“Desde la Comisión Directiva Nacional [de la Asociación de Escribanos del Uruguay, AEU] queremos anunciarles que hoy comienza nuestra campaña de apoyo a la No derogación” de la ley de urgente consideración (LUC), anunció el miércoles en un mensaje a sus asociados la organización, que difundió simultáneamente en sus redes un aviso de apoyo a la no derogación de los 135 artículos de cara al referéndum del domingo 27 de marzo. Tras participar “activamente en la inclusión y redacción” de los artículos que “tanto afectaban la práctica de nuestra profesión, es nuestro deber ser coherentes y consecuentes”, expresó la gremial de profesionales.

“Los escribanos debemos decir la verdad, por eso decimos No a derogar la LUC. No es cierto que redujo los controles de lavado de activos. En dos años de aplicación comprobamos que trajo libertad a los ciudadanos, racionalidad y seguridad jurídica. El 27 los escribanos damos fe de que esta es una buena ley para el país. Por eso apoyamos el No”, dice el aviso de 30 segundos.

Según supo la diaria, este movimiento definido por la directiva causó sorpresa en una parte de los profesionales, y estos, vía grupos de Whatsapp, comenzaron a circular dos misivas con críticas, en busca de lograr adhesiones para presentar a las autoridades en esta jornada.

Consultado por la diaria, el presidente de la Asociación de Escribanos, Diego Stirling, aclaró que la decisión sobre la posición en defensa de la LUC surgió “por unanimidad” en la comisión directiva, integrada por nueve miembros elegidos en la elección de hace dos años. Explicó que la organización tiene unos 7.000 socios y que le llegaron “comentarios” de parte de los profesionales que tienen críticas por la decisión, los “que obviamente serán tratados en la próxima directiva”. Adelantó al respecto: “Recibiremos a esos asociados para explicarles los motivos”.

¿Cuáles son? Stirling repasó que la AEU “tiene derecho gremial” para “manifestarse y apoyar esos artículos que tienen tanta bondad”, ya que “les devuelven a los escribanos la forma racional de ejercer la profesión y a la gente de elegir en qué forma quiere percibir su sueldo u honorario”. Añadió que “en dos años de aplicación” de la LUC “nunca hubo un problema jurídico” ni de incumplimiento “de normas internacionales” en materia de políticas antilavado.

La LUC en su artículo 225 hace modificaciones a la ley integral de lucha contra el lavado de activos votada en 2017. Jorge Chediak, secretario antilavado, lo explicó así: “Vimos que podíamos racionalizar los controles sin afectar demasiado el nivel de eficacia”. Este artículo no formó parte del borrador que el presidente Luis Lacalle Pou expuso en enero de 2020, sino que se sumó al proyecto de ley cuando fue al Parlamento en abril de ese año.

Durante el trámite legislativo acudieron a comisión para dar su visión los escribanos. También advirtieron por el cambio y sus riesgos los especialistas Leonardo Costa y Ricardo Sabella, así como la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU) y el exsecretario antilavado Daniel Espinosa. En parte, las consideraciones se atendieron para la redacción final.

Stirling rechazó que se flexibilicen los controles, como plantean los opositores a la LUC: “Se sigue haciendo la debida diligencia [para indagar en el origen de los fondos], se racionalizan las tareas en ciertos casos, cuando la operación es 100% bancarizada; después, si un cliente paga [en efectivo] un dólar ya se hace una debida diligencia intensificada”. Añadió que la ley “trajo claridad jurídica y comercial”.

Sobre la baja ocurrida luego de la LUC en los reportes de operaciones sospechosas (ROS) de los agentes del sector no financiero ‒como los escribanos y otros profesionales‒, dijo que “quizás hay una mejor calidad de los reportes” y un sistema “más aceitado”.

“No nos sentimos representados”

En una de las cartas que circula entre profesionales en desacuerdo con la posición de la organización, se plantea que en “calidad de escribanos socios” entienden que “no corresponde a la Asociación de Escribanos realizar campaña de apoyo alguno en esta instancia electoral”, e indican que la consulta incluye 135 artículos “de los cuales únicamente un par fueron promovidos desde la AEU”. Se agrega que “no corresponde hacerlo en forma inconsulta con los socios, tal como se ha hecho en esta oportunidad, ignorando al órgano soberano de la institución que es la Asamblea General de Socios”.

“No nos sentimos representados por el spot publicitario. La realización y difusión del spot excede ampliamente las facultades de la comisión directiva”, se indica. Además, se concluye que “el grave error cometido ha generado en pocas horas un debilitamiento institucional sin precedentes en nuestra Asociación”. El pedido a la directiva es “el cese de la difusión del spot referido y cualquier campaña iniciada, así como la inmediata retractación pública”.

En otra misiva que circula, se considera que “la AEU como entidad gremial está integrada por escribanos de distinta filiación política e ideológica, por lo cual debería respetar la multiplicidad de opiniones y especialmente con relación al referéndum del 27 de marzo”.