Los senadores Mario Bergara (Frente Amplio) y Gustavo Penadés (Partido Nacional) fueron los protagonistas de un nuevo debate de cara al referéndum del 27 de marzo sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC). El intercambio tuvo lugar en el teatro Politeama de Canelones y fue transmitido por Cardinal.

El puntapié inicial lo dio Penadés, quien recordó que “durante el transcurso de toda la campaña electoral” de 2019 “y mucho antes aún”, los partidos políticos y el actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou, habían hablado de que en caso de ganar se promovería la redacción y votación de una LUC en la que estuvieran incluidos “los temas centrales” para el gobierno de coalición. Penadés recordó que la LUC terminó siendo sancionada con 476 artículos, en cuyo eje central está cumplir con el concepto “más profundo de libertad”. Además, subrayó que “más de la mitad” de los artículos fueron votados también por el Frente Amplio (FA).

En su primera participación Bergara dijo que quieren derogar 135 artículos de la LUC por tres cosas: “No solucionan los problemas urgentes de la gente, perjudican a la mayoría de la población y en muchos casos es una vuelta al pasado, a recetas que ya fracasaron décadas atrás”. “En estos artículos no vemos ideas innovadoras que apunten a resolver los problemas de educación, vivienda, seguridad y empleo”, subrayó.

Educación

El primer eje temático fue la educación. Penadés dijo que no tiene problema en reconocer que se viene de 15 años en los que hubo “una sustantiva mejora presupuestal” en los recursos que se destinaron a la educación, pero también se debe señalar que fue la época en la que se obtuvieron “los peores resultados” en cuanto a la formación, la capacitación, la deserción y, esencialmente, “en cuanto al futuro que les espera a nuestros jóvenes”. “En ese sentido, entonces, el gobierno cree en la importancia de que en la LUC se contemplaran todos los artículos que permitieran un cambio paulatino de un modelo educativo que no dio resultado. El 30% de los jóvenes hoy son analfabetos funcionales; solamente 40 de cada 100 terminan la educación secundaria. Uruguay está en los tres peores lugares de Latinoamérica en cuanto a egreso”, sostuvo.

En ese sentido, la LUC busca “tres cosas fundamentales”, explicó Penades: los cambios en la gobernanza, una mayor autonomía de los centros educativos y el fortalecimiento de la carrera docente mediante la creación de una serie de mecanismos que terminen con el proceso de lograr la carrera universitaria en dicha formación. “Derogar estos artículos es, sí, volver para atrás, dar un gran paso de retroceso en lo que aspiramos que sea el comienzo de un cambio paulatino que Uruguay necesita con urgencia para poder atender la formación de nuestros jóvenes”, subrayó.

Por su parte, en sus cuatro minutos para exponer sobre el tema Bergara dijo que en los 135 artículos que quieren derogar “no se solucionan los problemas de la educación, se perjudica a buena parte de la población y se vuelve a viejas recetas, ya fracasadas”. Subrayó que eliminaron los “históricos” consejos de Primaria, Secundaria y Educación Técnica, y se “elimina la obligatoriedad de padres y madres de inscribir a niños y niñas en un centro de enseñanza”. Por lo tanto, dijo, no cree que esa sea la forma de mejorar la educación.

“No es bueno para nosotros que sólo cuatro de diez chiquilines culminen secundaria, pero 17 años atrás, esos cuatro de 2019 eran 3. O sea, hemos mejorado, tenemos muchos desafíos por delante, y lo que está claro es que ninguno de estos desafíos se aborda en la LUC. Falta mucho, pero nada de lo que falta lo hallarán en la LUC”, señaló. Agregó que en realidad se elimina la participación docente en primaria, secundaria y educación técnica, y que “se concibe la participación como un problema”.

Vivienda

Bergara se centró en los artículos de la LUC que promueven el alquiler sin garantía, ya que, a su juicio, “no solucionan los problemas ni para el inquilino ni para el propietario, y además pueden hacer un daño muy importante para las familias”. Manifestó que el gobierno sostiene que lo que se busca es poder alquilar sin garantía, pero apuntó que eso “no es verdad: eso ya se hacía”.

En definitiva, el senador del FA afirmó que lo que genera la LUC es el “desalojo exprés”: “una forma cruel, despiadada, de desalojar [gente] en estas situaciones”. “Si uno se atrasa tres días en el pago, ya puede ser catalogado de moroso, ya ahí tiene una multa de 60%. Ni la ley de usura soporta esa magnitud. Y comienza un proceso que puede dejar a la familia fuera de su hogar en un mes, un mes y medio. Si encima se demora un día, se agrega otra multa de casi cinco meses de alquiler”.

