Montecon planteó al Ministerio de Transporte la posibilidad de postergar despidos por 90 días; sindicato se reúne este martes para analizar medidas

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, recibió este lunes al Sindicato de Trabajadores Portuarios y Ramas Afines (Supra) y le presentó una propuesta para destrabar el conflicto portuario, que sumó el anuncio de 150 despidos por parte de la empresa Montecon, que opera en los muelles públicos, y que denunció que debió tomar esta medida a causa del acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie, propietaria mayoritaria de Terminal Cuenca del Plata (TCP), que opera en la terminal especializada.

Mieres informó en una rueda de prensa que la propuesta incluye “un seguro de paro especial durante un año”, con un subsidio de “70% del salario” para quienes no sean rápidamente reubicados. Además, se informó que habría 127 nuevos puestos disponibles en TCP y la Administración Nacional de Puertos (ANP), y se establecería una prioridad para la contratación de los expulsados de Montecon.

El ministro informó que en la reunión se mostraron “dos notas”: una de Katoen Natie, “en la que se manifiesta el compromiso de que se van a incorporar en el plazo de un año alrededor de 77 puestos de trabajo”, y otra de la ANP, “en la que también se compromete a que en ese plazo se incorporen 50 trabajadores”. En este segundo caso, Mieres señaló que “se dice en la nota expresamente que los que hayan sido desvinculados de Montecon no van a ser sorteados, van a quedar de entrada entre las posibles vacantes”. Así las cosas, deseó que, “debido a estas propuestas, haya una satisfacción de parte de los trabajadores”.

Esta fórmula del gobierno no le cierra del todo al Supra, que buscaba una solución para los 150 funcionarios que serán despedidos o que, en cambio, hubiera un seguro de paro con 100% del salario, en el entendido de que estas expulsiones de Montecon son consecuencia del acuerdo al que arribó el gobierno con Katoen Natie. Además, el sindicato no descarta que la empresa que opera en los muelles públicos despida a más funcionarios en los próximos meses.

En la noche del lunes se sumaron más idas y vueltas al asunto: la empresa Montecon deslizó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas la posibilidad de postergar los despidos por 90 días, según informó El País y supo luego la diaria.

“Jugando a dos puntas”

Martín García, presidente del sindicato de Montecon e integrante del Secretariado Ejecutivo del Supra, comentó a la diaria que no entienden “qué es lo que pasa”, porque a las 14.00 se les hizo una propuesta y ahora el “Ministerio de Transporte sale con esto”. García manifestó que no entiende “si están distorsionando o jugando a dos puntas”.

En cuanto al planteo del MTSS, García manifestó que “no contempla todo lo que está arriba de la mesa”. Destacó que “si bien hay algo sobre los despidos y un posible seguro de paro especial”, afirmó que el gobierno “está presentando una rebaja salarial”, en el sentido de que el seguro de paro especial no contempla 100% del salario, como habían solicitado; que la propuesta de nuevos empleos en la ANP y TCP “no garantiza los puestos de trabajo que el gobierno mismo nos está quitando” por medio del acuerdo; “y ni siquiera contempla a la gente que va a seguir trabajando y le van a bajar el salario”, porque también se reducirán los jornales asegurados en Montecon.

A título personal, adelantó que la propuesta “no colma” sus expectativas, algo que comentará en una asamblea del sindicato de Montecon que tendrá lugar este martes temprano, antes de que haya una reunión del Secretariado Ejecutivo del Supra, sobre las 11.00, en la que se analizará si aceptar la propuesta del gobierno y frenar las medidas sindicales o continuar con los paros por sectores.

la diaria también consultó a Álvaro Reinaldo, secretario general del Supra, quien hizo hincapié en que, más allá de esta propuesta en concreto, para evitar que haya nuevos despidos es necesario que el gobierno acuerde con las empresas abandonar el protocolo del nuevo reglamento de atraque, que estableció la prioridad para la terminal especializada en detrimento de los muelles públicos. En cuanto al planteo de Mieres, dijo que “hay que mejorar ciertos números”, porque no es “una solución definitiva a este problema”.

