El Directorio de la Caja de Profesionales está a la espera de una respuesta del Poder Ejecutivo acerca de la batería de probables medidas presentadas la semana pasada al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, con el objetivo de asegurar la sustentabilidad del instituto más allá del año 2024, cuando se prevé que se quede sin reservas, de continuar con la actual balanza entre ingresos y egresos.

La mayoría de estas medidas requieren que los afiliados a la Caja de Profesionales intensifiquen sus aportes y una implica que el Estado renuncie a fondos provenientes del cobro del impuesto de asistencia a la seguridad social [IASS], pero hay tres que corren con más chances de obtener el visto bueno del Poder Ejecutivo y ser aprobadas por el Parlamento, según entiende el directorio.

La presidenta de la Caja de Profesionales, Virginia Romero, explicó a la diaria que todas las medidas presentadas al gobierno son aquellas que requieren ser inscritas en una ley. Igualmente, lamentó que hay gente que ya “ha dado palo como si fuera todo lo que va a hacer la Caja”, pero lo que se hizo fue “cuantificar” cada una de ellas y “ponerlas a consideración del Poder Ejecutivo”. “Algunas tendrán efecto, otras no”, dijo, y agregó que “no todos” en el directorio están “de acuerdo en el 100%” de ellas.

Las tres medidas “exprés” que el directorio considera las más probables son las siguientes: el “aumento de la tasa de aportación de los activos”, que consiste en elevar el porcentaje que se paga por sueldo ficto de 16,5% a 18% [hoy en la primera categoría se paga 4.515 pesos por un sueldo ficto de 27.363, y se elevaría unos 410 pesos, hasta los 4.925]; crear una “contribución pecuniaria de los pasivos”, que en promedio sería de 7% de las jubilaciones nominales; y aumentar el costo de algunos de los llamados timbres profesionales.

Con respecto a la primera medida, el vicepresidente de la Caja de Profesionales, Daniel Alza, dijo a la diaria que la idea es que, del aumento, un punto porcentual quede “de por vida”, mientras que el medio punto restante se retire “una vez que se revierta la situación” económica del instituto.

Luego, entre las medidas presentadas al gobierno hay otras que el directorio sabe que tienen pocas posibilidades de ser aprobadas. La principal, entre ellas, es la solicitud de que lo que cobra el Banco de Previsión Social por el IASS de los profesionales jubilados sea transferido a la Caja de Profesionales, un viejo anhelo de directorios anteriores. “No creemos que vaya a tener ningún andamiento”, reconoció Romero, ya que sería una pérdida de ingresos para el principal organismo de seguridad social del país.

Otra de estas medidas poco probables es el cobro de algún timbre “que hoy no se está cobrando”. Pero la que hasta el momento ha generado mayor rechazo, y así lo reconocen las autoridades del instituto, es otra medida que interpretan que corre con pocas chances, entre otros motivos porque implicaría cobrarles a profesionales que no hacen uso de la Caja de Profesionales y que, por tanto, no se van a retirar cobrando por este instituto. Se trata de la posible obligatoriedad de renovar la declaración de no ejercicio libre de la profesión cada un año o dos, y comenzar a cobrar por ese trámite una tasa de alrededor de 4.000 pesos.

Los declarados en no ejercicio libre de la profesión son cerca de 80.000 personas, que en su mayoría son aquellos socios inactivos que mantienen un trabajo en relación de dependencia y por tanto aportan al BPS, mientras que los que sí aportan a la Caja de Profesionales son unos 60.000, y los pasivos son 17.000.

El directorio entiende que esta podría ser una forma de llevar un control más exhaustivo de quienes están declarados en no ejercicio libre de la profesión pero, en los hechos, trabajan como profesionales libres. De todas formas, las autoridades reconocen que por el impacto que tendría en los que ya aportan al BPS es importante, entonces es probable que esta sea una medida que finalmente no se apruebe o, a lo sumo, “que se modifique bastante” antes de anunciarse oficialmente.

El directorio espera que las medidas que finalmente se aprueben estén en funcionamiento “antes de junio”, y por tanto se buscará una rápida redacción del proyecto de ley y su correspondiente aprobación parlamentaria. Las autoridades entienden que, de aprobarse, la Caja de Profesionales tendría flujo para funcionar hasta 2026. “El ministerio [de Trabajo] es absolutamente consciente de que todo tiene que ser tratado urgentemente, porque la Caja no tiene lo. mismos tiempos que pueden tener otras cajas paraestatales o el BPS, por eso nosotros estamos un poco apartados o separados de la reforma de todo el sistema de la seguridad social”, dijo Romero.

Igualmente, también para este año está previsto el análisis de otro paquete de medidas que se consideran “estructurales”, con las que sí se prevé dar sustentabilidad de largo plazo al instituto, y que también requerirán la aprobación parlamentaria. Entre las medidas analizadas están la de elevar la edad de retiro y cambiar la forma de aportes.