“Esta propuesta va directamente al problema”, sostuvo el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en conferencia de prensa el lunes 18 –un día feriado, además– al anunciar los aumentos de 3% para las jubilaciones y pensiones y de 2% para el salario de los empleados públicos que comenzarán a regir a partir del primer día de julio, como un adelanto del ajuste anual que se suele hacer en enero.

Si bien es verdad que los anuncios realizados por el mandatario buscan atacar de forma directa uno de los problemas más acuciantes del país como lo es la sostenida pérdida de poder adquisitivo, estos tienen también una clara intencionalidad política; al fin y al cabo, todos los anuncios de todos los gobiernos la tienen. Flanqueado por la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche; el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, Lacalle Pou venía de reunirse con los líderes de los demás partidos de la coalición de gobierno, algunos de los cuales, en las semanas luego del referéndum del 27 de marzo, habían acercado propuestas para paliar la situación económica.

“El referéndum creó la conciencia de que el país está efectivamente partido en dos mitades, que el resultado es mucho más estrecho de lo que el gobierno pensaba”, analizó en diálogo con la diaria el politólogo Antonio Cardarello. “Cuando se hizo evidente que el escenario era de paridad, y eso lo dejó explícito [el senador Guido] Manini públicamente, cayeron en la cuenta de que hay parte de la opinión pública que no está de acuerdo, sobre todo con la gestión económica”.

Y es que si bien la ley de urgente consideración (LUC), el buque insignia del gobierno, sobrevivió al intento de derogación parcial y el propio Lacalle Pou se ocupó de anunciar de inmediato que era una “etapa superada”, el fin de la campaña abrió la cancha para que la situación de los precios y el poder adquisitivo subiera al primer lugar de la lista de temas en la agenda pública. Según el analista Diego Luján, “pasada la necesidad de mostrarse abroquelados detrás de una posición única empezaron a asomar diferencias respecto de algunos temas como la inflación o el tema salarial”, y esto trajo propuestas tanto de Cabildo Abierto (CA) como de Ciudadanos, uno de los dos sectores predominantes dentro del Partido Colorado (PC). Los primeros lo hicieron con el envío de una minuta al Poder Ejecutivo que consistía en una lista de productos de la canasta básica a los que quitarles el IVA; los segundos presentaron ocho iniciativas que iban por la misma línea que CA, pero también proponían adelantar el ajuste de los salarios. Para Luján, las propuestas “buscaban por un lado atender el problema sustantivo en sí” pero también se trata de “movimientos naturales”, ya que “sin el desafío que supuso el referéndum, el escenario empieza a mostrar diferencias lógicas respecto de los perfiles que los partidos buscan mostrar”. Cardarello coincidió con esta lectura, y recordó que “CA y el PC son los que le dan mayoría en el Parlamento; ahí hubo una presión. Además, todos están con el ojo en lo que va a ser la elección de 2024”, siempre teniendo en cuenta que en una coalición de gobierno –sea cual sea, pero en especial una que integran cinco partidos– “las cosas positivas las recoge el partido de gobierno, pero las negativas las pagan todos, las pérdidas se socializan”.

Sin embargo, a pesar de las reuniones, las propuestas y la reunión previa a la conferencia de prensa, el que salió a hablar fue el presidente junto a dos ministros y un director, y los anuncios no eran específicamente lo que había llegado a Torre Ejecutiva por parte de los socios, sino que hubo “un perfil propio del presidente en este anuncio”, una marca registrada de la comunicación del gobierno en estos dos años, opinó la politóloga Tamara Samudio. “La estrategia de comunicación política en este período de gobierno ha sido muy importante”, añadió, y al tratarse de “medidas que no van a ser implementadas inmediatamente”, la realización de la conferencia “busca dar una señal política, salir a hablar, demostrar preocupación y acción por parte de Presidencia por el aumento de la inflación” en un intento del presidente de “dar una señal, defenderse y mostrarse activo”.

No obstante, “la excesiva personalización del ejercicio del gobierno en la figura del presidente le da una primacía sobre el resto de la coalición”, sugirió Luján, pero al mismo tiempo “da libertad a los socios para cultivar perfiles diferentes”. Es decir, la presencia permanente del presidente, a veces sin dar lugar a los líderes de la coalición en los anuncios oficiales, puede ser un arma de doble filo.

