El índice medio de salarios (IMS) y el índice de precios del consumo (IPC), así como su conjunción, que es el salario real o poder de compra de los trabajadores, son los indicadores del momento a nivel político y los últimos debates –antes y después de los anuncios del gobierno– tienen relación con su evolución. Por un lado, el IPC que releva la inflación viene en ascenso y presiona al salario real, que en agregado arrastra tres años de pérdida del poder adquisitivo, dos con el gobierno actual. Este combo es el motivo detrás de la decisión de adelantar parte del aumento previsto para enero de 2023 de jubilados (3%) y funcionarios públicos (2%), así como sugerir correctivos por inflación en el sector privado.

El cruce de declaraciones e interpretaciones de los actores políticos y sociales, tras zanjar que se trata de un ajuste a cuenta y no de un aumento adicional, se centró en qué consecuencias tendrán las acciones del gobierno en el salario real. El presidente Luis Lacalle Pou y otras autoridades del Ejecutivo defendieron que los porcentajes a dar en julio, sumado a lo otorgado en enero pasado (6,16% a jubilados y 7% a los públicos), cubrirá la inflación de este año, suponiendo que el IPC cierre en torno a 8% o 9%.

Sin embargo, el Frente Amplio (FA), el PIT-CNT, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas (Onajpu) no ponen el foco en la inflación futura, sino en lo ya perdido en los dos años de gobierno. Bajo ese análisis, el 2% y 3% a dar en julio no alcanza para recuperar el poder de compra perdido, mientras que en el mejor de los escenarios –así lo indicó el Instituto Cuesta Duarte– los salarios empatarán con la inflación este año. A su vez, criticaron que se trate de adelantos a cuenta del ajuste de enero próximo, algo que el gobierno no dejó claro en la conferencia de prensa del lunes.

La evolución de los precios, los salarios y el poder de compra

El IPC se ubica en los 12 meses a marzo en 9,38%, con un aumento en el primer trimestre del año de 4,42%. Se trata de una inflación mayor que la del cierre del año pasado (7,96%) y similar al número con que se culminó 2020 (9,41%). Para llegar a ver la evolución del salario real, debe observarse el IMS en cada período: 6,96% creció en los últimos 12 meses; 4,26% en los dos primeros meses del año –hay un desfasaje entre una medición y otra–; 6,28% en el acumulado de 2021 y 7,75% el año previo.

Como el IPC en todos estos períodos fue superior al IMS, surge que se produjo una pérdida del salario real. La magnitud de esa pérdida depende del período que se considere de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE): el salario real bajó 1,5% en 2020, al cerrar 2021 cayó 1,6%, mientras que la pérdida se ubica en 1,7% si tomamos los 12 meses a febrero, último dato disponible del IMS, y es de 4,4% desde que asumió el gobierno actual.

¿Qué había ocurrido previamente con el salario real? Durante 13 años hubo un crecimiento ininterrumpido (2006-2018), aunque con una tendencia en baja; hubo un pico en 2012, cuando creció 5,2%, y el último año el ascenso fue de 0,2%. Ese ciclo se cortó en 2019, cuando la caída del poder de compra fue de 0,3%, por lo que este indicador acumula ya tres años en baja. Según cifras dadas en su momento por el exministro de Trabajo y Seguridad Social Ernesto Murro, entre 2005 y 2017 el salario real creció 55%.

Asimismo, la evolución salarial tiene diferencias entre el sector público y el privado, según los datos del INE y teniendo en cuenta que el IMS muestra una realidad promedio. Al cierre de 2021 cayeron 1,3% los salarios privados y 1,9% los públicos; al finalizar el año anterior la baja fue de 2,2% y 0,2%, respectivamente, mientras que en 2019 cayeron 1% los salarios privados y crecieron 1% los públicos.

Si bien al sumar los resultados en el sector público según el INE da una caída algo mayor a 2% en el bienio, el dirigente de COFE Joselo López explicó a la diaria que la medición toma en cuenta, por ejemplo, a los trabajadores de las empresas públicas, que tienen otro esquema de remuneraciones. Para el caso de los funcionarios públicos comprendidos en COFE, señaló que la pérdida está en 6%: el ajuste de enero de 2021 fue inferior en cinco puntos porcentuales a la inflación del año previo, y el de enero de este año, un punto porcentual menos.

En el caso de los jubilados, el índice medio de salario nominal (IMSN), cuyo resultado es muy similar al IMS, determina los ajustes que tienen en enero de cada año. Entonces, si los salarios le ganan a la inflación, los pasivos ganan poder de compra, y si los salarios pierden, no. Esto último pasó en 2020 y 2021, en los que según la Onajpu se produjo una caída cercana a 4%. Al reclamo de los jubilados se suma que a mitad de cada año el Ejecutivo otorga un ajuste extra a las pasividades mínimas, una política iniciada por el FA que el actual gobierno continuó, aunque con un cambio: el porcentaje dado se descuenta del ajuste constitucional de enero. Este grupo de jubilados, unos 150.000 que cobran 15.700 pesos, recibieron según la Onajpu un aumento efectivo en enero de 4%, inferior a la evolución del IPC en tres meses.

