A mediados de 2021 tanto OSE como el sitio web de Presidencia e incluso el presidente Luis Lacalle Pou hicieron referencia a una información oficial que indicaba que, mediante una “histórica iniciativa privada votada por el directorio” de la empresa pública, habría una inversión de 1.000 millones de dólares para la extensión del servicio de saneamiento en localidades del interior del país.

A raíz de una propuesta presentada por un consorcio integrado por las empresas constructoras Saceem, Ciemsa, Teyma y Fast, se informó que se intervendrían 124 localidades con más de 2.000 habitantes y que el servicio, que actualmente llega a 50% de la población de centros urbanos del interior, pasaría a cubrir a 88%.

Sin embargo, según informó el diario El Observador y confirmó la diaria en diálogo con el presidente de OSE, Raúl Montero, finalmente se definió que en este período de gobierno la inversión será de 250 millones de dólares, es decir, cercana a 25% de lo previsto inicialmente. El jerarca manifestó que se trata de una “primera etapa” y que probablemente haya más, pero ya no serán en este período. Igualmente, dijo que esto no significa “abandonar la lucha” porque hay “una necesidad del interior del país de contar con el servicio”.

Montero reconoció que la idea original, surgida a raíz del proyecto de las empresas, era invertir 1.000 millones de dólares para llegar a 88%, pero luego “se siguió conversando sobre el tema” y se determinó que inicialmente se intervendrán 24 localidades y no 124. Agregó que ahora se está “pensando” en elevar el porcentaje de conexiones entre 12 y 15 puntos porcentuales, o sea, llevarlo a 62% o 65% de acá a “dos años”. El presidente de OSE afirmó que aún no está definido cuáles son los lugares en los que se va a trabajar, pero en su opinión “hay que ser equitativo territorialmente”, y esta semana elevó una propuesta a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Dado que “los ingresos” para financiar esta inversión “son las tarifas de alcantarillado que genere la propia obra más las tasas por conexión, y lo que falte tiene que ser una subvención estatal”, se decidió que OSE estaría “en condiciones de llegar a afrontar una primera etapa de 250 millones de dólares”. Sobre las dificultades para arribar al monto inicial, dijo que “las empresas tienen que salir al mercado financiero a conseguir dinero” para la inversión inicial, y OSE no pretende que lo hagan “con la garantía estatal” porque el deseo es “que el riesgo lo corran las empresas”. “Esa es parte de la lucha y por qué se acotan un poco los montos totales a encarar en forma inicial”, dijo Montero.

Igualmente, el presidente de la empresa estatal sostuvo que esta inversión de 250 millones de dólares “no es poca cosa” porque “OSE invierte 70 millones por año”, y en obras de nuevo saneamiento “puede andar en 20 o 25 millones”. “Si nosotros podemos llegar a encarar diez veces ese monto en un par de años, es muchísimo”, apuntó.

En este sentido, Montero negó que este nuevo monto de inversión se trate de “un retroceso”, término que, en su opinión, sería “injusto”. “El término más justo sería que no vamos a dar un paso tan grande, pero vamos a dar un paso muy importante para solucionar ese problema”, resumió.

Un tema de gestión

El sindicato de funcionarios de OSE aún no analizó en profundidad las novedades en torno al proyecto, pero una “primera lectura” indica “que en muchas localidades es necesario el acceso al saneamiento” y entienden que, a partir de los cambios, los lugares que se beneficiarán de las obras “van a ser ciudades que todavía no han completado” la conexión, y no las pequeñas localidades. “No van a llegar a los pueblos donde no hay saneamiento, que eso es lo preocupante”, dijo a la diaria el secretario general, Ramón Parra.

Además, el sindicato criticó que “está todo en una nebulosa”, en el sentido de que el gobierno lanzó la información inicial “para quedar bien con la ciudadanía”, a pesar de que sabía “que iba a ser muy improbable”. También dijo que la agrupación “siempre va a estar en contra” de que la obra “la gestione” un privado, y anunció que los funcionarios serán “muy celosos con esa situación”.

El tema de la gestión del saneamiento siempre fue objeto de discusión en el directorio de OSE. El representante del Frente Amplio, Edgardo Ortuño, votó en contra del proyecto inicial porque, si bien compartía “el objetivo de continuar realizando obras de saneamiento en el interior del país”, entre otras cosas “la concreción de la propuesta”, tal como estaba planteada, “supone que se le adjudicará a un consorcio privado tanto la construcción de las obras como la operación de los servicios resultantes, lo que plantea un problema de legalidad y un riesgo objetivo de privatización del servicio de saneamiento”.

Ante la novedad de la reducción de la inversión, Ortuño dijo a la diaria que “claramente la iniciativa original cayó y estamos ante otro proyecto más acorde a lo que OSE venía haciendo y puede hacer” y “hay que ver qué modelo de gestión y financiamiento plantea”. Igualmente, dijo que “ya no hablamos de un proyecto de ‘universalización del saneamiento’” y, por tanto, “hay que barajar y dar de nuevo”, en el sentido de que la principal fortaleza del proyecto, que era avanzar rápidamente en un número sustancial de conexiones, quedaría descartada. En su opinión, OSE debería abandonar la idea de la iniciativa privada y en cambio tendría que avanzar en la instrumentación de los planes de saneamiento que ya tenía previstos.

En cambio, Montero aseguró que todavía “no está del todo claro” que la gestión del saneamiento vaya a quedar en manos de las empresas, aunque sí puede pasar, como aseguró que ya sucede en algunos casos, que las plantas de tratamiento de aguas residuales sean ejecutadas “por un tiempo” por “la empresa que las hace”. “Todas las licitaciones que han salido son con un tiempo de operación por parte de la empresa”, dijo en referencia a proyectos de años anteriores, y agregó que “podemos estar prácticamente seguros” de que en este caso será igual.

Una discusión similar se da en paralelo con relación al proyecto Neptuno, que consiste en la construcción de una nueva planta potabilizadora en Arazatí, en el departamento de San José, que tomará agua del Río de la Plata para abastecer a los clientes de parte de Montevideo y el área metropolitana. Luego de elaborado el proyecto en conjunto con el consorcio, se solicitará asesoramiento financiero a la Corporación Nacional para el Desarrollo, y otro de carácter técnico a Mekorot, la compañía nacional de agua de Israel, por lo que todavía se está en etapa de estudio, aunque las autoridades prevén lanzar el llamado a interesados en junio.