La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, recibió este lunes al presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), Juan Faroppa, para conversar sobre el futuro del organismo, a cuatro meses de que culmine el período del actual Consejo Directivo. El encuentro se da pocas semanas después de que Argimón acusara a la INDDHH de “intervenir” en la campaña previa al referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC) y planteara la necesidad de hacer “reformas a nivel legal”; no obstante, en diálogo con la diaria, Faroppa dijo que el tono de la reunión fue bueno y que “en ningún momento se puso en tela de juicio la continuidad de la institución”.
En rueda de prensa, Argimón recordó que trabajó junto a Faroppa en la redacción del anteproyecto de la INDDHH, que comenzó a funcionar en 2012, y dijo que ambos conocen “cuál fue la esencia en la creación de una institución tan importante”, y reafirmó que es clave hacer una evaluación de su funcionamiento una década después. La jerarca señaló que le transmitió a Faroppa “algunas apreciaciones” de legisladores de la coalición “respecto al informe que trascendió en plena campaña del referéndum”, puntualmente que “la forma en que se traslada a la opinión pública en pleno debate nos llamó la atención”, aseguró. A principios de marzo, el organismo publicó un informe en el que pidió una “urgente investigación” del gobierno sobre los casos de abuso policial denunciados por la Asociación de Defensores Públicos el año pasado.
Argimón confirmó a Faroppa su idea de promover reformas a la Ley 18.446, que creó la INDDHH, aprovechando que en setiembre debería asumir un nuevo Consejo Directivo. Al respecto, Faroppa señaló que la jerarca se comprometió a “resolver en breve la convocatoria de la comisión bicameral, que es la que tiene que hacer el llamado público para las candidaturas [al directorio] y luego hacer una lista para presentar a la Asamblea General”. El abogado y exsubsecretario del Interior (2005-2007) explicó que la ley “recomienda que por lo menos un integrante del Consejo anterior continúe, a los efectos de la continuidad institucional”, e indicó que en su caso ya fue reelecto, por lo que deberá abandonarlo.
Faroppa dijo que “obviamente se manejó el tema de la molestia que había causado en algunos sectores la presentación del informe sobre la denuncia de los defensores de oficio en plena campaña contra la LUC”, y al respecto apuntó que “se planteó que ya estaba prevista la fecha para presentarlo y que evidentemente no hay ningún tipo de intencionalidad ni nada por el estilo”.
Asimismo, aseguró que en la reunión Argimón no se refirió a una “intervención”, como había expresado públicamente: “Creo que intervenir de la forma que intervino en estos casos realmente no es lo que entiendo corresponde a la INDDHH”, consideró la vicepresidenta días atrás, y añadió que ante este escenario “se necesita una rápida revisión de cómo debe funcionar esta institución”.
“No lo planteó en esos términos”, afirmó Faroppa; en cambio, la vicepresidenta le manifestó que “la institución tiene que ser más cuidadosa en cuanto a sus tiempos y en algunos pronunciamientos”, así como “priorizar más las resoluciones amistosas de los casos”.
“Fue una reunión muy amable; yo pienso que en campaña electoral los actores están con una sensibilidad muy especial; es parte del juego de campaña”, analizó Faroppa.
la diaria informó que el Partido Nacional (PN) se encolumnó detrás de Argimón en la idea de realizar cambios a la INDDHH, y que Cabildo Abierto reafirmó su intención de derogar la ley que creó la institución. Por esos días, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, afirmó que “la INDDHH, como dijo Jorge Larrañaga, es un club político”, y el senador blanco Gustavo Penadés, que el organismo “tiene un sesgo político que responde a mayorías parlamentarias que en aquel entonces existían y que hoy ya no existen más”.
Que no le quiten el alma
Faroppa contó que Argimón ratificó su intención de reformar la ley de la institución “para hacer más efectivo su funcionamiento, sin más detalles”, a lo cual dijo que respondió que “la institución está dispuesta a conversar y asesorar al Parlamento, como es nuestra competencia, en ese proyecto o en cualquier otro proyecto de ley que tenga que ver con derechos humanos”. Adelantó que se confirmó una reunión a futuro entre Argimón y todo el Consejo Directivo actual.
Faroppa dijo que ve con buenos ojos hacer una evaluación del trabajo de la INDDHH en estos diez años, y recordó que el organismo todos los años hace balances anuales. No obstante, reconoció que la reforma le genera cierta preocupación: “Yo personalmente creo que las cosas se pueden hacer siempre mejor, entre ellas, las leyes, siempre y cuando, en el caso de la INDDHH, no se convierta en lo que yo alguna vez dije: una cáscara vacía”, enfatizó. Así lo había planteado en una entrevista con la diaria cuando asumió la presidencia en setiembre pasado, cuando Faroppa dijo que su mayor temor es que se “mantenga la estructura pero se le quite el alma”, cambiando “la forma en que trabaja y cómo se posiciona, cómo piensa y cómo actúa”.
No obstante, Faroppa expresó que “eso es un riesgo con o sin cambio de ley”, y que puede darse con un cambio radical de la actuación del Consejo Directivo, en el sentido de “producir material que cae bien” o “por cumplir con un compromiso, por ejemplo, ‘hoy tenemos que saludar por el Día Internacional del Detenido Desaparecido’”, reflexionó.
Hoy día la INDDHH está integrada por Faroppa; la abogada Mariana Blengio, propuesta por el PN; la exjueza Mariana Mota, de activa participación en las causas de violaciones a los derechos humanos en la dictadura; el abogado Wilder Tayler, fundador del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, y Josefina Pla, exintegrante de la organización Servicio Paz y Justicia.