“Yo diría que si hay una palabra que la define es la responsabilidad”, analiza, en referencia al papel de la oposición en la crisis de 2002, el actual senador de Asamblea Uruguay y exministro de Economía y Finanzas Danilo Astori, en entrevista con la diaria, 20 años después. El exvicepresidente de la República considera ahora que el Frente Amplio (FA) “hizo sus críticas, votó en contra por lo general y simultáneamente adoptó esa actitud responsable que lo caracterizaría como una actitud republicana y democrática”.
La visión de Astori sobre el rol que cumplió el entonces Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) en una de las mayores crisis financiera y social que vivió Uruguay es compartida y debatida en filas frenteamplistas hasta la actualidad, y también tenía detractores y defensores en el escenario de la crisis. Como surge de la prensa de la época y de los testimonios de algunos referentes políticos, los matices a la hora de pensar las estrategias para afrontar la crisis y llegar a las elecciones de 2004 como una alternativa consolidada marcaron la agenda de la oposición a lo largo de 2002.
El senador suplente en esa época y posteriormente secretario del Partido Comunista del Uruguay (PCU) Eduardo Lorier, por ejemplo, es de la postura de que el FA debió hacer “una renegociación mucho más poderosa y fuerte”, respaldada “en el mismo pueblo”. Aseguró que esto no “quiere decir irresponsabilidad”, porque no es “de aquellos que creen en lo blanco y negro”. “Tuvimos que ganar el gobierno y esperar mucho. Apelando a la movilización creo que perfectamente podríamos haber adelantado los tiempos para destinar una parte sustantiva de recursos a evitar que esas cicatrices se siguieran profundizando”, evaluó en conversación con la diaria.
Ya en enero comenzaron las primeras movilizaciones en reclamo de medidas para evitar una crisis como la que vivió Argentina en 2001: la emblemática movilización del PIT-CNT hacia Punta del Este –que finalmente no pudo ser y terminó en Maldonado– contó con el apoyo de la Mesa Política del FA, que había comenzado a estudiar las posibles repercusiones de la crisis en el país vecino. Ya entonces se manejó el pedido de destitución de quien era el ministro de Economía, Alberto Bensión –por parte de la Corriente de Izquierda–, pero el planteo quedó en pausa.
Entre febrero y mayo el Poder Ejecutivo impulsó dos ajustes fiscales que generaron resistencia en la oposición, pero también dentro de la coalición blanquicolorada. Como consignaba Brecha en su edición del 17 de mayo, el entonces presidente del EP-FA, Tabaré Vázquez, “enfatizó su total ajenidad y rechazo a la propuesta de ajuste y anunció que se ‘inicia una etapa de confrontación’, porque Batlle se ha puesto ‘contra los trabajadores, contra el pueblo y contra los sectores productivos’”.
En el Senado, el segundo ajuste se aprobó sin los votos de los senadores blancos Carlos Garat y Jorge Larrañaga. En esa ocasión, Larrañaga “acusó al ministro de Economía, Alberto Bensión, de haber inducido al error a su partido y al país cuando anunció que el ajuste de febrero sería suficiente para equilibrar las cuentas, y afirmó que ‘tendría que irse’ porque ‘ya no goza de la confianza del PN’”, informó Brecha. El 11 de julio Bensión fue interpelado por el frenteamplista Alberto Couriel, y el 22 de julio el presidente del PN, Luis Alberto Lacalle, anunció que su colectividad había decidido el alejamiento de Bensión. Esa misma noche Batlle dispuso su relevo, y al día siguiente informó que lo sustituiría el entonces senador quincista Alejandro Atchugarry.
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Punto de inflexión: la ley de fortalecimiento del sistema bancario
El 30 de julio se decretó el feriado bancario, que implicaba la suspensión de las actividades de los bancos con el fin de evitar el retiro de depósitos, y marcó un antes y un después en el transcurso de la crisis financiera. Al respecto, el exministro de Defensa y actual senador suplente de la Vertiente Artiguista (VA) José Bayardi consideró en diálogo con la diaria que julio y los primeros días de agosto de ese año marcaron un “punto de inflexión” que tuvo como punto cúlmine la sanción de la ley de fortalecimiento del sistema financiero para conseguir un préstamo puente de Estados Unidos por 1.500 millones de dólares.
