La semana pasada, la Justicia imputó a un militar que protagonizó un siniestro de tránsito, en el que falleció una motociclista, mientras llevaba a tres adolescentes que habían salido de forma no autorizada del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Pocos días después, la Justicia imputó a cuatro hombres de nacionalidad extranjera por explotar sexualmente a adolescentes que también estaban bajo el amparo del INAU. Para profundizar en cómo se dan estas situaciones, Panorama informativo de la diaria Radio recibió al vicepresidente del INAU, Mauricio Fuentes.
Fuentes se refirió a la situación de salud de las adolescentes vinculadas al primer caso, e indicó que una de ellas permanece en el mismo hogar; otra fue trasladada a otro centro porque así lo pidió –ambas de 14 años– y, finalmente, la adolescente de 17 años permanece internada en un centro de salud mental. Sobre la última, dijo que existían “antecedentes de sospecha de explotación sexual” y de “consumo problemático de sustancias”, en el marco de una situación previa a la internación que estaba vinculada con “circuitos familiares”.
Fuentes remarcó que los hogares son espacios de puertas abiertas y que desde la institución prevén “defenderlos desde esa lógica”. Sobre las salidas no autorizadas, explicó que hay un “abanico muy grande” de casos que varían en nivel de riesgo, pero sostuvo que detectan un “problema grave” en función de que, dado que por procedimiento es necesario radicar una denuncia policial, se termina “colapsando a todo el conjunto de las instituciones con situaciones que, de pronto, no revisten ningún tipo de riesgo”. Agregó que “más del 60%” de las denuncias de personas ausentes que recibe el Ministerio del Interior (MI) son por salidas no acordadas del INAU.
Actualmente, el instituto se encuentra realizando una revisión del protocolo para “hacer una mejor valoración del riesgo”: “La salida no acordada es un síntoma de otra cosa que está de fondo. Muestra justamente esto: que hay algo que están encontrando afuera y que no lo pueden encontrar dentro; o que hay un daño o hay un efecto de algo que están viviendo que se expresa en irse”, indicó. En ese sentido, llamó a que el sistema de protección especial se convierta, por un lado, en un lugar donde las infancias y adolescencias “estén el menor tiempo posible”, pero también en que, si les toca quedarse, “las condiciones en las que vivan sean las mejores”.
Por otra parte, Fuentes explicó que las trayectorias de las adolescentes vinculadas a grupos delictivos obedecen a que obtienen, dentro de ese marco, “un prestigio, un reconocimiento, una valoración y recursos económicos concretos”, un conjunto de ofrecimientos que resulta “muy seductor”. Además, estos grupos muchas veces tienen “un poder adquisitivo, de influencia y de injerencia que es muy importante y que no es tan sencillo ir en contra de eso”, lamentó, al tiempo que recordó que hubo figuras políticas y empresariales procesadas en casos de explotación sexual comercial, como en Operación Océano.
El jerarca contó que en una localidad del interior del país cerraron un proyecto del INAU que implicaba un convenio con una organización de la sociedad civil porque tenían “denuncias serias de explotación sexual” y “elementos para sospechar que había una complicidad de la institución”. “Autoridades políticas, tanto locales como nacionales, nos decían que en ese lugar no había explotación sexual cuando teníamos todos los elementos arriba de la mesa para poder afirmarlo. Entonces, hay niveles de complicidad que muchas veces se dan, que no digo que sean intencionales o conscientes, pero es un tema que permanece tan oculto y del que se habla tan poco en la sociedad que muchas veces parece que no existiera”.
Sin desligar la responsabilidad del INAU, Fuentes dijo que se encuentran protegiendo a las infancias y las adolescencias en un contexto “sumamente hostil, en el que hay muchísimos intereses económicos creados, en el que hay grupos delictivos que están operando en el entorno de los centros del sistema de protección” y que, desde las instituciones, muchas veces no dan con las respuestas porque “hay todo un sistema que opera alrededor de estos grupos que les da protección, les da amparo y permite que sigan funcionando”. También cuestionó que, frente a una denuncia de sospecha, “la sociedad tiende a abroquelarse y a defender a quienes potencialmente son victimarios”.
INAU prepara un software para centralizar datos
Consultado sobre las medidas para afrontar estas situaciones, como una potencial prohibición en las salidas, aclaró que los centros no son “una casa de familia”, en el sentido de que no existe una “relación de afecto previa” ni hay “una autoridad que se construye inmediatamente por ser de una institución”, además de que muchas veces no se genera un vínculo por la rotación de los funcionarios. “Si un adolescente quiere irse, incluso puede tener alguna actitud violenta para querer irse. Es muy difícil generar un escenario en el que yo le diga ‘te quedás y te quedás’. No es la dinámica de una casa de familia”, explicó.
Fuentes aseguró que con estas afirmaciones no pretende “responsabilizar a las adolescentes”, porque asume “plenamente que son víctimas de una situación muy dolorosa” y que “el sistema, tal y como está funcionando, no es la respuesta adecuada para las situaciones que han vivido”.
Un elemento que destacó Fuentes es el software que prepara la institución para centralizar información actualmente dispersa entre organismos. Adelantó que será un “cambio sustantivo” en la forma de trabajo y resulta fundamental para identificar si entre los adolescentes hay “situaciones de riesgo previas” al tener la información “recolectada, de fácil acceso y visualización” para la toma de decisiones.
Esperan que a finales de 2027 esté implementada una experiencia piloto que permita “trazar el recorrido de vida de una niña, niño o adolescente que está en el sistema de protección especial, tener indicadores de lo que ha sido su vida previamente, tener indicadores que nos permitan ver cuáles son las intervenciones que desde la misma institución se están haciendo” y que esa información “pueda ser transferible a otros organismos en un mecanismo de ida y vuelta”.