A finales de enero, un grupo de productores rurales se manifestó frente a la Torre Ejecutiva con ovejas muertas y heridas por jaurías de perros, en reclamo de una solución para esta problemática. La cuestión, que se arrastra desde hace tiempo, así como la queja desde el campo por una solución, fue la pieza final que determinó la salida de Gastón Cossia como director del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), un novel organismo creado por el gobierno que puso entre sus prioridades solucionar este asunto, aún sin resultados.

Para incidir en los ataques de jaurías de perros a animales, los diputados Martín Sodano y Rafael Menéndez presentaron días atrás un proyecto de ley ante la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes. A través de nueve artículos, plantean una nueva legislación “para mitigar daños” que contempla al INBA y su idea de identificar con un chip a los perros con dueño, pero además incorpora al Ministerio del Interior como organismo de control de varias disposiciones, entre ellas que los caninos no registrados y no castrados no salgan en la noche del predio donde viven.

“A efectos de evitar perjuicios hacia personas u otros animales, se establece la obligación a propietarios y tenedores de perros que no estén castrados y chipeados, de mantener a estos en condiciones que impidan su salida del predio durante el período comprendido entre la puesta y la salida del sol”, dice el primer artículo.

A su vez, se plantea que “los propietarios o tenedores de perros a los cuales se los identifique como causantes de daños a otros animales de producción” deberán pagar “una indemnización equivalente a diez veces el valor del animal muerto o herido a causa de los daños infringidos”. Para fijar el precio, se tomará en cuenta el valor de referencia del ganado en el mes del daño según la Asociación de Consignatarios, o en caso de ser de pedigrí —de raza pura—, “la comercialización de animales de similar condición”.

Aparte de la obligación de impedir las salidas en la noche de los caninos no chipeados y no castrados, se establecen otras responsabilidades para los dueños: incluir en la declaración jurada de semovientes —donde reportan el ganado en su poder al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca— la “tenencia de perros”, especificando “cantidades, sexo, edad y pelaje y si el animal se encuentra castrado y chipeado”, junto a dos fotos “una de frente y otra de perfil” que serán “utilizadas para identificar a los animales que hayan causado daños”; y en caso de transportar a los perros en auto, deben “estar chipeado y contar con la cédula otorgada por el INBA”.

El artículo 7 plantea que “el Ministerio del Interior quedará facultado para efectuar las inspecciones, solicitar la documentación correspondiente y determinar las sanciones por incumplimiento” de la normativa. En el artículo final se establecen multas por incumplimientos para los propietarios —más allá de la eventual indemnización en casos de daños a otros animales— que van de cinco a 100 unidades reajustables por animal en infracción, esto es entre 7.140 pesos y 142.800 pesos. El dinero será “administrado por el INBA y destinado al programa de fortalecimiento de albergues”.

Por otro lado, responsabiliza a las intendencias departamentales del “control de los perros que habiten en los vertederos municipales, así como los daños causados por los mismos”. En la última sesión de la Comisión de Ganadería de la cámara baja, se recibió el proyecto de CA y se planteó convocar a los autores “para darle el tratamiento adecuado”.