La oposición debatió internamente qué posición adoptar respecto de esta iniciativa y las diferencias pronto se hicieron públicas: mientras que la postura más consensuada era rechazar el proyecto, Asamblea Uruguay (AU) consideraba que había que acompañarlo. Si bien finalmente el EP-FA votó en bloque en rechazo al proyecto, algunas figuras de relevancia, como el entonces senador Danilo Astori y el expresidente de la fuerza de izquierda, Liber Seregni, resolvieron no ocultar sus diferencias con la decisión y se ganaron el reproche del propio Vázquez.
Tabaré Vázquez y Jorge Brovetto, recolectando firmas contra la privatización de ANCAP (archivo, octubre de 2002).
Foto: Sandro Pereyra
En su edición del 8 de agosto, La República informó que el presidente del EP-FA “criticó la postura indigna de quienes se creen ‘iluminados, indispensables o infalibles’” dentro de su coalición e “incluso planteó la posibilidad de que su conducta sea juzgada en los organismos frentistas”. Esto se debió a que el líder de AU votó en contra del proyecto pero al fundamentar su voto en la cámara alta confesó que compartía la iniciativa del Poder Ejecutivo, lo que provocó “el enojo” de Vázquez, quien “aseguró que ‘la presidencia del FA no tiene la vocación absolutista de Luis XIV, pero tampoco tiene vocación de director de comparsa’”, citó el matutino.
Bayardi explicó a la diaria que el principal fundamento para no respaldar la ley era no “cubrir los errores” del gobierno “en la década del 90” en materia política y financiera. Sin embargo, resaltó la “lógica de responsabilidad institucional” que adoptó el FA al permitir que se votara el proyecto antes de discutirlo, algo que marcó un precedente histórico. Bayardi explicó que el “discurso” del gobierno en ese momento era que “apremiaban los plazos” para “poder recibir el préstamo puente que venía de Estados Unidos”, por lo cual “ese fin de semana, del 3 y 4 de agosto, se resuelve votar el proyecto de ley antes que fundamentarlo”.
Entre la crítica y la responsabilidad
La forma en que se dio la votación del préstamo de Estados Unidos y la discusión que generó en el seno del EP-FA profundizó algunos matices en la interna de la izquierda, que pronto trascendieron a la esfera pública. Vázquez dijo sentirse “muy dolorido” por la actitud de “algunos compañeros” de salir a explicar públicamente “la posición minoritaria” y pidió cumplir los acuerdos políticos. Según describió La República en su edición del 14 de agosto, “levantando su voz y golpeando el puño derecho sobre la mesa, el presidente del EP-FA dijo que a todos los frenteamplistas, una vez que han expresado su discrepancia, les quedan dos opciones: ‘hacer silencio o retirarse del EP-FA. Al que no le gusta el compromiso que se vaya’”.
“La responsabilidad no significa ocultar las diferencias. El FA las planteó permanentemente. Responsabilidad significa no fomentar actitudes de desborde frente a esas consecuencias, y eso fue lo que hizo el Frente, y lo hizo bien, aun cuando tuvo diferencias internas, que se resolvieron democráticamente”, reflexionó Astori en diálogo con la diaria. El actual senador de AU afirmó que “la postura que defendió la oposición frenteamplista fue la mayoría que se obtuvo en la discusión interna, pero había matices; diferencias importantes”.
Estos matices que menciona Astori se pusieron sobre la mesa en distintas instancias orgánicas a lo largo de 2002; una de ellas fue el Plenario Nacional del 18 de agosto, en el cual el FA resolvió ir hacia una línea más opositora. El “carácter más opositor” se vinculaba directamente con “minimizar la vía de diálogo con el gobierno”, señalaba La República al día siguiente. En el marco de ese plenario, el vicepresidente del FA, Jorge Brovetto, afirmó que “es necesario hacer todo lo posible por debilitar esta política económica [del gobierno], lo que no quiere decir debilitar la institucionalidad”.
El default
Argentina se había declarado en default y había cesado el pago de la deuda externa. En el FA, como en otras discusiones de la época, había distintas visiones sobre el camino que debía tomar Uruguay. Vázquez dijo en una entrevista al programa En Perspectiva en marzo que el país no estaba “en condiciones de enfrentar la deuda externa” y opinó que ya se estaba “viviendo un default”, según consignó El Observador en setiembre de 2018.
Las declaraciones del presidente del FA fueron tomadas posteriormente por dirigentes del Partido Colorado y el PN para recalcar que en la oposición no había una posición uniforme sobre el tema y que el líder del partido se había mostrado proclive a adoptar los pasos del país de la vecina orilla.