El senador nacionalista cuestionó al frenteamplista y sentenció que “el terrorismo verbal” que estaba empleando era “alarmante”. Se dirigió a la ciudadanía y manifestó que es necesario que tenga la “más absoluta tranquilidad” porque, puntualizó, “al día de hoy está vigente la Ley 14.219, que es la ley de alquileres, una normativa a la que “no se le ha modificado una coma” y que “sigue tan vigente hoy como ayer”. En cambio, dijo, el agregado en la LUC es un mecanismo “independiente y diferente”: el del alquiler sin garantía”, apuntó.

Seguridad

El tercer eje temático fue la seguridad. Penadés subrayó que el gobierno del presidente Lacalle Pou se fijó como objetivo “bajar sensiblemente la ola de delitos y las cifras que tenían sacudida la realidad del país en los últimos 15 años de gobierno del FA”, pero fundamentalmente en el último período, cuando “todos los meses la noticia era que subían los delitos, los homicidios y el narcotráfico”. Por lo tanto, se promovieron los artículos sobre seguridad de la LUC, que tienen como objetivos “proteger a la ciudadanía, combatir el delito y respaldar a la Policía”. Subrayó que los artículos tienen una integralidad y que su derogación “atentaría esencialmente contra la labor de la Policía”.

Aseguró que las medidas “empezaron a dar resultados”, y “por supuesto que no todo está bien, pero sí todo está muchísimo mejor que hace un tiempo atrás” y se han logrado “reducciones en los homicidios, los hurtos, las rapiñas, la violencia doméstica y el abigeato”. “El respaldo a la acción policial está vinculado a que [los policías] sientan que el Estado está detrás de ellos para combatir frontalmente el delito”, indicó.

Por su parte, Bergara dijo que el “gobierno nos quiere convencer de que la baja de delitos es gracias a la LUC, pero eso no es así. Los delitos empezaron a bajar en marzo de 2020, cuando empezó la pandemia en el país. Bajaron los delitos por la pandemia, acá y en las otras partes del mundo. En marzo de 2020 ni siquiera estaba el proyecto de la LUC en el Parlamento, se aprobó cuatro meses después y se empezó a implementar aún mucho después. No hay forma de atribuir a la LUC esta caída de los delitos, sino a la caída de la movilidad”, subrayó.

Libertad financiera

Bergara, quien fue ministro de Economía y Finanzas y presidente del Banco Central del Uruguay en los gobiernos del FA, manifestó que el capítulo de la libertad financiera dispuesto por la LUC “perjudica a la gran mayoría y beneficia a unos pocos”.

Uno de los aspectos que destacó de la Ley de Inclusión Financiera fue el mecanismo de pago de salarios por medios electrónicos: “Eso da más transparencia, más información, menos costos, más seguridad. Todas las ventajas. Ahora la LUC permite volver a pagar salarios en efectivo. No sabemos por qué”, dijo respecto de los cambios en esta materia.

Cuestionó la idea de que cuando se inicia una relación laboral el trabajador pueda libremente negociar con el empleador la forma de pago. “¿La libertad para quién es? Para el mal empleador, porque los buenos empleadores van a seguir utilizando medios electrónicos”, expresó, y se preguntó: “¿Cuál es la ventaja de pagar en efectivo? Facilita la evasión de impuestos y los aportes a la seguridad social”.

Otro aspecto que señaló Bergara fue que con la LUC se aumentó el límite de los pagos en efectivo hasta 120.000 dólares. Según dijo, previo a la ley, el tope era de aproximadamente 5.000 dólares. “España acaba de bajar de 2.500 a 1.000 euros el pago en efectivo. La LUC lo sube de 5.000 a 120.000. Nos volvemos a preguntar para quién es esto. ¿Para quién se legisla? ¿Qué uruguayo o uruguaya tiene 100.000 dólares abajo del colchón, deseoso de ejercer su libertad financiera yendo a hacer una compra de un auto de alta gama con 100.000 dólares con billetes de 20? Seguramente para la inmensa cantidad de la población no es”, apuntó.

Para Penadés, asociar estos cambios “con la evasión, con la ilegalidad, por lo menos, ofende”. Señaló que los datos muestran que en el gobierno de Lacalle Pou la informalidad está cayendo y se encuentra por debajo que el último año de gobierno del FA. Apuntó que la Ley de Inclusión Financiera se pensó desde Montevideo, porque desde la óptica de los habitantes de pueblos del interior, “donde no hay un banco, donde no hay un cajero, es entendible los motivos por los que terminar “con la obligatoriedad, pasar del debe al podrá”.

“¿En qué momento alguien no vivió que fue a comprar un tractor viejo y tuvo que ir a abrir una cuenta bancaria para que le dieran una letra de cambio para pagar 5.000 dólares?”, se cuestionó, y apuntó que no fue una modificación antojadiza, sino que se “responde a criterios internacionales”.