El ministro de Trabajo, Juan Castillo, aseguró que la medida del gobierno para garantizar los “servicios mínimos” en la terminal especializada de contenedores, que entró en vigencia el sábado, no afecta el derecho de huelga.
En el marco del conflicto entre los trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) y la empresa Katoen Natie, y ante la falta de avances una vez vencido el plazo establecido para encontrar una salida, el gobierno decretó, con “carácter transitorio y limitado”, que “deberán garantizarse servicios mínimos que aseguren, al menos, el funcionamiento de las prestaciones portuarias indispensables”, a efectos de “preservar un nivel básico de seguridad y continuidad operativa” de la terminal. En diálogo con Info Capital, Castillo explicó que lo que se busca es que, “mientras se desarrolla el conflicto, mientras no encontramos una salida, haya alguna movilidad, mínima, pero una movilidad en la actividad portuaria”.
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, destacó que la resolución generó “un hecho que no sucedió nunca en Uruguay”. “Nunca se decretaron los servicios mínimos para ningún sector”, dijo Sánchez en rueda de prensa el sábado. El jerarca señaló que lo que permitirá la medida “es que, en todo caso, la negociación que viene transitando y se viene encauzando no genere más perjuicios a la economía del país, mientras exista ese proceso de negociación”. En ese marco, dijo estar “confiado en que se pueda arribar, en las próximas horas, a un acuerdo”.
En respuesta a la opinión del gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie, Fernando Correa, quien, en diálogo con El País, consideró que la medida es una declaración de “esencialidad lavada”, Sánchez sostuvo: “No. Yo creo que es conforme a las normas de la OIT [Organización Internacional del Trabajo]”.
Castillo aseguró que el derecho a huelga “se mantiene” y la resolución del Poder Ejecutivo respeta las medidas gremiales. “Lo que procuramos, al mismo tiempo, es que haya acuerdo en la negociación colectiva, porque el tema de fondo no es si es guardia mínima, servicio mínimo o servicios esenciales: lo de fondo es que haya un convenio colectivo, que las partes arriben al acuerdo, eso es lo que procura el Ministerio de Trabajo y el gobierno”, señaló.
El viernes, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT emitió un comunicado en el que consideró “excesiva la determinación por parte del Poder Ejecutivo de los servicios mínimos establecidos”. La central sindical reconoció que “es usual, en distintos ámbitos del mundo del trabajo, el desarrollo de servicios mínimos garantizados”; sin embargo, “en todos estos lugares los criterios se fijan de común acuerdo entre las partes de la relación laboral”, sostuvo.
Respecto de la postura del PIT-CNT, Castillo consideró que la central sindical está en “todo su derecho en manifestar su opinión”. “Nosotros también lo poníamos en práctica, cuando nos tocaba estar en esa responsabilidad”, dijo en referencia a su pasado como dirigente sindical del sindicato portuario. Sin perjuicio de ello, dijo que “hoy el gobierno tiene que asegurar un servicio mínimo en una actividad económica y productiva importante”, al tiempo que aspira a que “se genere el acuerdo y el consenso en un convenio colectivo, y la central sindical tiene derecho a expresarse de la forma que lo ha hecho”.