Como se ha dicho hasta el cansancio, “la coalición tuvo una luna de miel más extendida” de lo esperado, más que nada por la pandemia, observó Cardarello, y aseguró que “además saben que si quieren mantener el gobierno tienen que actuar coaligados, pero a su vez tienen que separarse y competir en octubre de 2024”. El caso más paradigmático es el del líder de CA, Manini Ríos, que ha tenido el doble juego de ser parte del gobierno al tiempo que opta por elegir qué iniciativas provenientes del Poder Ejecutivo decide acompañar. En cuanto a las declaraciones públicas y el perfil que elige cultivar en relación a lo económico, según Cardarello, Manini “siempre ha intentado mostrar que CA tiene una mayor sensibilidad por los sectores más humildes o más carenciados, es una constante que expresan intentando diferenciarse”. Es así que “cuando la mano viene cambiada y las decisiones son impopulares, de alguna manera esto exonera a los socios menores de la coalición y están libres de decir ‘le presentamos al Ejecutivo estas medidas que son más abarcativas’”, acotó Luján.

Cambio de prioridades

Según Samudio, “la situación económica es la principal preocupación de los uruguayos y eso afecta el rumbo del gobierno”; las prioridades –o preocupaciones, mejor dicho– cambiaron, y lo que les parece más urgente a los uruguayos “ya no es más la seguridad, un tema en el que el gobierno tenía una impronta fuerte”, y en este sentido “se ven salidas y menciones importantes del gobierno al problema de la inflación, una señal electoral en una opinión pública que está moviéndose luego de la LUC”.

Si bien habrá que esperar a una nueva publicación de encuestas de aprobación presidencial para entender el verdadero impacto de estos anuncios, en la misma semana que se hizo la conferencia de prensa, la aprobación del presidente, según la encuestadora Equipos, bajó cinco puntos, mientras que la desaprobación subió otros cinco; es decir, una variación de diez puntos porcentuales. Eduardo Bottinelli, sociólogo y director de Factum, explicó a la diaria que desde la consultora ya identificaban ciertas variaciones cuando evaluaban la percepción popular por área de gobierno: “Una cosa era la aprobación del presidente y del gobierno en términos generales y la otra era cuando empezábamos a ver por áreas; el tema de la pandemia era muy alto, después el empleo estaba con saldo positivo, la seguridad también, pero el ingreso de los hogares, los aumentos de precios, la pobreza y las personas en situación de calle eran elementos negativos”.

Esto supuso un cambio ya que, al igual que especificó Samudio, Bottinelli señaló que “durante muchos años fue casi hegemónico el tema de la seguridad pública” pero el cambio de gobierno y la llegada de la pandemia de covid-19 viró y monopolizó la agenda pública. Pasada la pandemia, o al menos cuando esta comenzó a abandonar gradualmente la agenda, “empezaron a surgir otros temas, la inflación, el empleo; ha habido muchos más vaivenes en la gráfica que lo que veíamos antes”.

Ahora bien, ¿estas medidas mueven la aguja de la opinión pública?, ¿tienen un sesgo electoral? Para Bottinelli, “por el plazo en el que estamos, no tienen un impacto hacia 2024, y rápidamente van a quedar en el pasado”; sin embargo, el sociólogo identificó “dos temas” en este sentido. El primero, que “estas medidas ayudan a compactar un poco más a la coalición atendiendo algunas demandas”, pero claramente, si se ven las primeras manifestaciones de algunos dirigentes –Manini Ríos, por ejemplo–, “no conformaron a todos. Si bien consideraron que eran buenas, no conformaron en cuanto al alcance que tienen”.

En segunda instancia, esto fue “un primer anuncio”, una estrategia “bastante recurrente en el gobierno” de “dosificar los anuncios”; se trata más de una estrategia comunicacional y política que de otra cosa. “Si uno recorre estos dos años de gobierno encuentra una práctica de anuncios dosificados de las medidas, ya se anunció que estas medidas son una parte”, analizó Bottinelli, y recordó que “esto empezó con la quita del IVA al asado de tira, y a la semana se anunció la quita del IVA a panificados y fideos, que todavía está en discusión”, y ahora el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, anunció que se continuará con el apoyo a ollas populares y merenderos como se hizo en el punto más álgido de la pandemia. “Es más una táctica, en sí mismo esto no tiene impacto para 2024”, argumentó Bottinelli, y añadió que “no sabemos si esto va a ser recurrente, si dentro de un mes aparecen nuevas medidas”, pero sí que habrá una “presencia permanente del presidente” para comunicar “una decisión que no es política, es una decisión del gobierno, y los socios de la coalición hablan aparte en rondas de prensa”. Estos, dijo, “no tienen libertad de criticar abiertamente, pero sí tienen la libertad de opinar sobre la insuficiencia, por ejemplo, como en el caso de CA”. Bottinelli coincidió con los demás analistas en que la reunión previa a los anuncios “no fue una reunión donde se discutieron políticas, sino que fue una reunión informativa en la que se dio un intercambio de opiniones, pero no se dio una decisión conjunta de los partidos de la coalición”, sino pura y exclusivamente de un Poder Ejecutivo que debe buscar el equilibrio entre atender temas urgentes, mantener una coalición unida –que además debe votar reformas importantes este año– y continuar con la ruta de viaje trazada antes de que la elección de 2024 se le venga encima.