Conrado Ramos: “No vamos a poder hacer las reestructuras de todos los ministerios; seleccionaremos algunos”

Disminuir la cantidad de días de licencia por enfermedad que se toman los funcionarios públicos, reestructurar los ministerios para redistribuir aquellos cargos que se consideren excedentes y concretar la llamada “reforma del Estado”. Estos son los tres grandes objetivos que se propuso para el período la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), dirigida por Conrado Ramos, del Partido Independiente (PI), quien había buscado implementar cambios de este tipo cuando fue subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en parte de los dos primeros gobiernos del Frente Amplio. En aquella oportunidad, en agosto de 2010 renunció al ver que el tema no avanzaba.

Con la actual administración llegando a la mitad del período, más allá de que la discusión sobre las tres medidas ya está en marcha, hasta el momento ninguna se aplicó. Y, en palabras de Ramos, las reestructuras de los ministerios y la reforma del Estado, si se concretan antes de culminar el quinquenio, serán parciales.

En junio, el Poder Ejecutivo fijó los criterios técnicos y un plazo de un año para que los ministerios presenten un plan para una reestructura en lo organizacional y en los puestos de trabajo, tal como mandata el artículo 8 de la Ley de Presupuesto de 2020. El proyecto de Rendición de Cuentas actualmente en discusión en la Cámara de Diputados establece una modificación al artículo original aprobado en el Presupuesto: ya no dice que los ministerios “deberán” presentar sus planes, sino que “podrán” hacerlo.

En diálogo con la diaria, Ramos señaló: “No vamos a poder hacer las reestructuras de todos los ministerios; seleccionaremos algunos”. Agregó que “se viene avanzando bastante por la necesidad acuciante” de algunas secretarías de Estado como Ganadería, Agricultura y Pesca –en la que buena parte de los funcionarios están cercanos al retiro–, pero que “no se va a poder completar” la “ambición inicial” de la Ley de Presupuesto “de trabajar con todos”.

A su vez, Ramos manifestó que el reciente decreto que da pie a las reestructuras “se demoró”, entre otros factores, por la pandemia y la discusión sobre la ley de urgente consideración. Finalmente se aprobó tras un trabajo en conjunto de la ONSC, la OPP y el Ministerio de Economía y Finanzas. El dirigente del PI aceptó que el decreto “no pasó por la negociación colectiva, cosa que sí tiene que pasar”, como reclamó la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE). Por eso en las próximas semanas se conformará una mesa de trabajo que sumará al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al sindicato.

La discusión sobre la reforma del Estado

En tanto, volvió a quedar por fuera del proyecto de Rendición de Cuentas la denominada “reforma del Estado”, que, tal como lo establece la Ley de Presupuesto, refiere a un nuevo sistema escalafonario basado en ocupaciones –que compense por igual a quienes realizan las mismas tareas, más allá de que lo hagan en organismos diferentes– y que se asegure a cada funcionario el derecho al ascenso.

Ramos manifestó que en las próximas semanas, en la comisión formada, que incluirá a COFE, comenzarán a discutirse los detalles de esta reforma. La idea es ver “si es posible incorporarla en la Rendición de Cuentas del año que viene”. Para eso es necesario “tener la estructura de cargos y línea salarial” y establecer “qué migraciones se podrían hacer en 2024”, es decir, en qué organismos podría comenzar a aplicarse este sistema, dijo el jerarca. “No podría afirmar que estuviésemos en condiciones de migrar todo”, sostuvo, y agregó que la “intención” es “por lo menos migrar algo”. No obstante, celebró que este tema se haya puesto en discusión y resaltó que el debate debería ser “amplio” si se quiere que la reforma “sea sostenible en el tiempo y que sea una política de Estado”.

Pero la solución del tema no pasa solamente por una cuestión de tiempo, sino de acuerdos. El dirigente de COFE José Lorenzo López dijo a la diaria que hasta el momento no recibieron la invitación a participar en la mesa de diálogo con las autoridades y recordó que el sindicato presentó un recurso administrativo contra el decreto aprobado por el gobierno “por no haber sido negociado colectivamente” y porque la agrupación de trabajadores tiene “muchos reparos” con lo que se pretende implementar.

