La Comisión Especial de Frontera con la República Argentina de la Cámara de Diputados recibió en la mañana del miércoles a autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para discutir medidas que puedan beneficiar tanto a compradores como a vendedores de ciudades cercanas a los puentes que cruzan el río Uruguay, dado que en el país vecino se manejan precios inferiores por la diferencia cambiaria.

Una de las medidas que se aplica en Uruguay en esas zonas consiste en reducir el monto del Impuesto Específico Interno (Imesi) que pagan las naftas en estaciones de servicio ubicadas en un radio máximo de 20 kilómetros de los pasos de frontera terrestre. Días atrás, el gobierno resolvió ampliar ese beneficio de 24% a 30%, restando así 23,3 pesos respecto del valor en el resto del territorio.

Esta medida puede ser tomada por el Poder Ejecutivo a raíz de una ley tributaria promulgada a fines de 2006, y los diputados oficialistas y opositores en la comisión aprovecharon la instancia con las autoridades del MEF -la delegación la encabezó el subsecretario, Alejandro Irastorza- para plantear problemas que ocurren en ciudades y pequeñas localidades que, por muy poca distancia, quedan por fuera del radio y pierden clientes.

El ejemplo más claro es Mercedes, capital de Soriano, que queda a menos de 40 kilómetros de Fray Bentos y, por tanto, 20 kilómetros por fuera del radio del beneficio fiscal. Los diputados señalaron que habitantes de Mercedes y zonas aledañas prefieren conducir hasta una estación de servicio en Fray Bentos para obtener la reducción fiscal y, de esta forma, comprar nafta más barata, lo que perjudica a los comerciantes de la capital de Soriano.

Mario Colman, diputado del Partido Nacional que participó en la reunión con autoridades del MEF, dijo a la diaria que se analizaron los impactos de la reducción del Imesi y señaló que ha sido “positivo en algunos casos y negativo en otros, porque ha generado alguna inequidad”, como la de Mercedes. Similar fue el comentario de Nicolás Viera, del Frente Amplio, quien dijo a la diaria que “es incomprensible cómo rigen rebajas para Fray Bentos y a 20 kilómetros no rige ninguna medida”.

En este sentido, los diputados consideraron necesaria una modificación legislativa que amplíe el radio pero, como eso es materia tributaria, consideran que requiere que sea iniciativa del Poder Ejecutivo, porque formalmente no puede discutirse en el Parlamento a propuesta de la comisión.

Por otro lado, también se analizaron otro tipo de medidas que se han aplicado en la frontera y que no están vinculadas a los combustibles, por ejemplo, la aplicación de la Ley 19.993, aprobada en 2021, y que, entre otras cosas, fijó la exoneración de los aportes jubilatorios patronales a pequeñas y medianas empresas que se encuentren a menos de 60 kilómetros de los pasos de frontera. Colman dijo que si bien fueron más de 1.000 las empresas que ya comenzaron a beneficiarse de esta medida, “hay un montón que no lo ha hecho”.

En este sentido, destacó que se hayan aplicado algunas medidas “paliativas” para “tratar de apoyar” a los uruguayos que compran y a los que venden, porque consideró que hay “un regadero de gente cruzando para hacer las microimportaciones” desde Argentina.

El diputado blanco señaló que hubo propuestas y contrapropuestas no sólo de los diputados sino también de los intendentes de esos departamentos fronterizos, pero que “han estado dispersas”. En la misma dirección habló Viera, quien dijo que se le presentó un “cúmulo de medidas” al MEF y que “se están haciendo esfuerzos bien orientados pero aislados”, porque están “los diputados, por un lado, el Congreso de Intendentes, por otro, el gobierno central, por otro, y no hay ningún lugar donde podamos intercambiar sobre medidas de las que seguramente nos vamos a poner rápidamente de acuerdo”.

En esta línea, la comisión definió convocar al Congreso de Intendentes y a la Dirección General del Área para Asuntos de Frontera del Ministerio de Relaciones Exteriores para futuras instancias.

Reunión en Torre Ejecutiva

Mientras tanto, los intendentes de Salto, Andrés Lima, de Paysandú, Nicolás Olivera, y de Río Negro, Omar Lafluf, se reunieron el martes con el presidente Luis Lacalle Pou y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en la Torre Ejecutiva. También motivó esta instancia la búsqueda de soluciones para el comercio en las ciudades de frontera. Si bien no se acordó ninguna medida concreta, se pactó pedir información a DGI sobre la facturación en toda la región desde que reabrieron las fronteras, a BPS para saber si aumentó la cantidad de gente en seguro de paro y a la Dirección Nacional de Migraciones sobre cuántos uruguayos han cruzado la frontera.

Una vez recabada esta información, habrá una nueva reunión entre los mismos actores para definir qué medidas aplicar. Las dos que están sobre la mesa son la de habilitar la “microimportación” y la de “exonerar aranceles”, según contó Lima a la diaria.

La primera consiste en que los “pequeños y medianos comerciantes” puedan “importar directamente” desde Argentina los productos que piensan revender en Uruguay, con el pago de una tasa. En este caso, los que perderían serían “las distribuidoras”, reconoció Lima, y dijo que si se quisiera ayudarlas, se les podría derivar parte del arancel que se cobre por la microimportación. Para el intendente de Salto, esta medida es “más sencilla” de instrumentar que la segunda, que consiste en que se eliminen todos los aranceles para la mercadería que se compre del otro lado de la frontera, lo que provocaría que los productos ingresen al mercado local “a un precio más barato” que el actual.

Para Lima, “a nivel impositivo no hay más nada que hacer”, porque aunque se elimine el IVA a los productos que se comercialicen en la zona “no somos competitivos” y, por tanto “sería un esfuerzo del gobierno que no se vería reflejado en nada porque la gente va a seguir cruzando”.