Las nuevas autoridades de la Caja de Profesionales Universitarios se reunieron con un equipo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), liderado por el ministro Pablo Mieres, para comenzar a analizar las denominadas “eventuales medidas”, es decir, aquellas que el directorio del organismo definió que pueden ser aplicadas para dar solución a la grave crisis económica que atraviesa la caja jubilatoria, tema sobre el que aún no hay nada definido.
Dentro de esas posibles medidas, algunas pueden ser tomadas por el propio directorio y otras requieren de modificaciones legales y, por tanto, de un trámite parlamentario. En el abanico de opciones aparecen varias que implican cobros a los afiliados, ya sean jubilados, trabajadores activos o aquellos que se declararon en no ejercicio libre de la profesión, es decir que son dependientes y aportan al Banco de Previsión Social (BPS).
Una de las posibilidades que se maneja, y que requiere una ley, es aumentar en 1,5 puntos porcentuales los aportes que hacen los activos a la caja; otra es cobrarles a los pasivos una especie de tributo; y otra es obligar a la renovación cada uno o dos años de la declaración jurada de no ejercicio libre de la profesión.
Sobre este último punto hay visiones encontradas sobre si la decisión la puede tomar el directorio por sí mismo o si requiere ser aprobada por ley, pero todas las autoridades consultadas por la diaria indicaron que no se requiere tratamiento parlamentario para otra de las medidas en análisis: cobrar por cada una de las declaraciones juradas un monto por concepto de “gasto administrativo”, que rondaría los 4.000 pesos.
Sobre estas medidas que afectan a los socios inactivos de la Caja de Profesionales, en el directorio hay quienes afirman que son las menos factibles, porque no habría una contraprestación, es decir que pese a pagar ese monto cada uno o dos años no obtendrían ningún beneficio si no pasaran a aportar a la institución para su retiro.
Otro de los cambios conversados con Mieres y su equipo es sobre el impuesto a la asistencia de la seguridad social (IASS), un tributo que pagan los jubilados de forma progresional a sus ingresos, como el IRPF de los trabajadores. El monto que surge de ese impuesto por los pasivos de la Caja de Profesionales hoy se aporta al BPS; las autoridades de la institución le pidieron al gobierno que el dinero vaya a las arcas de la Caja, lo que daría aire al subsistema jubilatorio para subsistir.
La presidenta de la Caja de Profesionales, Virginia Romero, dijo ayer en Desayunos informales, del canal 12, que las medidas presentadas al Poder Ejecutivo “van a permitir sobrepasar” 2024, año que se calcula como fecha de quiebre si la institución mantiene su condición actual. Igualmente, advirtió que “esto daría una sustentabilidad a 2025 o 2026”, y para seguir avanzando en la solvencia habría que tomar medidas de largo plazo que deberán incluirse en otra reforma, en la que se analizará por ejemplo el aumento de la edad de retiro –el Ejecutivo proyecta subirla de forma gradual cinco años para el sistema general de jubilaciones, de 60 a 65 años–, entre otras medidas.
“Todos los involucrados vamos a tener que colaborar en esta sostenibilidad, lo cual va a implicar un aumento en la tasa de aportación de los afiliados activos y una contribución de los afiliados pasivos”, dijo, y agregó que esto último será con “escalas progresivas”. En cuanto a los socios inactivos, reiteró que se planteó “alguna renovación de la declaración de no ejercicio, de repente cada un año o dos”, y pasar a cobrarla, algo que actualmente no se hace. “Serían 4.000 pesos, una cosa así”, indicó. En este contexto, reconoció que “no hay medida en todo esto que no sea más antipática que la otra”.
En tanto, Mieres dijo a la diaria que en la reunión su equipo no adelantó postura con respecto a las medidas, que serán enviadas a otras oficinas del Poder Ejecutivo para evaluar su viabilidad. “Sí dijimos que nos parecía que el directorio había asumido con la responsabilidad que correspondía y que estaba proponiendo medidas que de alguna manera estaban en línea con la gravedad de la situación”, apuntó. Según explicó, el gobierno responderá con “la mayor brevedad posible” al directorio y, luego, habrá otra reunión.
Blauco Rodríguez, director de la Caja de Profesionales que estuvo presente en la reunión, dijo a la diaria que fue “una conversación muy positiva” y que del lado del MTSS se recibió “una muy buena devolución”. Agregó que una medida “muy importante” que se planteó es pasar a ser los receptores del IASS de los jubilados de la institución, porque con eso “quizás” se podría no aplicar algunos de los otros cambios.
Odel Abisab, director en representación de los pasivos, quien se abstuvo de votar a favor de este paquete de posibles medidas semanas atrás, dijo a la diaria que está “radicalmente en contra de todo lo que suponga recortes de prestaciones a los pasivos”, y más allá de que no discute “la buena intención que anima a quienes han hecho los planteos”, no aprueba los aumentos. Advirtió sobre el posible riesgo de que ocurra una “retirada de muchos” que aportan a la Caja de Profesionales de forma voluntaria, para tener una jubilación complementaria, que son “40%” de los 60.000 activos. En cambio, se mostró de acuerdo con el cobro de la declaración jurada con la renovación anual o bienal a los inactivos.