel departamental y nacional, pero que en definitiva no se visualizaban algunos temas que para nosotros influyen, como el lobby de las grandes envasadoras”, manifestó a la diaria Jorge Ramada, integrante de la Secretaría de Seguridad y Medio Ambiente del PIT-CNT, sobre la razón de la publicación del comunicado, en el marco de la discusión sobre el préstamo para la comuna.
El grupo de trabajo está compuesto por el PIT-CNT, distintos colectivos de la Universidad de la República y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Para el ingeniero agrónomo Manuel Chabalgoity, exdirector nacional de Ordenamiento Territorial e integrante del grupo de trabajo, el plan de la IM en relación a los residuos “en gran parte va en dirección de lo que venimos pregonando”. Si bien consideró que es “perfectible y mejorable”, creen que empezar por la aplicación “es un comienzo, sobre todo para superar una situación heredada de la vieja ley de envases, que claramente ya no da para más”.
Entre lo perfectible y mejorable se encuentran tres puntos específicos escritos en la nota: sobre la financiación, proponen que para la implementación a “mediano plazo” deberían pagar, en vez del BID, “los responsables de la generación del problema: las empresas embotelladoras, embaladoras, importadoras y distribuidoras”.
Asimismo, solicitan “que se aplique sin más dilación todo lo que dispone la Ley de Gestión Integral de Residuos [LGIR]”, en particular sobre la integración del Fondo Nacional de Gestión de Residuos, y, por último, “que se derogue de inmediato la ley de envases, tal cual lo que proponía en su formulación original la LGIR, sin afectar los derechos de los clasificadores formalizados en el marco del Plan de Gestión de Envases”.
Según Chabalgoity, el planteamiento no surge “hoy en este documento”, sino que lo han sugerido, mediante reformulaciones, desde 2020, cuando les presentaron a los candidatos a la IM otro documento con líneas tentativas a seguir.
Para el grupo de trabajo, la alineación entre las propuestas que han presentado y el plan de la IM se ajusta específicamente a un “fuerte incremento a la separación en origen y a la recolección diferenciada, generación de puestos de trabajo dignos para los clasificadores, promoción de la participación ciudadana”, y en ese sentido “significa un avance hacia el cambio de paradigma que venimos reclamando”.
Sin perjuicio de ello, reconocen que el plan de la IM tiene “debilidades en cuanto a la logística”, particularmente en relación a la “inversión en vehículos de gran porte en vez de otros medianos para recorridos cortos”.
Sobre la postura de la coalición de gobierno, el grupo de trabajo concordó con lo manifestado por Ramada: que es “funcional a los intereses del lobby de grandes empresas embotelladoras, importadoras y distribuidoras, reflejado en la posición de la Cámara de Industrias del Uruguay”.
Concretamente, dicen que el lobby “operó de manera decisiva” cuando se trató la ley de envases en el Parlamento, también durante su implementación, y cuando se opusieron “al aumento impositivo a los envases no retornables vía Imesi” al momento de la discusión de la LGIR. Si bien consideran que al aprobarse dicha ley la posición del lobby “fue derrotada”, “se la contempla por parte del equipo económico del gobierno al negarse a implementar el impuesto”, así como en “la elaboración del Plan Nacional de Gestión de Residuos propuesto por el Ministerio de Ambiente, que carece de financiación y vuelve a incluir la gestión de los envases en el marco de la Responsabilidad Extendida del Productor”.