Los artículos 463 y 467 de la ley de urgente consideración (LUC), votada en julio de 2020, casi provocaron pérdidas millonarias -aún no cuantificadas- en materia de vivienda, al reducir el plazo de prescripción de las deudas hipotecarias de 20 a 10 años y establecer un período de dos años a partir de la entrada en vigencia de la ley para comenzar a consumar las prescripciones que estuvieran en curso.

Esto provocó que haya unas 5.000 hipotecas cercanas a prescribir, lo que supondría pérdidas de miles de dólares para el Estado, por lo que el martes el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Parlamento para que las deudas hipotecarias en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) y el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) sean extendidas por cuatro años más.

Luego de la sesión, el Frente Amplio (FA) pidió la renuncia del presidente y del vicepresidente de la ANV, Klaus Mil von Metzen (Cabildo Abierto) y Gustavo Borsari (Partido Nacional), respectivamente. A este pedido, este viernes se sumó el diputado colorado Ope Pasquet, presidente de la Cámara de Representantes, quien a través de Twitter consideró que “el episodio fue demasiado grueso como para hacer de cuenta que no pasó nada”, y que “los responsables deberían poner inmediatamente sus cargos a disposición del gobierno”. A los mensajes de rechazo por la forma en la que se trató el tema se sumaron, además, los senadores nacionalistas Jorge Gandini y Gustavo Penadés.

El pedido de renuncia se debe, sobre todo, a que se hizo público un informe elaborado por el área Jurídica de la ANV el 23 de julio de 2020, poco después de aprobada la LUC, en el que se manifestaba preocupación por entender que “la aplicación práctica de la normativa traerá aparejadas dudas”, por lo que “deberán ser objeto del estudio correspondiente o de consultas a los organismos especializados en la materia”. Sin embargo, el informe fue archivado en enero de 2021 por el entonces secretario general de la ANV, el coronel retirado Gustavo Fernández, también integrante de Cabildo Abierto (CA), que dejó el cargo semanas atrás.

En diálogo con radio Montecarlo, el senador y líder de CA, Guido Manini Ríos, dijo que sorprende “el escándalo que se ha querido hacer en torno a esto” cuando el hecho se dio “en buena parte debido a la situación del Poder Judicial, que actuó a media máquina durante la pandemia y que no permitió llegar en tiempo y forma con las notificaciones dentro del plazo de dos años que estipulaba la LUC”.

“Lo cierto es que se remitió al Parlamento un proyecto, sí, con carácter de grave y urgente, con poco tiempo de análisis, pero a tiempo, y no se le generó un solo peso de pérdida al Estado porque fue perfectamente a tiempo”, añadió Manini, e indicó que le “llama la atención” que “se rasguen las vestiduras los que no dijeron nada cuando sí se perdieron decenas o centenares de millones de dólares en aventuras económicas increíbles en el período anterior”.

Por su parte, el diputado cabildante Álvaro Perrone dijo a la diaria que, si bien no han han hablado “con las autoridades de la ANV”, entienden que se trata de un tema que “solucionado”.

“No entendemos el pedido de renuncia que hizo Ope Pasquet, yo creo que es muy excesivo eso. Se quiere magnificar algo donde no hubo ningún tipo de daño, yo lo que les decía es que debemos analizar lugares del Estado donde se están cometiendo actos que terminan perjudicando a los uruguayos”, añadió Perrone, y sostuvo que “el FA dice un montón de cosas que están muy alejadas de la realidad”, y que por eso tendrán “que conversar con las autoridades de la ANV para saber cómo se dieron los pasos”.