Con respecto al cambio introducido en el proyecto de Rendición de Cuentas, el dirigente sindical señaló que, de aprobarse, “no obliga” a los ministerios a presentar un diseño de reestructura, pero el decreto vigente “establece plazos de hasta un año para hacerlo y obliga”. “El objetivo nuestro es, por lo menos, frenar el decreto hasta ver qué es lo que pasa en la Rendición de Cuentas, porque hay una clara contradicción ahí”, dijo López, quien opinó que hay “un relajo bárbaro” en este tema.

COFE opina que “hay que hacer las dos cosas”

López afirmó que para COFE “hay que hacer las dos cosas: reestructurar los ministerios y desarrollar las carreras administrativas”, pero “el problema es que para eso se necesita una inversión” que hoy no se anuncia. Sin el dinero necesario, afirmó el sindicalista, los cambios en las carreras administrativas, “lejos de ser un incentivo para los trabajadores”, terminarán “operando como un techo”, porque los salarios más altos se verán congelados por determinado tiempo, ya que se establecerá una escala salarial con un tope máximo. En esta línea, López dijo sobre Ramos: “Él hizo una escala salarial con la plata que le dieron, no con la que necesita”.

“Siempre hemos reivindicado la posibilidad de tener una carrera administrativa para poder terminar con todo el clientelismo político y amiguismo que hay en el Estado, que campea por todos lados, con todas las administraciones”, dijo. Agregó que esto implica, por lo menos, elevar los límites máximos de las escalas salariales para que ningún trabajador pierda el incentivo del ascenso.

“El problema es que eso hay que hacerlo con guita, y como hay una política de ajuste que ajusta por los trabajadores, el que está atado de manos y pies es el propio Conrado Ramos”, aseguró. No obstante, luego apuntó que “el problema más grande que tiene Ramos no es COFE sino los propios ministros que no quieren perder esa discrecionalidad que tienen”.

Debate sobre las certificaciones médicas

El tema que sí logró llegar al Parlamento para su debate final es el de las certificaciones médicas. El gobierno busca limitar la cantidad de veces que los funcionarios públicos faltan a sus trabajos, bajo el entendido de que hay un abuso, y para eso propuso diversas modificaciones legales. El proyecto de Rendición de Cuentas establece que los funcionarios públicos no tendrán derecho a percibir retribución por hasta tres días desde el comienzo de la enfermedad y que a partir del cuarto día, hasta su reintegro, percibirán 75%. De este régimen quedan exceptuadas las inasistencias por accidentes laborales o enfermedades vinculadas al embarazo, por las que se percibirá 100% del sueldo. Pero, además, todos los funcionarios dispondrán de algunos días de licencia “para cubrir períodos de inasistencia por enfermedad”; es decir, un margen de días en los que podrán cobrar la totalidad del salario en caso de no trabajar por recomendación médica, que se acumularía en el tiempo si no se usan.

Ramos señaló que “el promedio de certificaciones es de 32 días” en el Estado, aunque “desvirtúa esa cifra el hecho de que en algunos organismos son muy altas las certificaciones”, como en la Administración Nacional de Educación Pública, la Administración de los Servicios de Salud del Estado y el Ministerio del Interior. “Actualmente no se descuenta a nadie nada, se paga absolutamente todo, lo que genera una situación de inequidad muy grande con el sector privado”, dijo, y justificó los descuentos que propone este proyecto de ley. Además, señaló que al no haber descuentos por inasistencia por enfermedad no existe “un sistema de incentivos a no faltar”. Según el director de la ONSC, hasta ahora hubo “un uso indebido de las certificaciones médicas” en el sector público.

Este cambio es cuestionado por la oposición, que coincide en que “hay un problema”, pero no en la solución. Días atrás, en una rueda de prensa, la diputada del Frente Amplio Bettiana Díaz dijo que Ramos “ha sido incapaz” desde que empezó el gobierno “de traer una propuesta alternativa que no sea esta, que es penalizar a los trabajadores y trabajadoras”. “Son más o menos un millón de días que paga el Estado por certificación médica en la Administración Central; 800.000 son del Ministerio del Interior, es decir, estamos teniendo un problema con las certificaciones en la Policía. A mí me cuesta creer que se piense que la Policía son aquellos trabajadores y trabajadoras que están de vivos”, señaló. Luego apuntó que esas faltas están vinculadas a “las condiciones de trabajo”.