Desde el FA, la diputada Lilián Galan publicó en Twitter un cálculo que proyecta la evolución del poder de compra hasta agosto de 2022 –cuando se registre en los indicadores el ajuste dado por el gobierno– “suponiendo que tanto el IPC como el IMS evolucionarán igual que como el promedio del año móvil [últimos 12 meses]”. Según esta proyección, se llegará al momento del ajuste con “una pérdida de 6,86%” desde marzo de 2020. La legisladora graficó que para un salario de 30.000 pesos, ese porcentaje de caída implica que “pierde 2.057 pesos de poder de compra en un mes”.

Galán agregó que “no todos los rubros” dentro la canasta de consumo sobre la que se calcula el IPC “significan lo mismo” para toda la población, ya que “los hogares de menos ingresos”, que destinan más porcentaje de su sueldo a las necesidades básicas, “sufren más los incrementos” ocurridos en estos dos años: por ejemplo, de 21,85% en alimentos y bebidas no alcohólicas, y de 21,28% en electricidad y gas.

En el caso de los trabajadores privados, tras el paso del gobierno se negociará entre sindicatos y empresarios en 88 mesas, de sectores que a mitad de 2021 habían acordado que el correctivo por inflación –que asegura a los trabajadores empatar, porque iguala el IPC efectivo del período previo– se diera al final del convenio, a mediados de 2023, como indicaban las pautas del Ejecutivo. Esto abarca a unos 300.000 trabajadores, según consignó El Observador de rubros muy variados: limpieza, estudios contables, peluquerías, inmobiliarias, despachantes de aduana, trabajadores de entidades deportivas y sociales, del agro, mayoristas e importadores, ópticas, repuestos de autos y motos, transporte de bebidas, portuarios, sanitaria, talleres mecánicos; así como la industria del cuero, vestimenta, calzado, textil y panificadoras, entre otros.

El gobierno defiende que los salarios no perderán

“En un contexto de aceleración de la inflación mundial que ha repercutido en una mayor inflación en Uruguay, el gobierno implementará medidas para mantener el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados”, comienza el comunicado que el Ejecutivo emitió el lunes de noche, luego de los anuncios del gobierno. A posteriori, las declaraciones de los distintos jerarcas se centraron en defender esa postura, es decir, que no se perderá poder de compra en 2022 y habría una recuperación si la inflación no sigue en ascenso.

Tanto en la conferencia del lunes como al hablar el martes en una rueda de prensa, Lacalle Pou reiteró lo que definió como una “cuenta de almacenero”: los ajustes dados en enero de este año más el anunciado para julio llegan en total a 9%, igual que el IPC previsto “para este año” por los analistas –la previsión oficial es 5,8%–, por lo que “no debería haber pérdida de poder adquisitivo”.

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, expresó que “la economía se reactivó muy potentemente”, lo que sumado a “una conducta fiscal muy exigente” del gobierno, permite adelantar estos aumentos de mitad de año. Sobre el conflicto con COFE, dijo que se llamará al Consejo Superior Público para “discutir cuánto fue la pérdida salarial y cómo se pagará”, manteniendo el compromiso de que no habrá caída del salario real al final del período.

Respecto del sector privado, Mieres repasó que las 88 mesas que se convocarán tenían previsto abonar a mitad de 2023 un correctivo por la diferencia entre la inflación real y la prevista, lo que generaba “una cuenta muy grande a pagar” por parte de los empresarios, y por ello se ve con buenos ojos que se adelante en parte ese ajuste salarial.

Sobre el ajuste de las jubilaciones y el reclamo de la Onajpu, se expresó el presidente del Banco de Previsión Social, Alfredo Cabrera: “El concepto de insuficiente es relativo, seguramente siempre deseamos tener mayores ingresos y jubilaciones. El punto es que se está recuperando toda la inflación que se ha producido. No termino de entender por qué se quejan cuando hay un aumento, me parece que habría que celebrar”.

La otra cuestión sobre la que respondieron las autoridades fue la advertencia de los analistas y las cámaras empresariales de que dar ahora aumentos salariales podría implicar una presión extra sobre los precios. El presidente del Banco Central del Uruguay (BCU) –organismo encargado de la política monetaria y, por ende, de controlar la inflación–, Diego Labat, dijo no tener “ninguna objeción” con los anuncios del gobierno, y que responden a “la preocupación por el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores; en esa línea creo que es una medida correcta”.

Entrevistado por radio Sarandí, Labat explicó que la suba de la tasa de interés que viene realizando el BCU como acción de política económica apunta “a que la inflación vaya a un rango de entre 3% y 6%”, pero en el “mediano plazo, el horizonte de política económica es de 24 meses”. Igualmente, aclaró que estas acciones “no actúan” sobre temas coyunturales que hacen crecer el IPC, como la guerra iniciada por Rusia o los factores climáticos.