Según supo la diaria en diálogo con fuentes de Katoen Natie, el gobierno le solicitó a la firma belga que actualizara el cronograma de contrataciones que tenía previsto para los próximos meses y, de ser posible, que incrementara la cifra para dar solución a más despedidos de Montecon. Estaba previsto que en los próximos diez meses TCP contratara 54 nuevos empleados, y para esta reunión la empresa informó que contratará 70 en el mismo período, y otros siete en los siguientes dos meses. A su vez, se acordó un compromiso de que los 77 ingresos que haya en los próximos 12 meses sean de exfuncionarios de Montecon.

FA: “El gobierno nunca tuvo en consideración la dimensión social”

En tanto, en la tarde del lunes, en La Huella de Seregni, la mesa política del Frente Amplio (FA) recibió a Alejandra Koch, directora de la ANP por esa fuerza política, para que informara sobre el tema, que “sigue siendo delicado”, señaló en una conferencia de prensa Fernando Pereira, presidente del FA. Dijo que “todos los análisis económicos dan que el negocio que el Estado uruguayo hizo con Katoen Natie significa transferir a la empresa 2.000 millones de dólares en esos 60 años” de duración del contrato.

A su vez, el senador del FA Charles Carrera subrayó que el contrato con la empresa belga es “la mayor entrega de soberanía de nuestra historia”, que tiene consecuencias “sobre dos o tres generaciones de uruguayos”. Agregó que la puesta a punto que les hizo Koch muestra que “hay graves irregularidades que se siguen sumando”, ya que la ANP tenía 30 días para analizar y aprobar el plan de inversión presentado por la empresa, “pero no lo hizo: fue aprobado en forma tácita”. “En ese plan de inversión ya se habla de dragar el puerto de Montevideo a más de 14 metros, una obligación imposible que asumió el Estado uruguayo, porque nosotros no podemos definir esa obligación sin consultar con Argentina, porque el Río de la Plata es administrado por una comisión binacional”, argumentó.

Carrera agregó que la empresa ya debería haber presentado el plan ejecutivo de las obras, y “no se hizo ninguna inversión”, pero Katoen Natie hoy “ya domina 80% del mercado de contenedores en el puerto de Montevideo”. Subrayó que la “consecuencia social” de esto es que “hoy ya hay 150 despidos y cientos de trabajadores que están perdiendo salario”. “El gobierno nunca tuvo en consideración la dimensión social, la dimensión del mundo del trabajo, que es este problema que tenemos. Y se carga sobre los trabajadores, que están usando la última herramienta que tienen, porque hace un año que los trabajadores vienen denunciando que esta sería una de las consecuencias”, sostuvo.

Además, Carrera informó que seguirán llevando adelante todas las acciones políticas que estén a su alcance. En ese sentido, en los próximos días los diputados del FA presentarán una demanda de anulación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo porque a la oposición se le “violentó el derecho de participación política”. “El FA tendría que haber sido convocado para definir, porque estas cuestiones deben ser definidas por ley. Pero acá se hizo todo en forma ilegal, violentando la Constitución de la República, y es absolutamente inconveniente para los intereses nacionales”, finalizó.

Luego retomó la palabra Pereira e informó que este martes a las 9.00 recibirán al Supra, ya que “está viviendo un momento complejo, con la pérdida de puestos de trabajo”, y los escucharán “con atención”, como “siempre” atienden a los sindicatos en el FA. “Asimismo, decimos que cuando los trabajadores pierden sus puestos, entendemos perfectamente que luchen, y que las amenazas de esencialidad tendrían que ser cómo mantener los puestos de trabajo de un sector que está perdiendo lugares dentro del puerto por decisiones erráticas del gobierno”, señaló el presidente del FA.

Pereira se refirió a lo planteado por el senador del Partido Nacional Sebastián da Silva, que propuso decretar la esencialidad de la actividad portuaria. Dijo que tal vez el senador blanco “no sepa, pero cuando un trabajador pierde su puesto de trabajo, pierde todo su ingreso”. “Él, probablemente, nunca haya pasado por una circunstancia de ese tipo, pero los cientos de miles de uruguayos que han pasado por una circunstancia de ese tipo no esperan una amenaza de esencialidad, sino una solución para los puestos de trabajo”, finalizó.