Astori recuerda esa discusión a la interna del FA y explica por qué siempre mantuvo que no era la mejor opción para el país: “A mí me pareció y me sigue pareciendo que la historia lo demostró. Uruguay optó por la negociación por el acuerdo con los acreedores y la verdad es que salió bien después de esa decisión, yo estoy de acuerdo con esa postura y sigo creyendo que es la que Uruguay debió haber adoptado en ese momento”.
Gobierno de salvación nacional o apoyo institucional
En un escenario de crisis social, la oposición comenzó a considerar distintas posibilidades de acción, en general alineadas con la ideología e idiosincrasia de cada sector. La República daba cuenta de este dilema en una nota del 7 de agosto en la que consignaba que la estrategia para “moverse en el nuevo escenario creado a partir de la crisis financiera y social que divide a la izquierda”, incluso dentro de las subcoaliciones, como el Espacio 90, “donde no acuerdan en el llamado a elecciones anticipadas o un gobierno de salvación nacional”.
La República informaba que el Partido Socialista, “en un escenario de posible debilitamiento de la coalición de gobierno e inflexibilidad en la conducción económica”, no descartaba “promover mecanismos institucionales para provocar la caída de todo el gabinete ministerial e incluso el relevo del presidente, ya sea motu proprio o por normas constitucionales”. La idea de impulsar un “gobierno de salvación nacional” fue considerada también en el Movimiento de Participación Popular (MPP), el PCU, el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y el Movimiento 26 de Marzo (26M), pero sólo la Corriente de Izquierda mantuvo con firmeza ese planteo, que fue perdiendo fuerza en los otros sectores con el transcurso de los meses.
Por su parte, AU postulaba que la mejor opción era acompañar al gobierno de Batlle para salir de la crisis sin profundizar la inestabilidad. En entrevista con la diaria, Astori defendió la posición que adoptó en ese momento: “A mí me pareció que eso que hemos llamado ‘oposición responsable’ incluía un apoyo al gobierno”, sostuvo, y agregó que por esa razón no estuvo “de acuerdo con una convocatoria a un gobierno alternativo, porque en momentos difíciles como los que se estaban viviendo lo importante era, más que plantear medidas de sustitución o alternativas, tratar de apoyar el camino que el gobierno había decidido”.
El actual senador suplente de VA José Bayardi recordó en diálogo con la diaria que en ese momento incluso dentro del gobierno de coalición había quienes promovían la salida del presidente y su relevo con el vicepresidente, Luis Hierro López, lo cual a su entender era “un disparate” porque “no hubiera arreglado nada”.
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El juicio político que no fue
El debate sobre un juicio político a Batlle estaba instalado en la interna del FA. Durante el Plenario Nacional del 16 de agosto se aprobó un documento consensuado por la mayoría de los sectores –no contó con los votos de Corriente de Izquierda y Unión Frenteamplista, liderada por Hugo Cores–, que logró amalgamar las diferentes posturas que existían. Por un lado, el documento implicó “que AU abdicara de su postura favorable a apoyar al actual gobierno para evitar su aislamiento y una eventual crisis política si continuaran deteriorándose los indicadores sociales, económicos y financieros. Pero también que el MPP, PCU (que pinta muros pidiendo que Batlle se vaya) y otros grupos como la Corriente Popular dejaran de lado su planteo de trabajar sobre la hipótesis de un escenario con elecciones anticipadas”, informaba una nota de esa fecha de La República.
Marcha del PIT-CNT a Punta del Este (archivo, enero de 2002).
Foto: Sandro Pereyra
A fines de agosto, Vázquez, en una gira por Colonia, sostuvo que “no existe legalmente ninguna posibilidad” de convocar a elecciones anticipadas, y que su partido seguiría hasta el fin del mandato “tratando de que el presidente cambie de rumbo, por el bien de toda la sociedad”. Si bien calificó al gobierno de “agotado”, advirtió que en “el Poder Ejecutivo no hay poder de recambio adelantado, salvo por renuncia o enfermedad grave”, según consignó el medio citado el 31 de ese mes.
El 4 de noviembre se realizó una reunión de la dirigencia del EP-FA, liderada por Vázquez. Según una nota del semanario Brecha del 8 de noviembre, allí se analizaron diversas decisiones que había adoptado el equipo económico del gobierno y, luego de escuchar a los legisladores, el presidente del FA dio su visto bueno sobre avanzar en una estrategia de juicio político.
Días después, el 9 de noviembre, se realizó un Plenario Nacional para definir la estrategia del FA hacia las elecciones de 2004, pero la posibilidad de llevar adelante un juicio político no se discutió. Una nota sobre esa jornada de La República recordaba que los socialistas eran afines a “promover la destitución del gabinete ministerial y la realización de elecciones parlamentarias anticipadas, esbozando la posibilidad de que se creara un vacío de poder con la renuncia del presidente de la República incluida, aunque no hicieron planteos públicos con tanto énfasis como los otros sectores”, en referencia al PCU y el MPP. Sin embargo, el secretario general del Partido Socialista, Roberto Conde, adelantó a ese medio que su sector no plantearía el juicio político.
El principal promotor de la iniciativa era el sector Corriente de Izquierda, que entendía que se debía impulsar la destitución de Batlle y adelantar las elecciones, y mantuvo su posición inamovible durante esos meses. Durante el plenario, el líder de la coalición de izquierda, sin referirse explícitamente a la intención de llevar adelante un juicio político, dio por finalizada la discusión y reafirmó el apoyo a Batlle. “Que seamos oposición al gobierno no significa que estemos en su acoso y desestabilización”, dijo Vázquez, y agregó: “Nosotros no queremos –ni siquiera por conveniencia electoral– que al gobierno le vaya mal, porque cuando a un gobierno le va mal al país le va peor”, según consignó La República el 10 de noviembre.
La mirada de Hierro López sobre el FA
Hierro López, por entonces vicepresidente de la República, contó a la diaria que con la oposición había dos planos de negociación. “Las negociaciones que se hacían en Suárez fueron presididas por el propio Batlle y con los líderes partidarios [Julio] Sanguinetti, Lacalle Herrera y Vázquez. Eran negociaciones de nivel donde Vázquez se mantenía muy reticente. No comprometía ningún apoyo ni ninguna negativa, se mantenía distante”, apuntó.
En el Senado, Hierro López recuerda que el FA, en particular los legisladores que tenían conocimiento económico, “no sólo apoyaban los proyectos sino que los corredactaban. Había artículos de la ley bancaria redactados por Astori. Tenía una gran precisión y, ojo, una ley siempre tiene que ser precisa”.
En general, consideró que había una actitud de cooperación de todo el sistema político. “Yo creo que cuando el país está al borde del abismo, los partidos tienen que dejar de lado sus diferencias sectoriales y tienen que trabajar con espíritu patriótico y unitario. Yo sentía esos días, presidiendo el Senado, con orgullo, que había un sentimiento patriótico por encima de nuestras preferencias”.
¿Hacia el 2004?
Desde los últimos comicios el FA transitaba un proceso de acumulación electoral: en 1989 obtuvo 20% de los votos y en 1994 alcanzó 29% de las adhesiones. En 1999, con el balotaje ya instalado, el FA ganó en primera vuelta con Vázquez como candidato (40,1%), mientras que Batlle obtuvo 32,8% de los votos y Luis Alberto Lacalle, 22,3%. En la segunda vuelta, el candidato de la coalición de izquierda obtuvo 45,8% de los votos y fue superado por Batlle, que obtuvo la banda presidencial con 54,1%.
Las elecciones de 1999 habían dejado bien posicionada a la fuerza política de izquierda, que cinco años más tarde llegó por primera vez al gobierno. ¿Cuánto peso tuvo la crisis de 2002 en el triunfo electoral? Los protagonistas de aquella época no descartan que haya incidido, pero también consideran que hubo otros elementos que explican el resultado de las elecciones de 2004.
Bayardi señaló: “El FA venía con un proceso de acumulación creciente y obviamente caminábamos hacia que se siguiera creciendo. Que este haya sido un catalizador que haya aumentado la velocidad de crecimiento es probable, pero te diría que en ese momento lo que más estaba presente era el tema de la institucionalidad: ‘Tenemos que llegar a que haya elecciones’”.
Astori vuelve a la idea de la responsabilidad con la que actuó el FA, y si bien entiende que la coalición de izquierda se preparó para la elección de 2004, opinó que “no hizo predominar esa conducta electoral sobre las posturas a defender ante la crisis”. “Obviamente el Frente quería ganar la elección y trató de hacerlo posible por convocar a las mayorías necesarias para lograrlo, sin duda, pero me parece que en ningún momento hizo predominar su interés electoral”, sostuvo.
Lorier, en tanto, cuestionó la dilatación de “medidas extraordinarias” que se debían tomar con la “mayor de las urgencias” para atender la situación social, y señaló que, a su entender, recién en 2005, con la creación del Ministerio de Desarrollo Social, se empezó a atender la crisis social, mientras que “la urgencia era para mucho antes; de ahí nosotros sentíamos la necesidad de adoptar medidas que no las iba a adoptar la presidencia de Batlle”, puntualizó.